El joven Franco Montenegro está alojado en el penal de “máxima seguridad” de Marcos Paz. «Pide plata porque los presos le dicen que sino le va a pasar algo», dice la familia y cuenta su calvario.
“Tenemos miedo por tantas cosas que les hacen allá”, dice Natalia Montenegro, la hermana de un preso pampeano, Franco Manuel, que hace seis meses fue trasladado a un penal de máxima seguridad del país, en Marcos Paz, a 600 kilómetros de Santa Rosa, sin que siquiera el Servicio Penitenciario Federal le avisara con anterioridad a la familia.
“No tenemos los medios para ir a visitarlo”, lamenta. Además, confiesa que está desesperada por la posibilidad de que a su hermano le suceda algo grave por la situación complicada y los peligros que encierra una de las prisiones de máxima seguridad del país.
Montenegro está detrás de la suerte del hábeas corpus que presentó el defensor general Eduardo Aguirre para que el Servicio Penitenciario Federal ordene la repatriación de los presos pampeanos que cumplen condenas lejos de sus ámbitos familiares y sociales, fuera de la provincia.
No le alcanzan las palabras para describir el sufrimiento de sus padres. Por la situación económica que tienen, están impedidos de visitar a su hijo con asiduidad. Tienen que desembolsar 1.200 pesos solamente de pasaje, sin contar con el gasto de un hotel, ya que no tienen familiares en Buenos Aires. Y solo pueden acceder a dos horas de visita en el penal bonaerense.
Amenazado y sin visitas
Franco Montenegro tiene 19 años y fue condenado a seis años de prisión, junto a dos cómplices, por el frustrado asalto a mano armada a la familia Garmendia, en Villa Martita, Santa Rosa, el pasado 7 de marzo. Estuvo detenido en la Alcaidía de Policía de Santa Rosa. Pero hace seis meses, de madrugada, lo trasladaron a Marcos Paz.
“Los llevaron engañados. Les dijeron que los llevaban a la 30 y cuando vieron que era largo el camino se dieron cuenta que los mandaban a otro lado. Se llevaron a cuatro de la Alcaidía”, cuenta su hermana, Natalia. “Lo hicieron sin avisarnos nada. Ese día fuimos a la visita y se lo habían llevado a la madrugada”, dice.
Según la chica, su hermano, con buena conducta, podría salir en libertad condicional en tres años y seis meses. Desde el traslado, la vida de la familia Montenegro y del propio detenido se convirtió en un calvario. “Mis viejos reciben amenazas de los mismos presos o de los penitenciarios. Le han sacado todo, la ropa. Le sacaron las únicas zapatillas que tenía, está en patas”, asegura. “Mi hermano los llama pidiendo plata porque los otros presos le dicen que le va a pasar algo”, cuenta.
Lejos y con temor
La familia Montenegro vive en el barrio Fonavi 25. El padre está operado hace poco de una hernia de disco y no puede movilizarse. La madre tuvo un pico de presión hace unas semanas y tiene parálisis en el rostro. Natalia cree que eso sucedió producto de la amargura que atraviesa por el caso de su hijo.
La familia no tiene dinero como para ir a visitarlo seguido a Marcos Paz. “Queremos que cumpla la condena acá. No tenemos los medios para movernos a verlo”, implora la chica. “Acá te dicen que no hay lugar, pero la Colonia Penal está llena de (presos) porteños. Nos dijeron que es porque los penitenciarios cobran viáticos en cada traslado”, añade.
“En la Alcaidía nos dijeron que vino la orden de arriba, pero nadie te dice nada, se pasan la pelota. Han llevado afuera a muchos presos de Santa Rosa que tienen condenas cortas, no son largas. A partir de los ocho años los pueden mandar afuera, pero con condenas chicas tienen que dejarlos acá”, protesta.
“Nosotros tenemos miedo por tantas cosas que les hacen allá. Si le pasa algo… ¿alguien se va a hacer cargo? Nadie, si ni siquiera sabemos quién lo mandó para allá”, lamenta.
Hábeas corpus
Natalia Montenegro y otros familiares de presos pampeanos que fueron trasladados a prisiones fuera de la provincia intentaron participar en la audiencia que el Tribunal de Impugnación Penal realizó el pasado 30 de octubre, con la presencia de autoridades del Gobierno Provincial, del SPF y de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Allí se trató el “hábeas corpus” que impulsó el defensor general Eduardo Aguirre para que los presos cumplan las condenas cerca de sus ámbitos familiares.
El “hábeas corpus” colectivo reclama que los presos pampeanos que están en otras cárceles del país sean trasladados a las penitenciarías de Santa Rosa y General Pico. El director de la U4, Juan Carlos Céspedes, al hacer uso de la palabra dijo que no decidían sobre el destino de los detenidos. Explicó que es una potestad de los niveles superiores del Servicio Penitenciario Federal. En la misma línea fue la exposición del ministro César Rodríguez.
Los familiares no pudieron ingresar a la reunión y les dijeron que deberán aguardar la resolución del Tribunal de Impugnación Penal.
