Los controles dentro de la Unidad 45 de Melchor Romero quedaron, desde la noche del último domingo, en el centro de la polémica. Adriana Cruz, la mujer acusada de matar a su hijo de 6 años en una vivienda del exclusivo country San Eliseo de Presidente Perón, el 20 de marzo pasado, estaba aislada en una celda, precisamente por razones de seguridad, y si bien no había un monitoreo de la detenida por circuito cerrado de televisión, como aseguraron ayer a EL DIA calificadas fuentes judiciales, «sí existía un protocolo especial de intervención por la gravedad del caso».

Según los voceros consultados por este diario, ese protocolo establecía que «personal penitenciario, cada 20 minutos, debía presentarse en el calabozo de Cruz y chequear las condiciones en que se encontraba».

Sin embargo, en un intervalo entre esas inspecciones, la mujer se dirigió hasta el baño y, utilizando presuntamente un corpiño de lycra, que ató a su cuello, «se colgó de un ventiluz y se dejó caer», relató una persona con acceso al expediente.

Instantes después, agentes del establecimiento carcelario, ubicado en las calles 520 y 176, se percataron de lo ocurrido y la trasladaron de urgencia al hospital Alejandro Korn, donde en horas de la madrugada de ayer se produjo su deceso (ver pág. 22).

A partir de lo ocurrido, tanto a nivel administrativo como judicial, se inició una investigación para determinar si hubo fallas en los controles dentro de la cárcel o, en otras palabras, «una violación al deber de cuidado», explicó un informante.

INTERROGANTES

Cómo pudo atentar contra su vida una mujer con antecedentes psiquiátricos, que había sido alojada en un establecimiento especializado en la contención de internos con ese tipo de patologías, es uno de los interrogantes que ahora se formulan los pesquisas.

Ayer, el fiscal Tomás Moran, quien trata de determinar las circunstancias en que se desencadenó la muerte de Cruz, recorrió la Unidad 45 de Melchor Romero, en especial el sector donde se registró el terrible incidente, y se contactó con su director, el inspector mayor Mario Vargas, para saber si se tomaron medidas para salvaguardar la vida de la mujer.

Si bien la hipótesis principal apunta a un suicidio, por el momento las actuaciones quedaron caratuladas como «averiguación de causales de muerte». Y hasta no se descarta que empleados de la Unidad 45 sean citados a declarar en los próximos días.

PEDIDO DE LA DEFENSA

El defensor oficial que representaba a Cruz, aseguró ayer que había solicitado a la Justicia que mantuvieran «cuidados intensivos» de la imputada «para evitar este tipo de situaciones».

Sin embargo, una fuente de tribunales indicó que «no es competencia de los magistrados resguardar la vida de los detenidos. Esa es una obligación ineludible del Estado Provincial».

Para Stassi «no se resguardó debidamente» a la imputada y cuestionó la «sobreexposición innecesaria del caso».

«Desde el momento en que Cruz fue aprehendida, tanto el personal médico de San Vicente como los peritos oficiales recomendaron que debía haber cuidados intensivos, ya que había claras intenciones suicidas», dijo el defensor.

«Por eso se solicitó la internación de Cruz en una unidad donde pudiera tener la asistencia psiquiátrica necesaria, para prevenir cualquier acto de estas características», aclaró.

Ante esta situación, se solicitó que Cruz fuera alojada sola en una celda de la Unidad Penitenciaria 45 de Melchor Romero.

Finalmente, el defensor oficial explicó que, a su criterio, «no se había resguardado debidamente a la persona que por el momento seguía siendo inocente. Había una sobreexposición innecesaria».

Fuente: http://www.eldia.com.ar/edis/20120417/investigan-si-hubo-fallas-controles-carcel-policiales21.htm