Luego de que en el pasado mes de julio se realizara la Asamblea Fundacional del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA), la Unidad 4 con asiento en la capital pampeana se convertirá esta semana en la sede del gremio que nucleará a todas las cárceles del sur del país.
En diálogo con El Diario desde la Colonia Penal, el futuro secretario general de la Sede Regional Sur -Hernán Murray- contó que el SUTPLA tiene como objetivo “la protección y promoción de los derechos de aquellos trabajadores que se encuentran de manera total o parcialmente privados de su libertad ambulatoria, prestan servicios en los diversos establecimientos penitenciarios federales, como así también provinciales”.
La asamblea fundacional se realizó en el Centro Universitario Devoto el 13 de julio de este año y del acto participaron Hugo Yasky y Gustavo Rollandi, el secretario general y secretario de organización respectivamente de la CTA a nivel nacional. “También tenemos el apoyo y el acompañamiento de la presidenta Cristina”, destacó Murray
Trabajos de carpintería, armado de bolsas, sastrería, plomería, electricidad, panadería, mecánica, entre otros, son algunas de las tareas que se realizan en todas las unidades penales de la Argentina. Actualmente, en la U-4 hay unos 600 internos de los cuales al menos la mitad se desempeñan en algunas de esas actividades. A nivel nacional hay unos 3.500 reclusos cumpliendo muchas de esas funciones.
En la conducción local y regional del gremio, Murray estará acompañado por Gustavo Flod. La jurisdicción de la Sede Regional Sur alcanzará las provincias de La Pampa, Chubut, Río Gallegos, Neuquén y Río Negro. En las cinco provincias hay unas siete cárceles en total.
– ¿Qué falta para la conformación de la Sede Regional?, le consultó El Diario a Murray.
– En estos días ya está saliendo todo, de la CTA local nos está dando una mano Walter Montenegro. Calculamos que esta misma semana firmaríamos el estatuto. Nosotros a lo que aspiramos es a conseguir todos los derechos que los presos tienen y que hoy les son negados.
– ¿Cómo sería el funcionamiento de la sede?
– De la misma manera que ocurre con otros sindicatos en el país. Vamos a poder recorrer las cárceles viendo las inquietudes y los problemas de nuestros compañeros y a su vez en cada una de ellas vamos a tener delegados que nos representen.
– Puntualmente, ¿cuáles van a ser los reclamos básicos?
– De acuerdo a lo que se estableció en la asamblea fundacional, se nos va a garantizar el Salario Mínimo Vital y Móvil (2.670 pesos en la actualidad, 2.975 en febrero del año que viene), el salario familiar, el nacimiento de un hijo, la escolaridad, la obra social para la familia que está afuera, pasajes para gente que tiene a sus familiares recluidos en cárceles alejadas, descuentos en hoteles, un Departamento Jurídico Gratuito, un Departamento Psicológico también gratuito… incluso ya se está armando una cooperativa para cuando los que estamos privados de la libertad y la recuperemos podamos reinsertarnos laboralmente consiguiendo puestos de trabajo, que por ahí es una de las causas que hacen que se vuelva a reincidir en el delito.
– ¿Cómo quedarían garantizadas esas prestaciones y el aporte del salario mínimo?
– Bueno… el funcionamiento es igual que el resto de los sindicatos como ya dije, donde a cada afiliado se le practicará un descuento. El Salario Mínimo Vital y Móvil será aportado por el Gobierno Nacional a través de los fondos que se giran al ENCOPE, que es un ente del Servicio Penitenciario Federal a donde se bajan los gastos justamente para el funcionamiento del Servicio Penitenciario.
Desigualdades y
manejo arbitrario
Por primera vez en la historia de nuestro país, las personas privadas de su libertad que se desempeñan como trabajadores en los distintos establecimientos formaron un sindicato propio, con el objetivo, no sólo de revertir las desigualdades laborales que sufren, sino también de contrarrestar lo que denuncian como un manejo arbitrario de fondos, que actualmente son administrados por el Servicio Penitenciario Federal.
El propósito de la flamante entidad es la protección de los derechos laborales de los internos que prestan servicios en los talleres, tanto en los establecimientos penitenciarios federales, como también en los provinciales.
Actualmente, el sistema de remuneración en los penales de la órbita federal se denomina “peculio” y contempla una paga de $ 11,50 por hora trabajada. De todas formas, es mejor que en losestablecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense donde, según denuncian quienes están allí alojados, pagan el trabajo mensual con dos tarjetas telefónicas con 5 pesos de carga.
Existen también diferencias entre penados y procesados. Los primeros tienen la obligación de trabajar como parte del tratamiento de reinserción social y de ejecución de la pena. Para los procesados, el trabajo es un derecho. A ambos se les retenía un porcentaje del salario inversamente proporcional a su situación legal: los procesados podían disponer de 70% de su remuneración y el restante 30 quedaba como una reserva en poder del Ente Cooperativo Penitenciario (ENCOPE), que es el órgano encargado de administrar el dinero puertas adentro.
Ese disponible, que está lejos del salario mínimo, vital y móvil, es retirado por algún familiar que mediante un cheque lo cobra en alguna entidad bancaria. Pero el problema identificado fue el sistema de distribución de esa paga que debe ser equivalente a 200 horas trabajadas por mes. Según reveló el secretario general del SUTPLA, “en promedio se pagan sólo 150 horas, aunque no se correspondan con las asentadas en los libros del ENCOPE, que están dibujados”. Creado por ley, este ente está exento de impuestos y su auditoría es realizada por los integrantes del SPF. Hortel indicó a Tiempo Argentino que además reciben controles de la SIGEN, de la Oficina Anticorrupción, además del Ministerio de Justicia, por lo que descartó que actualmente se registren irregularidades, algo que en el pasado sucedía con los “fondos de reserva”, que aseguró ya fueron dejados sin efecto. Muchos de los internos que salían en libertad desconocían que podían tramitar el cobro de la reserva, dinero que a partir del tercer mes quedaba para el SPF.
“Siempre se cobra a mes vencido, pero el primer mes lo guardan y además pagan con retraso de 15 días. No hay asignaciones familiares, obra social, ni ART. Se hacen los descuentos para la ANSeS, pero el dinero nunca se deposita, por lo que no hay aportes previsionales”, denunció Díaz, que además detalló la falta de elementos de seguridad e higiene para las tareas que realizan.
El grueso de los trabajadores en Devoto arma bolsas de papel madera con manijas de hilo sisal que son luego comercializadas, además de reparar, ordenar, limpiar y mantener todas las áreas penitenciarias. En ese contexto, desde el sindicato concluyeron que con la diferencia de horas pagadas, el dinero que no perciben llega casi a 500.000 pesos mensuales, lo que hace un monto de casi 6 millones de pesos al año. “Como gremio queremos sentarnos con el ENCOPE para control de gestión”, sostuvo Díaz. “Vamos a ir parte por parte haciendo distintas reivindicaciones de una manera ordenada y pacífica, pero el sindicato es una realidad que no van a poder contrarrestar”, concluyó el gremialista.
