Las comisarías y alcaidías de la provincia están superpobladas y la proyección para los próximos meses y años es “alarmante y pesimista”, según la evaluación que se hace desde el observatorio propio de la Defensa Pública.

Un informe que se presentará este jueves en sociedad, durante un encuentro en la Universidad Nacional de La Pampa (ver aparte) muestra que hay 237 detenidos en comisarías y alcaidías pampeanas. El informe no incluye las cárceles del Servicio Penitenciario Federal.

Alejandro Osio, defensor de Ejecución, reveló además que en los últimos 6 meses las prisiones preventivas efectivas aumentaron un 34%. El crecimiento se dio en forma paralela a la acentucación del discurso oficial de mano dura y el reclamo concreto del Ejecutivo provincial para que los detenidos por distintos delitos “no entren por una puerta y salgan por otra”.

Hace dos años, el sistema carcelario provincial tenía vacantes entre el 40 y el 60 por ciento de los lugares de alojamiento de detenidos. Esos números se dieron vuelta radicalmente: ahora las vacantes reales se superan en un 30 o 40 por ciento, explicó Osio al presentar el informe.

237 detenidos

Osio explicó que de acuerdo a los últimos números oficiales, había en la provincia 237 detenidos. Las vacantes son 244. Pero hay un detalle elemental: en ese número se cuentan comisarías o delegaciones en las que no hay alojados detenidos, por lo que hay sobrepoblación donde sí los hay.

Osio aclaró respecto de los números oficiales que además “hay una diferencia que en la práctica no es tanta entre detenidos y demorados, que participan entre 12 y 72 horas como “demorados” y no entran en la numerología de detenidos”, dijo en declaraciones a www.radiokermes.com

El lunes, desde la Defensoría, se presentó un hábeas corpus por la situación de los detenidos en la comisaría de Eduardo Castex. El planteo fue casi calcado al que se hizo respecto de la Seccional Segunda de Santa Rosa, a raíz del cual la jueza Florencia Maza ordenó el desalojo.

En Castex, se constataron condiciones similares: además del hacinamiento no hay colchones suficientes (en realidad hay uno solo), no hay utensilios para la comida, ni elementos de higiene personal o para el lugar, tampoco no hay ropa suficiente y se encontró a una persona lesionada que no era revisada por un médico.

Aumento “alarmante”

A la hora de evaluar lo que ocurre, el defensor de Ejecución no duda: “el aumento de la numerología es alarmante y la proyección pesimista”, aseveró. Ratificó que los informes oficiales de la Provincia a la Procuración Penitenciaria de la Nación, al año 2012 y en relación a la cantidad de vacantes, señalaban un “sobrante” del 40 al 60 por ciento en todos los lugares de alojamiento. “Esos números hoy se han invertido: están superadas entre 30 y 40 por ciento los lugares de detención, eso ocurrió en dos años y es más que alarmante si uno prolonga esa proyección”, insistió Osio.

“Hay números que complican el cuadro. En el último semestre aumentó el 34% la prisión preventiva. Ese porcentaje, proyectado en uno o dos años más, con el actual alojamiento, torna preocupante la situación de los presos preventivos y condenados”, dijo el funcionario.

Consultado respecto de la relación de esos incrementos con la ofensiva política del gobierno provincial pidiendo mano dura, indicó: “Estamos al tanto de los planteos políticos, los diseños de política criminal a veces se anuncian en determinado sentido y cuando se hacen prácticos producen efectos en el sistema que pueden ser escalofriantes y de inestabilidad. No va a haber lugar donde poner detenidos. Está todo sobrepoblado y al borde del hacinamiento. Eso se condena en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo tanto hasta puede ponerse en juego la responsabilidad internacional del Estado como pasó alguna vez ya en la provincia de Buenos Aires”.

– ¿Existe realmente un diseño de política criminal, y los defensores son consultados a ese efecto? -le preguntaron a Osio en www.radiokermes.com
– Sin caer en esquemas políticos de construcción de una política determinada, dejando al margen lo que pensamos, vemos que si hay un diseño de política criminal no está siendo demasiado estratégico o no tiene los fines suficientemente claros como para proyectar una política pública integral. Se ve un claro ziig-zag en la cantidad de detención de personas, los motivos, el tiempo por el que son privadas de la libertad y eso no se materializa luego en las condenas. Por lo tanto no están claros los fines de la política criminal, más allá de que haya diseñada alguna o no. Y no, el defensor general no es consultado por esta práctica. Hace 15 o 20 días hubo una instancia de diálogo entre alguien del Ministerio y la Defensoría General. Desconozco los pormenores, pero se abrió una instancia de diálogo, habría que ver si se va a sostener en el tiempo.

– ¿Varió algo a partir de la intervención judicial con el desalojo de la Seccional Segunda, se modificaron conductas?
– En el ámbito de la Ejecución penal, no. Más allá de los ribetes que se pudieron desatar, que no eran el fin, luego de eso a los 15 o 20 días hubo que hacer lo mismo por la comisaría de Victorica, ahora presentamos un hábeas corpus calcado por la comisaría de Castex, la semana pasada hubo algo parecido por la Seccional Tercera de Santa Rosa. La alcaidía está superpoblada también. Es un problema en clave de Derechos Humanos, el estado no es que tiene la opción de asegurar condiciones dignas de detención, sino que tiene la obligación. Cuando hay más presos de los que se pueden tener, es un problema de Derechos Humanos.

– ¿Qué opina de los medios de comunicación que estimulan la necesidad de más detenidos, o que califican a algunos sectores, como por ejemplo el llamado “Grupo de los 25”?
– Desconozco las bases o las fuentes de eso, o si existe. Me parece que se incluye en lo que (Eugenio) Zaffaroni en varios de sus libros denomina como la criminología mediática: hay determinada delincuencia que produce determinado daño social hacia determinados bienes jurídicos que son aumentados en cantidad, en tamaño y en repetición por los medios de comunicación con el fin de impactar sobre la persecución penal o sobre la selectividad propia del sistema penal. Desde los medios, se puede ver con estudios comparativos, de cómo aumenta o disminuye la prisión preventiva. Algunas influencias tiene y algún diseño se puede producir desde los medios.

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