El establecimiento carcelario de Santa Rosa cuenta con 64 lugares disponibles, aunque hoy conviven allí 75 presos, excediendo su capacidad. ¿El motivo? La gran cantidad de condenados y detenidos por delitos sexuales que deberían ir a Rawson.
La Alcaidía de la Unidad Regional I (UR-1) con asiento en la ciudad de Santa Rosa se encuentra al límite de su capacidad por la gran cantidad de detenidos y condenados por delitos de abuso sexual que ingresaron en los últimos meses al sistema, y el retraso en el traslado de esos presos a dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Las autoridades tuvieron que reacondicionar las instalaciones, que igualmente «están sobrepasadas».
La información fue confirmada por el comisario inspector Fabio Girabel, actual jefe del establecimiento carcelario local, que además se mostró «preocupado» por las complicaciones que tienen con la cantidad de presos que permanecen y se acumulan en la sede de la calle Liberato Rosas.
¿Cuáles son los motivos que generaron esta situación en la Alcaidía? Principalmente, la cantidad de detenidos que ingresaron en el último tiempo, vinculados a causas de delitos sexuales. Estos internos, con imputación en proceso o condenados, ocupan un 40 por ciento de las plazas que el establecimiento tiene disponibles.
«Las prisiones preventivas son muchas y se suman a la gran cantidad de condenados que tenemos por delitos de abuso y de género. Estamos excedidos, esa es la realidad», aseguró Girabel ante la consulta de LA ARENA.
Los detenidos por delitos de abuso sexual, que tiene sentencia firme en su contra, deberían ser trasladados al Instituto de Seguridad y Resocialización (Unidad 6) de la ciudad de Rawson, provincia del Chubut. Pero el inconveniente es que la Dirección de Régimen Correccional del SPF todavía no autorizó cupos para trasladar a presos de la Alcaidía.
Crisis.
La situación que atraviesa el centro carcelario es alarmante. Puntualmente, porque la Alcaidía santarroseña tiene un total de 64 plazas y actualmente aloja a un número superior que avanza a los 75 presos. Para intentar «soportar» el momento y brindar un alojamiento digno, las autoridades optaron por reacondicionar el lugar.
«Lo que hicimos, precisamente, fue reestructurar los pabellones para abrir un nuevo espacio, porque los imputados o condenados por delitos de abuso no se pueden mezclar con los presos comunes. Esto sirve por ahora para salir del paso», comentó Girabel.
El funcionario policial, además, afirmó que es «total el apoyo de las autoridades del gobierno provincial», y que el problema se genera por el retraso del SPF en habilitar la recepción de internos condenados que deben ser trasladados a Rawson.
Siempre.
Girabel, que cumple funciones de consejero en el Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes (Ipesa), opinó también sobre las polémicas declaraciones de uno de los operadores de la entidad, que rechazó la presencia de organismos de derechos humanos en la institución. «Es lamentable. Los organismos que trabajan con los derechos humanos siempre vamos a estar, y contamos con el apoyo del ministro Gustavo Fernández Mendía», aseguró el jefe policial.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -que también integra Girabel- concurrirá hoy por la mañana al instituto provincial para «ratificar el compromiso de la organización en defensa de los adolescentes internados».
