Merced a la iniciativa de una abogada santarroseña, las mujeres que deseen iniciar una demanda judicial por violencia de género no estarán obligadas a pagar las contribuciones que corresponden a la Caja Forense de la provincia. Esto siempre y cuando los abogados ejerzan su patrocinio «sin derecho a percibir honorarios».
En diciembre de 2011, la abogada Jorgelina Mensi formuló una presentación ante la Caja Forense en la que pidió que se exima del pago de gastos a las demandas que promuevan mujeres que fueron víctimas de violencia siempre que se trate de casos comprendidos en la ley nacional 26485 de Protección Integral de las Mujeres.
A raíz de esa presentación, el 13 de abril la Caja Forense emitió la resolución 1084/2012, que lleva la firma del presidente de la entidad, Roberto Eduardo Alba, y que en su parte resolutiva establece que «los juicios promovidos al amparo de la ley nacional 26485, en que los profesionales actúen sin derecho a percibir honorarios, estarán eximidos de la obligación de ingresar los aportes y contribuciones establecidos en la ley 1.861».
La ley 26485 fue sancionada el 11 de marzo de 2009 con el objeto de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Es una norma que garantiza a las mujeres todos los derechos reconocidos mediante diversas Convenciones Internacionales y en particular el derecho de gozar de acceso gratuito a la Justicia en los casos comprendidos en su ámbito de aplicación.
La ley ordena a los organismos del Estado garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, «la gratuidad de las actuaciones judiciales y del patrocinio jurídico preferentemente especializado». Los procesos judiciales comprendidos en esa norma se tratan, en su mayoría, de acciones vinculadas a exclusiones del hogar, restricciones de acercamiento, tenencia y regímenes de visitas, entre otros.
Nuestra provincia adhirió a la ley nacional 26485 el 22 de diciembre de 2009, con la ley provincial 2550.

Gratuidad.
Para compatibilizar los mandatos de la ley 26485 -y su correlato pampeano, la ley 2550- con las disposiciones legales en nuestra provincia, la Caja Forense dispuso eximir del pago de las contribuciones y mejoras establecidas en la ley 1861 a aquellos abogados que ejerzan su patrocinio legal «sin percibir honorarios».
En su artículo segundo, la resolución 1084 dispone que cuando concluya el proceso judicial, y en caso de ser condenada en costas la parte demandada, «se liquidará la contribución a cargo de las partes».

«Había una incompatibilidad con la ley».
«Este es un paso más que se avanza en la protección de los derechos de las mujeres», destacó Jorgelina Mensi, la abogada que impulsó este beneficio para las mujeres golpeadas, sometidas a situaciones de violencia de género o víctima de redes de trata de personas. La joven profesional es la asesora letrada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y se desempeña en la casa Juana Azurduy, un lugar pensado para hospedar a mujeres que sufren situaciones de violencia.
«A raíz de algunas presentaciones que tuve que hacer -relató la joven-, tuve que pagar los aportes y contribuciones en la Caja; mirando la ley y analizando que había una cierta discordancia, me pareció oportuno hacer esta presentación para compatibilizar nuestros derechos previsionales como abogados y los derechos de estas mujeres, que eligen ir a un abogado particular y no a una Defensoría».
La respuesta favorable de la Caja representa «un pasito más que se avanza en la protección de los derechos de mujeres que además de vivir una situación particular muy triste, porque si ya es complicado hacer la denuncia y después pedir la exclusión de su marido o alguna situación similar, encima tienen que sortear el obstáculo económico. Es una complicación más que en el marco de la ley no tiene por qué estar», remarcó.
En la violencia de género o la violencia doméstica, el tema económico tiene una fuerte incidencia. «Es muy común -explicó Mensi- que en estos casos, el hombre sea la persona que trae el dinero al hogar y la mujer no tenga independencia económica. Eso hace que la mujer esté más sometida dentro de su hogar, y por supuesto le cuesta cortar con ese círculo de violencia. Si a eso le agregamos que hay hijos que mantener, hijos que cuidar, es una complicación aún mayor para la mujer».

fuente http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-eximen_de_pagos_a_mujeres_golpeadas-78725-115.html