La cantidad de condenados que son supervisados por el Patronato de Liberados de La Pampa aumentó el 147 por ciento en quince años, lo que muestra el incremento tanto de presos como de delitos que hubo en la provincia en ese período de tiempo.
Los datos del año pasado indicaron que había 1.286 personas que están con prisión en suspenso, libertad condicional y libertad asistida, y que se encuentran viviendo en diferentes localidades de nuestra provincia, que deben ser controladas por el Patronato de Liberados. Esto contrasta con los números de 1997, una de las últimas memorias conocidas del organismo, cuando tenía 521 asistidos. En ese momento, había 327 personas con libertad condicional y libertad asistida y 194 asistidos con condena condicional.

Desbordado.
El Patronato de Liberados es una asociación civil integrada por funcionarios judiciales y su oficina está ubicada en el subsuelo del edificio Fueros, en el sector Penal de la Ciudad Judicial. Allí deben concurrir las personas a las que se les ha otorgado libertad condicional, asistida o con condenas cortas de hasta tres años. El trámite que deben realizar es firmar planillas de control mensuales o bimestrales, según cada caso. Tiene la función básica de cumplir con la última etapa de la condena de los presos, y entregar las condiciones mínimas -familiares y laborales, entre otras- para que la persona que sale de la cárcel pueda insertarse en la sociedad. Y tiene que controlar el cumplimiento de la condena, cuando el imputado obtuvo el beneficio de la libertado condicional.
En los últimos años se ha denunciado la complicada situación actual del organismo por los escasos empleados que tiene para supervisar a más de mil condenados -un empleado cada 315 asistidos- y porque los subsidios que recibe para su funcionamiento por parte del gobierno provincial son mínimos para la función que debería cumplir. De hecho, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de La Pampa pidió en su momento públicamente una solución para la grave crisis institucional que afrontaba el Patronato, que llevó a sus autoridades a cerrar la sede de General Pico.
De hecho, el año pasado Alejandro Osio, actual defensor oficial y ex integrante de la Comisión del Patronato, había indicado públicamente que el organismo no tenía fondos suficientes para funcionar y que debía pasar a ser controlado por el Ministerio de Bienestar Social de La Pampa. Durante el año 2010, el abogado había presentado un proyecto de ley en ese sentido. La iniciativa está diseñada para que también continúe siendo una asociación civil con una participación mayor del gobierno provincial.

En la Legislatura.
Hubo otros proyectos en la Legislatura en ese sentido. El diputado Luis Solana (Frepam) denunció en su momento las deficiencias del cuerpo y pidió que pase a la órbita del Estado provincial. El socialista solicitó que se creara la «Dirección General de Control, Seguimiento, Asistencia y Reinserción Social de personas en conflicto con la ley penal», bajo la supervisión del MBS, con lo cual, de sancionarse, se produciría una estatización del organismo. El objetivo de la estatización propuesta por Solana era contribuir a la disminución de la criminalidad y reincidencia en el delito, procurando una mejor y eficaz reinserción social de los condenados, liberados y probados, brindando una asistencia integral tanto a ellos como a su núcleo familiar.
Otra iniciativa fue presentada por el diputado kirchnerista Luciano Di Nápoli, que en su iniciativa lo colocaba bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia. Uno de los últimos proyectos fue realizado por la diputada del PJ, Mariana Baudino.
Por su parte, las autoridades del Patronato también pidieron que el Estado provincial se hiciera cargo del organismo, que hoy aparece «desbordado y cumpliendo sólo ficticiamente una serie de obligaciones que lo exceden», dijeron.

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