El diputado Martín Berhongaray (Frepam) presentó un pedido de informes sobre la situación de los detenidos alojados en establecimientos de la provincia, alcaidías y comisarías, que «no cuentan con la preparación y los requerimientos que exige un programa de necesidades carcelario» y cuestionó la falla en la política integral de seguridad del gobierno.
«La realidad es preocupante desde hace tiempo y aqueja a La Pampa y a muchas provincias, a pesar que se han dictado fallos que obligan a traslados a unidades del Servicio Penitenciario, porque si bien las comisarías y alcaidías pueden albergar el tránsito eventual de detenidos, las celdas y calabozos, son inadecuados para el aislamiento prolongado», dijo.
El proyecto de Berhongaray pide al Ministerio de Gobierno y Justicia que precise las dependencias afectadas por esta situación, cantidad de detenidos alojados en cada una, condiciones materiales de alojamiento, especificando capacidad y espacios de las celdas de aislamientos y detalles de la estructura edilicia, baños y espacios libre disponibles.
Además, pretende conocer los criterios utilizados para la disposición de los detenidos, si hay dependencias para delitos especiales, los índices de reingreso, qué tratamientos de resocialización se aplican, cantidad de detenidos trasladados al Servicio Penitenciario Federal en los últimos tres años y si la Provincia tiene un «plan de acción» para revertir la realidad.
Desalojo.
La superpoblación denunciada en las alcaidías de Santa Rosa y General Pico y en comisarías en estado crítico, también se evidencia en otras provincias, donde la Justicia comenzó a prohibir el encierro de internos en comisarías porque no se respetan los estándares constitucionales mínimos.
El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Plata ordenó al gobierno bonaerense desalojar los calabozos de las comisarías de La Plata, Ensenada y Berisso, rehabilitados por decisión ministerial para detenciones en la gestión de Daniel Scioli. Esto surgió a partir de las estadísticas alarmantes en comisarías en Buenos Aires, donde en 2002 había 7.500 alojados y gradualmente se disminuyó a septiembre de 2010 a 3.393 detenidos.
Propiciar el encierro.
Por otro lado, según Berhongaray, constituye una evidente falla en la política de seguridad «propiciar el encierro en lugares de baja seguridad, y retirar a muchos efectivos de sus funciones específicas como prevención de los delitos para afectarlos a tareas propias del personal penitenciario para la cual nunca fueron preparados».
Además, el diputado, que propone instalar un Servicio Penitenciario Provincial para dejar de depender del federal, advirtió que la situación se «agrava» considerando la «ausencia» de un tratamiento de resocialización y un régimen de progresividad de las penas.
En los fundamentos, Berhongaray indicó que el escenario crítico «debe ser modificado en el mediano plazo» considerado «la acuciante cuestión de la inseguridad que avanza por diferentes carriles y nada se logra si no se produce un armónico tratamiento de los componentes que iluminan esta cuestión».
Riesgo.
«El nivel de saturación en muchas de estas dependencias provinciales agrava el cuadro toda vez que incrementa el riesgo cierto, no sólo para los detenidos sino para los propios efectivos policiales encargados de custodiarlos. La superpoblación de internos y el hacinamiento, genera conflictos y enfrentamientos con desenlaces fatales», agregó.
Dijo, por último, que la carencia de infraestructura segura aumenta el peligro de fuga y recordó que los tratados internacionales exigen desterrar la violencia institucional que depara la superpoblación de internos en establecimientos de detención, el abandono sanitario y la inexistencia de tratamientos de resocialización entre otros aspectos estructurales.
Decisiones y presupuesto
En otras provincias, las autoridades comenzaron a tomar decisiones. En Santa Fe se acordó reducir gradualmente el número de detenidos alojados en comisarías, mientras que en Entre Ríos y Salta se resolvió limitar temporalmente el plazo de detención en esos lugares para permitir el cumplimiento de los actos procesales “indispensables”, con inmediato traslado a unidades carcelarias. En tanto, el viernes el gobierno nacional dispuso $280 millones para mejorar la infraestructura carcelaria del país. A La Pampa enviarán $13 millones
