De acuerdo a la propuesta legislativa, los defensores quedarían obligados a patrocinar a víctimas de delitos de escasos recursos. El diputado provincial del PJ, Mariano Fernández, sostiene que daría respuesta al reclamo de las mujeres autoconvocadas que pretenden eso para las víctimas de violencia de género.
El diputado provincial del PJ, Mariano Fernández, recordó que presentó un proyecto de ley para que los defensores oficiales también patrocinen a las personas de escasos recursos económicos en las demandas o querellas que quieran impulsar ante la justicia. El legislador advirtió que, si bien se trata de un proyecto general, para cualquier tipo de delito, podría responder en parte al reclamo que presentó esta semana un grupo de mujeres autoconvocadas ante el procurador general, Mario Bongianino.
Además, la legislatura provincial ya aprobó otra ley, que habilita al Consejo Provicnial de la Mujer a presentarse como querellante en las causas de violencia d género. La iniciativa también fue autoría de Fernández. Sin embargo, esta ley aun no ha sido regalmentada por el Gobierno Provincial y, por lo tanto, no se ha puesto en funcionamiento aún.
El lunes pasado, un grupo de mujeres que participa de diferentes organizaciones y espacios presentó una nota para reclamar representación jurídica gratuita para las víctimas de violencia de género. El pedido apunta a que las denunciantes sin recursos económicos puedan constituirse como querellantes particulares. Entre las firmantes hay integrantes de la Asociación Civil “Él Ágora”, el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, la organización “Todas somos Andrea” del barrio plan 5000, la Secretaría de Género de CTA, ATE, Red Par, Mujeres por la Solidaridad, Agrupación “Carlos Fuentealba” y el Partido Humanista, todas nucleadas en el colectivo de Mujeres Autoconvocadas.
Las ONG pretenden que la mujer denunciante se convierta “en un sujeto procesal pleno y no en una mera espectadora informada”. “Exigimos esto con la finalidad de que las denuncintes sin recursos económicos puedan elegir constituirse como querellantes particulares. Una medida de estas características vendría a garantizar un verdadero y más igualitario acceso a la justicia”, insistieron.
En el relevamiento de casos que llegan a las organizaciones descubrieron que, ante el pedido de las denunciantes de ser representadas por un abogado público, les contestan que el titular de la acción es el Ministerio Público Fiscal y que con ello ya se encuentra a resguardo el proceso. Por eso advirtieron que la participación “efectiva y activa” en un proceso penal “no debe estar limitada a las circunstancias económicas de los actores, máxime cuando nuestra provincia cuenta con un código de procedimiento de corte acusatorio, que impone dar a las partes el derecho de sustanciar el proceso”.
“Hace unas semanas presenté un proyecto para darle atribuciones a los defensores oficiales para que patrocinen a las presonas de escasos recursos en las dmandas, que se puedan constituir como querellantes. No es específico para los casos de violencia de género, es general, pero bien podría incluirse el reclamo bajo este proyecto”, le dijo Fernández a El Diario.
De aprobarse el proyecto, los defensores oficiales estarían obligados a actuar como querellantes cuando se lo pidan personas, víctimas, de bajos recursos económicos. La iniciativa se presentó el 4 de abril de este año aunque todavía no fue tratada en el recinto. Se pretende modificar el artículo 102 de la ley Nº 2574 -Orgánica del Poder Judicial- con el objeto de que los defensores que patrocinan a personas con escasos recursos económicos puedan constituirse en querellantes.
“Ambas iniciativas dan respuesta a los reclamos realizados por las victimas de violencia de género desde el colectivo Mujeres Auto convocadas, para que las denunciantes sin recursos económicos puedan ser querellantes particulares a través de asesoramiento gratuito”, estimó el legislador.
La ley aprobada incluye al Consejo Provincial de la Mujer como parte querellante en los procesos judiciales que de ella derivan. Puntualmente se prevé la participación del organismo en causas que tramiten por muerte dolosa o riesgo fehaciente para la vida de una mujer, con motivo de la violencia de género.
