Luego de la reforma del Código Procesal Penal, y por la falta de nombramientos, hay menos fiscales y con más trabajo que antes. Cada funcionario tiene además 3 ó 4 empleados, cuando antes los Juzgados llegaban a tener entre 10 y 11.
La Justicia pampeana, como toda corporación, no siempre habla de lo que ocurre puertas adentro. Sobre todo cuando su accionar es criticado y discutido como ocurre actualmente, cuando las cámaras empresarias de la ciudad le reclaman mayor rigor en la aplicación de las leyes contra quienes delinquen.
Fuentes de los tribunales santarroseños igual hablaron, en reserva de nombres, sobre lo que consideran su «talón de Aquiles». Los voceros consultados indicaron que si hay reclamos por lo que se considera la lentitud en los expedientes, esto estaría en relación directa con las condiciones en las que tienen que actuar los fiscales. Sobre todo la acumulación de tareas a partir del actual Código Procesal Penal, que se puso en marcha en marzo de 2011, y la falta de personal con el que cuentan.
Las fuentes precisaron que hay actualmente cuatro fiscales actuando -Carlos Ordas, Gastón Boulenaz, Máximo Paulucci y Cecilia Martiní-, más un sustituto y un adjunto cada dos fiscales, que no tienen las mismas facultades que el titular, ya que, por ejemplo, no puede realizar debates. Además de los dos generales -Guillermo Sancho y Jorge Amado-. Los funcionarios actúan, en períodos semanales, en todas los delitos que se producen en la Circunscripción I de la capital provincial. Los consultados indicaron que según la Ley Orgánica estaban previstos de 7 a 8 fiscales.

Menos empleados.
Antes de la reforma, cuando las causas estaban en manos de los Juzgados de Instrucción, había siete de éstos en marcha. Pero además hay otro condicionante, según consideran los funcionarios consultados. Mientras antes cada juez de Instrucción tenía entre 10 y 11 empleados, con un secretario y un prosecretario, actualmente cada fiscal cuenta con entre tres y cuatro asistentes. Los funcionarios actuales han reclamado por tener mayor personal, pero por ahora no hubo respuestas que satisfagan sus pedidos.
También dan cuenta de la mayor carga en las funciones de los actuales fiscales en relación a los anteriores. Actualmente cada funcionario cuando ocurre un delito debe investigar, hacer la formalización, la etapa intermedia, hacer la acusación y finalmente estar en el debate. Antes había fiscales que actuaban en cada causa en la etapa de instrucción y luego había otro que lo hacía ante la Cámara. «Esto de llevar adelante todo el proceso complica mucho el trabajo. Además, si antes los jueces de Instrucción no estaban al día con 10 u 11 empleados que tenían, ahora esto se profundiza», indicaron los consultados de la Ciudad Judicial.

Justicia en debate.
A comienzos de año, y cuando habían pasado tres años desde que se comenzara a aplicar el actual Código Procesal Penal, el Superior Tribunal de Justicia abrió el debate sobre su aplicación. El presidente del STJ, Hugo Díaz, fue el que realizó una convocatoria a magistrados y funcionarios del fuero penal para que acerquen sus «inquietudes, propuestas o sugerencias» relacionadas con el funcionamiento del CPP. La iniciativa, se informó oficialmente, «pretende generar un ámbito propicio en el cual se intercambien opiniones y sugerencias tendientes a optimizar esa herramienta procesal en pos de mejorar el servicio de justicia».
Pero también el debate sobre el accionar de la Justicia se llevó adelante desde la prensa y la sociedad también ha reclamado por su funcionamiento. LA ARENA publicó un informe en junio sobre la falta de aplicación del instituto del juicio directo que apenas era aplicado en Santa Rosa, y que es una herramienta que se había incorporado para darle mayor rapidez a la Justicia con los delitos in fraganti.