Por Juan Carlos Martínez y Leonel Mariano Curutchague (*)
La Argentina avanzó en los últimos años en los mecanismos para la designación de jueces. El dedo político fue desplazado por los consejos de la magistratura, aunque todavía no puede hablarse de un sistema absolutamente transparente que garantice la elección de los más idóneos. Lejos estamos todavía de superar las manipulaciones políticas que acompañaban a las designaciones de magistrados nacionales y provinciales.
Muchos creían que después de la nefasta experiencia vivida con la llamada Corte automática nombrada por Menem y con la posterior integración del máximo tribunal judicial que dispuso el ex presidente Néstor Kirchner, la designación de jueces tendrían el rigor y la seriedad que esas funciones merecen.
Lamentablemente no es así. Buena parte de viejos vicios y corruptelas enraizados en la corporación judicial se mantienen inalterables.
Es muy frecuente la aparición de algunos personajes sin méritos ni antecedentes integrando las ternas para ocupar cargos dentro de las judicaturas, tanto nacionales como provinciales.
Así como aparecen candidatos para cubrir juzgados o cámaras sin un mínimo de idoneidad, hay postulantes que suelen ser movidos como piezas de ajedrez sin ninguna explicación y mucho menos con fundamentos que justifiquen el cambio del orden establecido en atención a sus méritos, muchas veces burdamente fraguados. Con los mismos criterios se dejan de lado a postulantes de sobrados y probados méritos.
El caso del secretario judicial Oscar Alberto Papávero es todo un ejemplo de cómo los audaces pueden avanzar hasta posiciones expectantes y quedar a un paso de convertirse en jueces.
Además de la falta de condiciones aptas para semejante responsabilidad, la historia judicial del nombrado Papávero está ligada a sectores vinculados a la dictadura militar. Para sacar conclusiones, basta con decir que Juan Martín Romero Victorica es uno de sus más firmes promotores.
Como bien dicen los organismos de derechos humanos que cuestionan su postulación, ‘personajes como Papávero se mimetizan en el sistema democrático y desde las sombras resisten los cambios que la sociedad reclama para avanzar en la construcción de un país con dignidad para todos‘.
Papávero no es una excepción en esta materia. Su caso se repite con alarmante frecuencia como si los mecanismos de control resultaran insuficientes para evitar estas trampas con aparentes visos de legalidad.
Los concursos abiertos para designar jueces en los nuevos juzgados y cámaras de San Justo están demostrando una falta absoluta de rigor y seriedad para la designación de esos magistrados.
Las ternas escogidas por el Consejo de la Magistratura son verdaderos mamarrachos que no resisten el menor análisis. Bastaría con repasar los contenidos de sus respectivas currículas para advertir el grado de audacia de los postulantes y la indolencia de los miembros del Consejo que alegremente dieron su voto en favor de los elegidos.
Estamos hablando de los nominados Javier Ignacio Lorenzutti, Eduardo Ángel Roberto Alonso (65) y María Isabel Fulgheri, colocados en el primer lugar en orden de méritos como si la falta de idoneidad y antecedentes fueran virtudes y no falencias descalificantes.
El caso de Lorenzutti es digno de ser incluido en la antología de los disparates. Su postulación llegó de la mano de su tío Mariano Candioti, uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura quien se convirtió en el único examinador de su sobrino sin tener en cuenta que un mínimo sentido de la ética lo obligaba a excusarse.
Si algo falta para agregar a los malos antecedentes de Lorenzutti, es oportuno recordar que se desempeñó como juez subrogante entre 2004 y 2007 a propuesta del destituido Federico Faggionato Márquez y que es adjunto en la cátedra del ultramenemista Rodolfo Barra en la Universidad de La Matanza.
Más milico que juez
Otra postulación cuestionable es la de Eduardo Ángel Roberto Alonso (65), quien se postula en el concurso 192 como vocal para la Cámara Federal de San Justo. Lo más destacado de su curriculum incluye su actuación como profesor de la materia Licenciatura en Seguridad en el Instituto de la Policía Federal Argentina, Facultad de Ciencias de la Seguridad yAdjunto durante la dictadura en la Academia Federal Superior de la PFA y materia Licenciatura en Seguridad, Diploma de Honor de la Superintendencia de Personal e Instrucción de la PFA Departamento Central de la Policía Federal. Además, fue Defensor, Secretario y Juez en la ciudad de San Martín desde 1979 (dictadura militar) hasta 1999.
No se sabe si Alonso, en caso de ser nombrado en la Cámara de San Justo se pondrá la toga o la gorra de policía.
Experta en relaciones sociales
María Isabel Fulgheri, actual jueza en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás, se postula en el mismo concurso para vocal de Cámara de San Justo. Lo más relevante de su curriculum son las salutaciones de cumpleaños, inauguración de edificios, dedicatorias de una escritora de la ciudad de Pergamino, publicaciones en el diario local informando su nombramiento como jueza en San Nicolás y otros acontecimientos sociales.
Por lo visto, las relaciones sociales no le han permitido a María Isabel nutrir sus conocimientos en temas jurídicos. Al menos en su CV no los incluye.
Afortunadamente quienes están atentos a los movimientos que se producen en las judicaturas, entre ellos los organismos de derechos humanos, suelen dar la voz de alarma y de esa manera evitan el acceso de esos personajes a la magistratura.
De todos modos, los sectores ultraconservadores de la sociedad mantienen un alto grado de influencia dentro y fuera de los tribunales -poder político incluido- y no ahorran esfuerzos ni medios para sostener y promover a jueces que son funcionales a sus intereses.
(*) Leonel Mariano Curutchague intervino como abogado querellante en el juicio de la Subzona 14
