Dos temas de la semana que se fue que muestran caras contrapuestas: por un lado, el Estado cumple con la exoneración de exfuncionarios de segunda línea que cometieron delitos; por otro, se tiende a la impunidad política del descontrol en el IPAV y del Caso Sofía Viale.

Durante la semana que se fue, y con un inconcebible retardo, se conoció que finalmente el Poder Ejecutivo Provincial concretó lo que exige la ley respecto de los empleados de la administración pública que cometen una falta grave en ejercicio de su función.

A raíz de un decreto que firmó el gobernador Oscar Mario Jorge, entonces, fueron exonerados los exfuncionarios Sergio David y Rubén Naval, que conservaban sus empleos aún cuando habían sido condenados por el Poder Judicial.

David, docente, había sido sentenciado por enriquecimiento ilícito y recuperó su libertad condicional en los primeros días de este año (la investigación comenzó cuando se puso bajo la lupa una red de fundaciones privilegiadas y en ese caso había funcionarios más importantes involucrados, que por ahora vienen zafando).

Naval, contador, estuvo involucrado en el caso de la monumental corrupción en el IPAV (quedó acusado de aceptación de dádvas porque parte de su sueldo lo pagaban el organismo y los funcionarios a los que teóricamente tenía que controlar).

En realidad el Estado se limitó, en este caso, a cumplimentar lo que establece la legislación, e incluso lo hizo con demora.

Otra opción que tiene el Ejecutivo, si quisiera perseguir justicia real, es hacer el intento de recuperar los dineros que salieron ilegítimamente de sus arcas, pero en general ha predominado la pereza antes que la diligencia en las áreas encargadas de ese cometido.

Suele confundirse esa tarea -recuperar el dinero que fue malhabido- con la multa que se le aplica a los condenados por enriquecimiento ilícito: se trata de dos aspectos diferentes, que de ningún modo se inhabilitan uno al otro.

Respecto de ese punto (perseguir justicia para recuperar la plata que era de los ciudadanos) tampoco puede caerse, desde ya, sobre los técnicos, puesto que hacer el intento de recuperar ese dinero despilfarrado en la corrupción depende antes que nada de una voluntad política.

No puede ignorarse, por otra parte, que David y Naval están pagando ahora no sólo por los delitos en que quedaron involucrados, sino también por la desprotección política en que cayeron con el cambio de escenario y circunstancias.

A nadie se le hubiera ocurrido que estas mismas decisiones se hubieran tomado en un contexto en el que los condenados fueran parte del gobierno (durante el marinismo, el gobernador sobreactuaba cualquier respaldo a los imputados de hechos de corrupción).

Cuando David y Naval cometieron las irregularidades reinaba el poder político del marinismo, que si bien no puede de ningún modo decirse que ha sufrido reformas esenciales (gobierna el mismo partido político, con unas cuantas caras similares, y a la cabeza de un “ahijado” del exgobernador), sí ha ido mutando en cuanto a los personajes que lo representan y el modo en que se reparte la torta del poder.

David y Naval no dejan de ser pequeños engranajes de una cadena mucho más grande y de un sistema con referentes que dejaron hacer, o que incluso estimularon la corrupción con sus discursos y conductas, en esa década infame en que la provincia padeció sus peores índices de desocupación y pobreza, mientras una suerte de clase privilegiada -integrada por una buena porción del funcionariaje- pegaba un inusitado salto patrimonial.

…y una de arena

Un par de ejemplos de que la impunidad parece garantizada para los más altos representantes de esa época se patentizaron justamente durante la semana que se fue: por un lado, el Poder Judicial no encontró responsables del descontrol que reinó en el IPAV de los ‘90; por otro, es prácticamente un hecho que el procurador general Mario Bongianino zafará de las acusaciones que sobre él pesan por el Caso Sofía Viale.

En ambos episodios, no sólo se garantizó que hay funcionarios o exfuncionarios intocables, sino -fundamentalmente- que los hechos se pierden en el olvido y que las instituciones encargadas de brindar justicia tienen un comportamiento al menos incoherente.

Natalio Perés, responsable del Tribunal de Cuentas marinista, llegó a juicio oral y público acusado por las mismas pruebas que después el fiscal Fernando Rivarola utilizó para pedir su absolución: puede no quedar claro qué funcionario judicial de la cadena actuó de modo erróneo o incorrecto, pero de lo que existe seguridad es del resultado de esa ineficiencia, que es la impunidad de los hechos cuyos responsables debieran haber sido descubiertos y sancionados.

En resumen, nadie tiene la culpa del descontrol que reinó en el IPAV y les permitió a los exfuncionarios enriquecerse mediante hechos de corrupción.

Pero además, y no es la primera vez, el Poder Judicial queda en evidencia por su impericia, que perjudica a los ciudadanos y genera la sensación de que vale todo y nadie paga por sus responsabilidades: o los funcionarios que actuaron en primera instancia se extralimitaron y llevaron a juicio injustamente a Perés; o el que falló es el fiscal que evitó acusarlo.

Como sea, las conclusiones están a la vista: impunidad en el caso de corrupción más escandaloso que haya salido a la luz en nuestra provincia (ni el ministro, ni la contadora general, ni el presidente del Tibunal de Cuentas, ni los funcionarios judiciales pagan por la incompetencia).

Algo parecido es el destino que le espera al crimen de Sofía Viale: los responsables institucionales, por lo que se ve, no cometieron ningún error que merezca sancionarlos, sobre todo si se confirma que -pacto político mediante- el procurador Bongianino será salvado por la alianza entre vernistas, marinistas y quizá algún otro sector.

Una de las derivaciones de esa decisión será, sin dudas, la debilidad en que quedará el funcionario judicial: aunque no se votará por su destitución, una mayoría interpreta que no cumplió acabadamente sus funciones, lo cual -quiera o no- le quitará cierta legitimidad a la hora de actuar.

Más allá de la protección que encuentra Bongianino en el establishment político (curiosa, además, porque el sector vernista que lo dejará a salvo es el mismo que lo puso en el banquillo), lo que resalta también es que ninguna de las cabezas visibles que actuaron durante el triste Caso Sofía Viale fue considerada responsable de alguna mala actuación.

Todo está como era entonces: una fiscal sustituta quedó al margen sin ser acusada; el jefe de la Policía se mantuvo en su cargo; el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad no perdió su lugar; y el procurador está a punto de zafar. Sofía Viale, claro, está muerta. Su familia, dolorida para siempre.  Y la comunidad de General Pico y de la provincia, que se conmovió con el crimen, ahora asume con cierta naturalidad un nuevo capítulo de la tan pampeana impunidad.

fuente http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=127780:cumplir-la-ley-o-la-impunidad&catid=82:opinion&Itemid=7#.USyO4h3cmSp