La sección «La Arena Jorgista» reflexiona sobre los temas de la semana: la absolución a Romina Ragonese y una condena por trata de personas; el gobierno con problemas debido a su ausencia, demora o errores: por un lado el Colegio Nacional sin clases, por otro el conflicto con los estatales.

Durante la semana que se fue, y como consecuencia de un proceso que especialmente desde hace algunos años pone a ese sistema bajo la lupa, el Poder Judicial adoptó dos decisiones en las que hizo pesar una perspectiva de género que en otras ocasiones estuvo ausente.

Por un lado, en lo que fue una decisión histórica y ejemplar, el fiscal Alejandro Gilardenghi pidió la absolución de Romina Ragonese una vez comprobado que cuando le dio muerte a quien era su pareja lo hizo en legítima defensa, como consecuencia de un cruento proceso en el que de manera sistemática sufrió la violencia de género.

Los camaristas, ante el planteo del Ministerio Fiscal, no dudaron en otorgar la libertad de la acusada, hasta que se dé lectura formal a la sentencia.

Una muestra del cambio de los tiempos, al menos de lo que se ha vuelto políticamente correcto como consecuencia de numerosas circunstancias, es que varios de los actores de este caso son los mismos que tuvieron intervención -aunque pudiera ser con otras posturas- en el expediente que derivó en el asesinato de Carla Figueroa (casualmente durante esta semana la Corte Suprema le puso punto final a esa investigación y al rechazar el recurso de queja de la defensa dejó firme la perpetua para Marcelo Tomaselli).

El Poder Judicial provincial, independientemente de esta resolución, sigue en deuda con una revisión de sus propios actos: sus miembros deben capacitarse y cobrar conciencia de que la perspectiva de género no debe ser una consecuencia de alguna moda o del modo en que soplan los vientos mediáticos, sino una convicción que debe hacerse realidad de manera sistemática para que sean reconocidos derechos que se niegan o se ocultan.

El otro fallo comentado durante la semana que se fue estuvo en manos del Tribunal Oral Federal, que condenó con penas de prisión efectiva a dos propietarios de un cabaré en el que explotaban sexualmente a un grupo de mujeres, de acuerdo a las constancias que fueron ventiladas en la causa judicial.

La exposición pública de esa realidad, el testimonio de las víctimas y la puesta al desnudo de parte del modus operandi que se utiliza permitió a los magistrados determinar que los dueños del prostíbulo “Shampoo”, en Victorica, eran parte de un grupo dedicado a obtener réditos de la explotación sexual.

Lo que el Poder Judicial no alcanza a determinar de modo completo, al menos por ahora, es la responsabilidad de otra serie de engranajes que son partícipes necesarios de la comisión de estos delitos y de la impunidad de que gozaron hasta ahoraWalter Sardiña y Cristina “Pato” Martínez.

No es una excepción, sino una regla, que quienes se dedican a estos negocios cuenten con la protección de cierto poder político, a veces sutil y a veces brutal, e incluso con la mirada connivente de buena parte de la comunidad en general.

En el caso de “Pato” Martínez ha trascendido su relación con el exvicegobernador Luis Campo -atada desde ya a ciertos privilegios- pero el nivel de indemnidad queda de manifiesto, por ejemplo, en el hecho de que aún acusada de un delito de esta gravedad resultó referente política del marinismo durante las elecciones del año pasado, pese a que una de las principales espadas de ese sector político -la vicegobernadora Norma Durango- hace un tiempo que está empeñada en hacer bandera de las políticas de género y la lucha contra la trata de personas.

...y una de arena…

El gobierno provincial vuelve a afrontar días difíciles, en los que aparecen las consecuencias de su ausencia, pereza o errores: esa característica se luce en distintas áreas, las que a veces dejan la sensación de esperar hasta último momento para actuar, cuando ya los conflictos se le han vuelto una complicación que le inhabilitan opciones alternativas.

En la semana que se fue, la comunidad educativa del Colegio Nacional tuvo que alzar la voz para que los funcionarios del área educativa reaccionaran: la determinación de que el 17 de marzo no se iniciarán las clases en ese establecimiento la tomaron más los docentes y las autoridades del colegio que el propio Ministerio de Educación.

Además de aludir a cierta desidia del funcionariaje a la hora de adoptar decisiones, el vicerrector Oscar Defendente describió un proceso de larga data en el que la desaparición del Estado condujo al ninguneo de algunos establecimientos, en general aquellos compuestos por una matrícula popular, en la que no resaltan los dobles apellidos ni las familias tradicionales.

Ese es el caso del Colegio Nacional, que ha sido “abandonado”, según la palabra que eligió Defendente y que comparten los integrantes de la comunidad educativa que conocen de cerca las realidades que padece el establecimiento.

Ese abandono se produjo mucho antes de que la desgracia con suerte del 20 de febrero -que realmente pudo ser una tragedia masiva– pusiera en evidencia la falta de mantenimiento y la despreocupación por la infraestructura en que estudian y trabajan alrededor de medio millar pampeanos.

Frente a esa realidad, como frente a la complicada negociación paritaria, la ministra del área –Jacquelina Evangelista– ha elegido el silencio, que también es un modo de responder, pero lo que no se puede ocultar es la situación de conflicto y tensión y la trama de desprotección -no necesariamente atribuible en exclusiva a la actual gestión- de un establecimiento con historias para el orgullo.

Otro serio problema para el oficialismo en estas horas es desde ya la puja con los gremios que agrupan a los trabajadores estatales, en la que obviamente cada una de las partes sostiene un interés y lo pone de manifiesto con las herramientas que tiene a mano.

La negociación, en el actual escenario económico y después de la devaluación, no es nada sencilla para ninguno de los sectores, pero puntualmente en el encuentro de la semana que se fue al oficialismo le cabe la responsabilidad de haber generado una expectativa respecto de la posibilidad de mejorar su oferta, para después aparecerse con una modificación de la propuesta original que a todas luces no conformaría a los trabajadores.

No es ninguna novedad que el gobierno tiene la costumbre, cuando no la manía, de cuidar sus recursos de manera que a veces hasta parece exagerada: hay ámbitos y situaciones en que esa conducta merece una jactancia, del mismo modo en que hay otros sitios y circunstancias en que puede tornarse un signo de poco contacto con la realidad.

Determinar la diferencia entre cuáles son los momentos y los lugares indicados se llama política.

Algunos dirigentes gremiales, en tanto, también tiran de la cuerda hasta límites difíciles de sostener por ellos mismos: haber pronunciado hace algunos días que se aspiraba a que un ingresante en la administración pública percibiera un sueldo de $9.200 fue también un exabrupto, no porque se trate de una cifra suntuosa sino porque dista demasiado de -otra vez- la realidad.

http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=150079:la-perspectiva-de-genero-en-el-poder-judicial-y-los-dias-de-conflicto-para-el-gobierno-provincial&catid=82:opinion&Itemid=7#.Uycx5s5IrgE