En la Cámara de Diputados de La Pampa se analiza un proyecto que prevé un cambio en el organigrama judicial, para que los funcionarios que se desempeñan como defensores generales pasen a hacerlo de manera autónoma respecto de la Procuración General de la Provincia.
En la actualidad, los defensores tienen el mismo jefe que les da órdenes a los fiscales, pese a que a todas luces se trata de dos tareas no sólo diferentes, sino prácticamente contrapuestas: a grandes rasgos, unos tienen la misión de acusar en representación del Ministerio Público, en tanto que los otros cumplen el papel de ejercer la representación de aquellos ciudadanos que no pueden o no quieren contratar un abogado particular.
Esa lógica se ha extendido durante años, pese a las advertencias de especialistas de distintos ámbitos, que han alertado sobre la inconveniencia de que esas funciones distintas estén bajo un mismo mando.
Desde que se presentó la iniciativa para hacer las modificaciones pertinentes, se han escuchado varias voces de prestigio respaldándola, desde académicos de notable trayectoria hasta un integrante de la Corte Suprema de Justicia como Eugenio Zaffaroni -quien se expresó en las últimas horas-, pasando por quienes han ejercido o ejercen la función en otras jurisdicciones.
En principio, los cambios sugeridos parecen estar basados en el sentido común y en una clara tendencia hacia la división de funciones, independientemente de si algún interés sectorial pudo haber movilizado a los autores a solicitar esa modificación en este momento.
Aunque quienes resisten las modificaciones aconsejadas se empeñan en señalarlo como si de veras fuera lo importante, ese supuesto oportunismo que pueda existir en el planteo es un asunto muy secundario respecto del fondo de la cuestión.
La tarea de los legisladores, y aún de quienes pueden resultar afectados por un cambio de este tipo, es ahondar en el análisis respecto de lo que la reforma puede implicar para la ciudadanía y, en ese caso, si su consecuencia puede ser positiva para la comunidad.
La discusión respecto de si el proyecto de Luciano Di Nápoli (La Cámpora) beneficia o no a Eduardo Aguirre (actual defensor general) y perjudica a Mario Bongianino (actual Procurador) no es de ningún modo central, ya que el asunto debe ser mirado con ojos que superen esos personalismos y aborden la problemática desde una mirada de Estado.
En ese sentido, parecen no quedar dudas de que el proyecto está orientado a revertir la concentración de funciones, tanto desde el punto de vista técnico como político y administrativo.
Aunque es comprensible que en principio exista una discusión o resistencia -reacciones que siempre aparecen ante la posibilidad de un cambio- la separación de funciones asoma como un diseño institucional más razonable, que debe ser estudiado y definido no pensando única y exclusivamente en este momento y en quiénes son las personas involucradas, sino en el bien común y en el futuro de la provincia.
