En la columna editorial de todos los lunes, La Arena Jorgista, un repaso a la decisión de la jueza Florencia Maza de ordenar el traslado de los presos hacinados en la Seccional Segunda y el nuevo golpe a la economía de los santarroseños que utilizan el transporte público de pasajeros.

Una de cal…

La jueza Florencia Maza decidió durante la semana que se fue que los presos alojados en la Seccional Segunda de la Policía provincial estaban sometidos a condiciones infrahumanas y, por lo tanto, ordenó el desalojo del lugar y les impuso a las autoridades del área mejorar las condiciones de alojamiento, para que la celda se atenga a las disposiciones constitucionales, legales y establecidas en los pactos internacionales a que adhiere nuestro país.

La decisión de la magistrada fue el fruto de una serie de presentaciones que hicieron los defensores generales luego de descubrir que en el sitio no solo estaba alojado un condenado -situación irregular-, sino que había carencias y deficiencias de distinto tipo, desde un grado de hacinamiento hasta una injustificable suciedad, pasando por el hecho de que a los detenidos se les servía la comida fría y no se los proveía de objetos básicos y elementales como cubiertos para comer y elementos de limpieza.

Una de las situaciones más graves es, posiblemente, el hecho de que en una celda donde había diez personas hubieran solo cuatro camastros y, tendidos en el piso, seis colchones que además no son los reglamentarios (ignífugos), con lo cual se abre la puerta a la posibilidad de una tragedia, ya que en el mismo sitio se permite que los detenidos fumen.

Es inconcebible que ocurran situaciones de este tipo, mucho menos después de que en una comisaría de General Pico se produjera la muerte de César Emilio “Chami” Fernández, un pibe de 17 años que murió a consecuencia de un incendio que se generó en la celda y que se volvió fatal, justamente, porque la Policía no utilizaba los colchones que corresponde.

Ese hecho quedó impune porque Miguel Gavazza y Elvira Rosetti -que ocupan cargos en un Tribunal aunque no son jueces- determinaron la absolución de los policías involucrados, en contra de la posición de Alejandra Ongaro, que sí integra la Cámara del Crimen 1 tras haber pasado por los concursos de rigor.

El caso, además, puso en evidencia una serie de condiciones económicas, sociales y culturales: “Chami” quedó desprotegido en todo momento y luego de la tragedia se fue gestando la impunidad, en medio del desinterés ciudadano y del Estado, con una familia que ni siquiera encontró espacio para su voz en los medios de comunicación.

Esa parece ser, en general, la historia de estos detenidos, con un perfil muy parecido a quienes padecían las deficiencias en la Seccional Segunda: son casi siempre jóvenes, morochos y pobres.

En ese contexto, y frente a un extendido discurso social que, en general, no solo propicia la mano dura, sino que además contempla la posibilidad de la venganza como sanción ante la comisión de un delito, lo que los defensores parecen tener claro es el seguimiento de una línea que apunta fundamentalmente a que se respeten los derechos de las personas privadas de su libertad.

En síntesis: están haciendo lo que tienen que hacer, y se niegan a naturalizar una situación que, por más que lleve largos años y se haya convertido en un sistema, no es la que corresponde desde el punto de vista de los derechos humanos, ni es la que las leyes determinan.

El Ejecutivo, muchas veces, tiene otro modo de ver las cosas: interpreta que no es fácil encontrar soluciones; carga parte de la responsabilidad en las víctimas de esas deficiencias y se queja de las restricciones presupuestarias, lo cual también revela un posicionamiento ideológico, sobre todo si los recursos sí sobran para adquirir patrulleros y cámaras de videovigilancia y el gobernador repite que “para la seguridad no hay límites”, como si estos asuntos no fueran también “seguridad”, o como si la “seguridad” de algunos fuera más importante que la de otros.

…y una de arena

Esta semana, el bolsillo de los santarroseños -y especialmente el de los más necesitados- sufrirá un nuevo y duro golpe cuando el boleto del servicio de transporte urbano de pasajeros se incremente de manera sensible, ya que a raíz de la disputa política entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante ni siquiera se podrá aplicar el subsidio sugerido por el oficialismo. En síntesis, el boleto general de colectivos se irá de 4,00 a 5,60 pesos y el boleto estudiantil y de jubilados de 1,25 a 2,87.

Esto es, por un lado, el fruto de la aplicación de una fórmula polinómica prevista en el pliego licitatorio; y por el otro, el resultado de la voluntad política del Ejecutivo municipal, que considera que ya no puede esperar más tiempo el posicionamiento del cuerpo legislativo y prefiere, una vez más, garantizar la respuesta positiva a las demandas de la empresa Autobuses Santa Fe.

Cada vez que el transporte ha generado algún conflicto, el gobierno del intendente Luis Larrañaga ha metido la cola de modo tal que mucho más que intervenir en beneficio de los ciudadanos, le asegura ganancias a la firma encargada del transporte, y esta no es la excepción: la modificación tarifaria incluye un incremento en el subsidio que la comuna le paga a la empresa.

La disputa que en principio hace inaplicable la subvención -que también aliviaría, en pequeña parte, a los usuarios- tiene su razón de ser en que el Ejecutivo considera que no tiene obligación alguna de enviar al Concejo la documentación que justifique el incremento, sino que se limita a pedir autorización respecto del subsidio.

En ese cruce de posiciones, los que salen perdiendo son los ciudadanos, tal como ocurre -por ejemplo- en el cruce de interpretaciones respecto de lo que el Poder Judicial le ordenó al municipio respecto de la accesibilidad del transporte: la comuna sigue haciendo oídos sordos al dictamen que la obliga a que los micros estén preparados para que puedan viajar en ellos, sin actos discriminatorios, los discapacitados, los adultos mayores y las personas con problemas de obesidad u otros contratiempos de salud.

Cuando se palpan esos problemas reales de los habitantes de la capital provincial, más ridículos se perciben algunos episodios que cruzan institucionalmente a la Municipalidad: frente a los inconvenientes de cada día, que requieren soluciones de fondo, suena casi a tomada de pelo la pirotecnia verbal que el Ejecutivo está dispuesto a utilizar para salir al cruce de un concejal que tuvo, en todo caso, la desafortunada idea de utilizar una palabra políticamente incorrecta durante una discusión.

El Concejo, a su vez, se ve envuelto en otra disputa desgastante: los asesores políticos que acuden al Poder Judicial en busca de medidas cautelares salvadoras, para sostener cargos que a todas luces no les corresponden, puesto que cualquier dirigente o profesional que llega a ese lugar sabe perfectamente que su función termina en el mismo instante en que cesa la actividad de quien los convoca para prestar ese asesoramiento.

Ese desesperado intento de beneficiarse personalmente es una miseria personal que afecta la actividad política, que se supone otra cosa: una disputa en el terreno público en el que el fondo de la cuestión es el bienestar común; una pelea de ideologías, en el que no están absolutamente fuera de juego las negociaciones o las tácticas y estrategias, pero en el que las transas ilegítimas y las componendas turbias no pueden ser la columna vertebral.

La política también es, a veces, el chiquitaje o la discusión de barricada y alguna chicana oportuna, pero si lo que resalta es únicamente eso, si lo central es la mezquindad permanente, se diluye su esencia, que es reformar las condiciones de vida de la mayoría.

http://eldiariodelapampa.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=159698:la-arena-jorgista-los-presos-de-la-segunda-y-precio-del-boleto&catid=61:locales&Itemid=2#.U_IJp8mwKBZ