La iniciativa de Luciano Di Nápoli (La Cámpora), que consta de unas 60 páginas, tiene el respaldo explícito del gobierno nacional, y más precisamente del Ministerio de Seguridad a cargo de Nilda Garré. Propone modificaciones en la Policía, en el “patronato de liberados” y en la seguridad privada.
Se mueve el tablero de la Seguridad en La Pampa: el diputado Luciano Di Nápoli -que es parte de la agrupación La Cámpora- presentó ayer un proyecto que propone un cambio de paradigma en la materia.
Se trata, en principio, de una modificación de la actual Ley Orgánica de la Policía, que es originaria de la época de la dictadura militar, pero la iniciativa es más ambiciosa y se extiende a otros aspectos y ámbitos de la Seguridad.
El proyecto prevé -entre otras cosas- que la Policía de la provincia sea manejada por civiles (tanto el jefe como el subjefe y los responsables de las 4 unidades regionales). Incluso se establece que nadie que haya pasado por la Policía podrá estar a cargo de su conducción política.
La iniciativa propone que el actual “patronato de liberados” (un nombre al que el proyecto considera “anacrónico y paternalista”) pase a ser una unidad dependiente del Estado para la “Reintegración Social”; que se forme una junta evaluadora para determinar los ascensos policiales y que exista un escalafón único dentro de la fuerza, para evitar la discriminación entre oficiales y suboficiales (“conductores y tropa”).
Di Nápoli, que es parte del bloque del Partido Justicialista, instala la idea de que exista una auditoría interna en la Policía, para que las investigaciones y sumarios -que actualmente hace la propia fuerza- queden en manos de un civil especializado en la materia.
Otros dos detalles del proyecto: los efectivos serían desarmados cuando estén fuera de servicio y -bajo el principio de “no represalia”- aquellos policías que planteen algún reclamo o denuncia contra sus superiores, no podrían ser trasladados.
También se hace hincapié en la necesidad de implementar la perspectiva de género dentro de la Policía y se pone bajo otra vigilancia y control a la “seguridad privada” (que está regida actualmente por una ley del año ‘84). Entre otras propuestas, se impide que trabajen en el área de la “seguridad privada” a quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad.
El proyecto de ley propone la creación de un Observatorio de Violencia Familiar y de Género y de otro Observatorio para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles.
Además se incluye en el “Sistema Público de Seguridad” un Programa Integral de Desarme Civil.
Desde hace meses el legislador y algunos de sus asesores vienen trabajando en la iniciativa, que además cuenta con el explícito respaldo del gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad que encabeza Nilda Garré.
El proyecto -que ingresó ayer- tiene más de 60 páginas explicativas y de fundamentos. Está dividido en 8 títulos.
El Sistema Público
De acuerdo al proyecto, el Sistema Público de Seguridad -que dependería del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad- estaría integrado por la Subsecretaria de Gobierno, Justicia y Seguridad.; la Policía; la Dirección de Defensa Civil; el Cuerpo de Guarda Faunas; la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para la Reintegración Social (un organismo que actualmente no existe en la órbita estatal, y que en todo caso está representado por el “Patronato de Liberados”, que motoriza una asociación civil), los cuerpos de Bomberos, el Consejo Provincial de Tránsito, el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito, el Registro Provincial de Armas, la Auditoria General de Asuntos Internos (un organismo que se crearía para encargarse de sumarios e investigaciones dentro de la Policía), la Dirección de Control de Prestadores Privados de Seguridad y el Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes (IPESA).
Se deja en claro que este último organismo depende del Ministerio de Bienestar Social, y que su integración dentro del Sistema de Seguridad Pública no implicaría una subordinación funcional ni institucional, sino a los fines de elaborar planes estratégicos en la materia.
DI Nápoli considera que es necesario que exista una unidad para la “reitegración social” en manos del Estado: “es una función indelegable”, afirmó. Actualmente el Patronato de Liberados se solventa con subsidios oficiales, pero es manejado por una entidad civil, que además en su mayoría está integrada por funcionarios judiciales.
Ese organismo, según la propuesta, estaría integrado por al menos un licenciado en Sicología, un licenciado en Trabajo Social, un médico y un abogado.
La conducción
Uno de los artículos que ya anticipa un debate es el número 23, que propone la conducción civil de la fuerza.
“La Policía de la Provincia de La Pampa se encuentra subordinada plenamente a la autoridad constitucional. Los cargos de Jefe, Subjefe y Titulares de las Unidades Regionales de la Policía de la Provincia de La Pampa serán desempeñados por funcionarios designados por el ministro (…). Los funcionarios designados deberán acreditar título de universidad nacional o extranjera en el área de las ciencias sociales, humanísticas o jurídicas”.
