El defensor de la Niñez y Adolescencia, Juan Pablo Meaca, volvió a advertir que “frente a problemáticas sociales no se puede solicitar la intervención de la Policía, porque es el Estado el que lo debe resolver”.

Así lo aseveró luego de que el viernes de la semana pasada el Poder Judicial ordenara el desalojo de Marianela Becerra, una joven mujer con dos pequeños hijos que decidió ocupar una vivienda social cuya adjudicataria no estaba ocupando.

Meaca hizo un análisis de lo ocurrido y señaló la necesidad de que distintos organismos “articulen” posibles soluciones, entre otras cosas en el marco de una comisión que se conformará justamente para determinar un protocolo de actuación cuando se trata de niños que deben afrontar problemas de habitabilidad.

La Defensoría convocó a una comisión de trabajo junto a organizaciones no gubernamentales, con el objetivo de evitar la revictimización de los chicos y garantizar la protección de sus derechos.
El viernes de la semana pasada, la postura de Meaca chocó contra la decisión de la jueza Florencia Maza, que le apuntó a Marianela Becerra como una delincuente.

“Lo dije en aquella oportunidad: el fallo dejaba a los chicos en la calle y evidentemente se vulneraban sus derechos. Después podemos discutir quiénes son los responsables de resolver el tema”, dijo Meaca en RadioKermés 106.1.

“Lo concreto es cómo, en el momento, una medida judicial viola los derechos de los chicos. Nosotros sostenemos que tiene que haber una articulación del sistema judicial, que es parte del Estado, con otros actores que son también parte del Estado, sea municipal, sea Bienestar Social o Defensoría como órgano de control. Si bien la Justicia fundamenta su fallo en la ley, no puede violar los derechos de los chicos. Entonces hay que repensar cómo se articula en estas situaciones, que además suceden muy seguido”, señaló el defensor.

El defensor, en tanto, recordó que el Consejo de la Niñez “es la máxima instancia en el orden provincial, en el que participan legisladores, tres ministros del Poder Ejecutivo, la Justicia, las organizaciones sociales, representantes de los niños, niñas y adolescentes, y de los municipios”.

El funcionario comentó que “lo importante en el protocolo es plantear la necesidad de que se articule, que trabajemos en conjunto y que, ante una situación así, podamos reunirnos y ver cómo la resolvemos. Pero por sobre todo, dos cuestiones que le planteé a la jueza y que las sigo sosteniendo: en problemáticas sociales no se puede solicitar la intervención de la Policía para que la resuelva, porque es el Estado el que la debe solucionar. Y la otra cuestión es que una decisión judicial no puede dejar a los chicos en una situación de desprotección”, completó.

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