En La Pampa no hace falta una horda que garantice –como ocurre en otros puntos del país– que “el que las hace las paga”, según el slogan del sonriente muchachito convertido en la neoesperanza liberal conservadora.
Si las cosas siguen así, en la provincia no habrá linchamientos callejeros porque las instituciones se ocupan en exceso del asunto.
La mano blanda que los jueces aplicaron en el Caso Payela, que es la misma que ya se percibió en los casos de Ichoust, de Matzkin y de Carro, es una nueva demostración de que el Poder Judicial ha tomado para sí la división social que también agitan los grandes medios, entre “la gente” –o “los vecinos”- y los “delincuentes” –o “ladrones”– (siempre y cuando sean jóvenes, pobres y morochos).
Los fallos judiciales son políticos y generan cultura: debiera ser alarmante el modo en que se están naturalizando la venganza y el abuso de armas como solución de conflictos.
Así, los jueces se refieren a Payela como víctima y tratan al pibe baleado como victimario: pretenden iniciarle una causa porque no se presentó a declarar, como si no fuera absolutamente lógico que ese pibe tuviera miedo no sólo del acusado, sino también de los medios, de los propios jueces y de toda institución que ande dando vueltas por ahí.
La conformación de ese Tribunal, por otra parte, es más digna de hace 25 años que de esta época, y representa mucho más al pasado que al futuro.
La visión del mundo judicial está cantada: bajo esa mirada, hay vidas que valen mucho y vidas que no valen nada.
Pero no se acaba en el Poder Judicial el “linchamiento institucional” del que son víctimas los mismos de siempre: mientras el Poder Legislativo pampeano está dedicado al chiquitaje de la interna y oculta en un cajón el proyecto para democratizar la Policía, en el Ejecutivo cunde una suerte de “massismo jorgista”.
La multiplicación de cámaras de seguridad –atado al negocio que ello implica–; la fobia contra las excarcelaciones; el afán de que los presos sufran más de la cuenta trasladándolos fuera de su provincia y la denominación de “política de lucha contra el narcotráfico” que se le da a operativos de poca monta en los que caen pobres perejiles, son hechos que remiten a los plomizos años en que Juan Carlos Tierno era amo y señor.
Menos mal que no hay hordas “justicieras” en las calles de La Pampa. Pero ni falta hacen: con sus correspondientes excepciones, la demagogia punitiva ya reina en las instituciones.
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