El artículo 24 señala: “No podrán acceder a estos cargos las personas que hayan tenido en algún momento Estado Policial o hubiesen sido miembros de algunas de las Fuerzas Armadas del país o del extranjero. Tampoco podrán desempeñarse en estos cargos las personas condenadas por violaciones a los Derechos Humanos en el país o en el extranjero (…) Se entiende por Estado Policial la situación jurídica resultante del conjunto de derechos, deberes y obligaciones del personal, tanto en actividad como en situación de retiro de cualquier Fuerza de Seguridad o Policial del país y/o el extranjero”.
Participación y protección
El proyecto afirma que “la participación ciudadana deberá ser un pilar fundamental en el esquema que diseñe el Plan de Política Criminal y Prevención del Delito”.
Añade que la Subsecretaría de Gobierno, Justicia y Seguridad diseñará un programa de protección de denunciantes y testigos “que hayan puesto en conocimiento de las autoridades competentes o efectuado denuncias judiciales, por hechos de corrupción y/o delitos presumiblemente cometidos por miembros o ex miembros” de la fuerza policial. El objetivo es “brindar protección identitaria, laboral, familiar y económica a los denunciantes y/o testigos referidos”.
La Auditoría
La Auditoría General de Asuntos Internos es uno de los organismos a crear que propone el proyecto de ley sobre el Sistema Público de Seguridad. Se organizará con personal civil.
Tendría a su cargo -a grandes rasgos- prevenir faltas disciplinarias, propiciar capacitaciones e investigar las conductas de efectivos policiales.
La iniciativa prohibe ser miembro de la Auditoria a quienes estén incursos en violaciones a los Derechos Humanos. Se pide que el Auditor tenga 30 años complidos, 5 años de
ejercicio de la abogacía o en un organismo judicial, y acreditar experiencia de al menos 3 años en organismos de Derechos Humanos.
Se establece que la designación del Auditor General se efectuará previo concurso de oposición y antecedentes y durará en ejercicio de sus funciones un período de 5 años.
Escalafón único, junta evaluadora y género
Entre otros aspectos que modificarían el actual estado de cosas en la Policía provincial, el proyecto del Sistema Público de Seguridad prevé un escalafón único, para evitar la actual discriminación que existe entre oficiales y suboficiales, y la creación de una junta evaluadora que determine los ascensos.
El actual sistema, mediante el que existen dos escuelas distintas, diferencia entre aquellos que están destinados a “la conducción” y quienes serán siempre “la tropa”.
La categoría única del Escalafón General Policial prevista en el proyecto cuenta con los siguientes grados en orden jerárquico creciente: a) Oficial Ayudante; b) Oficial Principal; c) Oficial Mayor; d) Oficial Jefe; e) Subinspector; f) Inspector; g) Comisionado Mayor; h) Comisionado General.
Para acceder al grado de Comisionado Mayor y Comisionado General deberá contarse indefectiblemente con título universitario.
La iniciativa establece requisitos para la promoción a un grado superior dentro de la carrera.
Se crearía un Comité de Evaluación para calificar al personal policial.
Se integraría por el secretario de Derechos Humanos de la provincia, el subsecretario de Gobierno, Justicia y Seguridad, el Jefe de Policía, el Subjefe de Policía, 2 funcionarios designados por el subsecretario de Gobierno, que revistan en el Escalafón General Policial; un miembro de Fuerzas de Seguridad o Policial de la Nación, uno de alguna de las Policías Provinciales (en especial limítrofes) con La Pampa, el procurador general, el defensor general, el asesor de Menores y un profesor del área de Derecho Público de la Universidad Nacional de La Pampa.
Otro artículo del proyecto señala: “El personal de la Policía de la Provincia de La Pampa se integrará de forma proporcional y equilibrada en la representación de ambos géneros en todos los niveles y áreas de la Institución. La reglamentación de la presente Ley promoverá la modificación de los patrones socioculturales estereotipados, con el objeto de eliminar prácticas y discursos basados en el principio de superioridad de cualquiera de los géneros dentro de la Policía”.
Se alienta a “Fomentar la plena integración de las mujeres en los puestos de mando y control respetando el régimen de carrera y el plan de ascensos”, y a “instituir y fomentar las acciones y disposiciones legales concretas tendientes a garantizar la paridad entre el trabajo realizado y la remuneración recibida en su consecuencia, entre hombres y mujeres”.
Se advierte que hay que “prohibir todas las prácticas que impliquen cualquier forma de segregación y discriminación por estado civil o maternidad” y “respetar y avalar la decisión del personal de la Institución en contraer matrimonio con personas del mismo sexo”.
