Carlés recordó que el Código Penal argentino tiene 93 años y ha tenido más de 900 reformas. Dijo que en la región y buena parte del mundo se vislumbra una «militarización» y un «punitivismo globalizado».
Uno de los debates políticos que se generó este año y que mayor presencia tuvo en los grandes medios de comunicación está relacionado con la posibilidad de reforma del Código Penal argentino, un cambio «necesario» y que apunta a generar un castigo «más equitativo» entre poderosos y desamparados, según afirmó el jurista Roberto Manuel Carlés.
El abogado, de 32 años, es coordinador de la comisión para la elaboración del anteproyecto de reforma al actual Código y ayer estuvo en esta ciudad para una charla y debate en la Universidad Nacional de La Pampa (Unlpam).
Carlés asistó a esa casa de altos estudios en el marco de la invitación cursada a universidades públicas y privadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para que en el término de tres meses expidan una opinión sobre el anteproyecto. También se invitó a sumarse a organizaciones no gubernamentales y asociaciones de magistrados y de abogados para proponer modificaciones. La comisión recibirá las sugerencias y realizará los cambios o argumentaciones que considere necesarios a partir de las propuestas.
«La dificultad en el debate sobre la reforma que impulsamos tiene que ver con intereses de cada sector, para las empresas la cuestión de la criminalidad económica será de interés y para otros sectores lo que los afecte. La intención es distribuir el castigo de forma más equitativa, de modo que el rico y el poderoso, que quien quizá contamine un río con su empresa tenga tanto temor como el pibe se roba un sandwich. Eso es positivo porque eso iguala, pero lo que no se debe creer es que con una reforma vamos a solucionar los problemas ambientales, los accidentes de tránsito o la violencia de género», analizó Carlés en una charla con LA ARENA.
«El sistema penal llega tarde, está claro que el Código nos va a dar una mayor prevención de esos hechos, pero no va a evitar que sucedan», añadió el especialista.

«Marketing».
Con el surgimiento del anteproyecto, del que participaron distintos especialistas y representantes del poder político y judicial, también se instaló una campaña que, según Carlés, fue solo de «marketing» y se basó en «mentiras y difamaciones».
«En un principio la campaña difamatoria generó desconcierto en los sectores políticos, incluso en algunos referentes que participaron de la Comisión, pero con el tiempo se fue conociendo lo burdo de la propuesta y entonces perdió fuerza. Creo que fue tan básico y burdo el ataque que en alguna medida le jugó en contra a esa misma campaña de marketing político, porque decir cosas como que con el nuevo Código (el represor Jorge Rafael) Videla quedaba libre o que se iban a liberar 17 mil asesinos y violadores no tiene sustento más que el impacto momentáneo. No hace falta ser demasiado precavido para darse cuenta que una comisión plural y de prestigio como la que se conformó no va a hacer semejante disparate de propuesta», afirmó.
Carlés celebró que, en la medida que se fue conociendo el anteproyecto, esa campaña impulsada básicamente por el Frente Renovador encabezado por Sergio Massa y acompañada por los medios hegemónicos, «fue perdiendo impacto».
«El tenor que tuvo el predicamento permanente de las mentiras hizo que el tema se instalara en la sociedad, así que se fueron rebatiendo esas difamaciones y finalmente pasamos a lo importante, que es discutir de las cosas que no se hablan», sostuvo el jurista.

«Punitivismo».
Tras la charla con este diario, Carlés expuso en el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Estuvo acompañado por los abogados Andrés Olié y Alejandro Osio, docentes de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias, y entre el público estuvieron, entre otros; el intendente Luis Larrañaga, el fiscal Juan Carlos Carola, la diputada provincial Sandra Fonseca y el comisario José Ayala, del Instituto Superior Policial.
Carlés hizo un pormenorizado recorrido por la historia y origen del Código Penal argentino, que en sus 93 años tuvo más de 900 reformas, y amplió su visión a lo que sucede no solo en el país sino en la región y buena parte del mundo, en donde se vislumbra una «militarización» y un «punitivismo globalizado».
«Está claro que considerar el robo de una vaca igual que matar a una persona es un mensaje peligroso para la sociedad. Nuestro Código necesita cambios pero no eso no implica abrir la puerta a una inflación punitiva. Muchos sectores que salieron a bombardear la reforma lo que en realidad proponen es una sociedad excluyente, tampoco es que generando una mayor inclusión social el número de delitos baje rápidamente, el tema es mucho más complejo, porque además hoy existe una política criminal globalizada y son los países poderosos los que imponen sus leyes a países emergentes o en desarrollo, como sucede con la guerra al
narcotráfico o contra el terrorismo.», señaló.
En ese marco, Carlés calificó como «un engendro» la Ley Antiterrorista que impulsó el Gobierno y dijo que «el flujo monetario, el flujo de información (ciberdelitos) y el flujo migratorio está hoy en la agenda como cuestiones que se deben afrontar con otra legislación».
En el final, el abogado reivindicó el trabajo hecho por la Comisión y advirtió sobre el peligro de interrumpir esa tarea. «No puede pasar inadvertido que en dos años se consensuaron cambios con distintos sectores a partir de una política de Estado, y que eso se vea frustrado por un pícaro oportunista no hablaría para nada bien de nosotros como sociedad. Olvidémonos de un futuro de país con políticas de Estado serias si esto llega a suceder», concluyó.

El efecto de la ley Blumberg.
Carlés aseguró que «el golpe de gracia» que sufrió el actual Código Penal lo recibió con la denominada ley Blumberg, cuando se introdujeron reformas penales fogoneadas desde distintos sectores y que, en ese caso, obtuvieron «un clamor masivo» a partir de marchas tras el secuestro y asesinato del joven Axel Blumberg.
«La ley Blumberg llenó de incoherencias nuestro Código, fue el golpe de gracia en ese 2004 en el cual había un gobierno que necesitaba fuerza. En ese caso se dio a la inversa de lo que sucede históricamente, cuando los sectores de poder son los que influyen para las reformas y luego lo sufre la sociedad. En esa oportunidad fue el reclamo masivo, más que popular, el que motorizó la modificación y los cambios», expresó.
Carlés recordó el proceso de reclamo de «mano dura» se inició durante la gestión de Carlos Menem y alcanzó su «modelo arquetípico» con Carlos Ruckauf, quien como gobernador de la provincia de Buenos Aires nombró al ex jefe carapintada Aldo Rico como ministro de Seguridad y reclamó «meter balas a los delincuentes».

Charla y debates.
El lunes próximo, a las 19, la ex diputada nacional socialista e integrante de la comisión redactora del anteproyecto de ley, María Elena Barbagelata, brindará una charla en la Facultad. Además, el viernes 4 de julio se desarrollará un foro de debate público con comisiones temáticas conformadas de acuerdo a lo relevado en el primer encuentro, para una reflexión y discusión más profunda y específica del anteproyecto. Para aportar opiniones, ideas, críticas y otros aportes al anteproyecto; escribir al correo: reformacodigopenal@eco.unlpam.edu.ar

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