Los internos están alojados hasta en la cocina, el comedor, las salas de requisa y las oficinas de penal ubicado en la calle Liberato Rosas. El director del establecimiento advierte que podrían producirse fugas por la falta de seguridad en esos sitios.
El juez de Ejecución Penal, Martín Saravia, envió una nota al ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de la provincia en la que lo instó a tomar medidas para resolver la problemática de la superpoblación carcelaria en la Alcaidía de Santa Rosa y las comisarías. El magistrado aseguró que existen informes de la propia Policía de La Pampa que dan cuenta que hay presos alojados en sitios no adecuados a ese fin y que podrían producirse fugas por la falta de condiciones de seguridad adecuada.
Saravia viene manteniendo una disputa abierta con las autoridades locales del Servicio Penitenciario Federal, específicamente, la Unidad 4, a las que acusa de incumplir un convenio que provincia firmó con Nación para que un sector de ese penal sea destinado al alojamiento de personas condenadas por la Justicia pampeana. Haciendo caso omiso de lo acordado, el SPF rechaza a los presos pampeanos y sigue recibiendo a personas condenadas en otros distritos del país, como la provincia de Buenos Aires.

Hacinamiento.
A su vez, el 25 de febrero de este año ordenó que en los extremos este y oeste de los pabellones del mismo nombre de la Alcaidía de esta ciudad no se alojaran más de cuatro personas por pabellón. Incluso ordenó realojar a los demás internos en otras dependencias policiales, en el plazo máximo de 72 horas.
«Teniendo en cuenta que a la fecha no sólo no se ha tomado ningún tipo de medida -a pesar de la orden judicial dada- sino que la situación continúa agravándose, tanto por el hacinamiento en la propia Alcaidía como la generalización de esta problemática en las distintas comisarías de la provincia, a lo que se suma los graves riesgos de fuga que la policía viene denunciando, se solicita su inmediata intervención a los fines de encontrar una urgente solución a esta problemática, ante la inminente imposibilidad de poder incorporar más condenados en el ámbito de la Alcaidía», dijo Saravia en la nota al ministro Leonardo Villalva.

Oficios.
Según los oficios que la propia Policía envió a Saravia, la Alcaidía de Santa Rosa ya no tiene lugar para alojar detenidos y condenados. «En los lugares destinados al alojamiento de internos que revistan por causas contra la integridad sexual y violencia de género están totalmente desbordados en capacidad (…) mientras que en las áreas de alojamientos especiales (cocina, comedor, oficinas, salas de requisa) actualmente existen 14 detenidos, careciendo de medidas de seguridad adecuadas, haciendo constar que estos sectores no fueron diseñados para alojar detenidos, por lo cual es factible que se produzcan evasiones a consecuencia de ello», citó el juez.
La nota que llegó a su juzgado está fechada el 3 de julio de 2015 y fue remitida por el comisario inspector Miguel Oyarce, a cargo de la Alcaidía. «Resulta inviable trasladar nuevos internos a esa unidad (por la Alcaidía), llegándose a un punto límite por falta de infraestructura necesaria», dice otra parte del texto enviado por el funcionario policial a Saravia.
Cinco días después, el magistrado recibió un nuevo oficio donde el responsable de la Alcaidía le informó que había 66 internos purgando sentencia condenatoria en esa dependencia y otros 60 alojados en alcaidías y comisarías del resto de la provincia, claramente por fuera de las garantías prescriptas en la Ley de Ejecución Penal.
«No obstante ello, cabe destacar que se está realizando un esfuerzo superlativo para mantener a dicha población, conforme los escasos recursos que se dispone, aunque existen casos particulares que (…) representan riesgo de evasión», añadía el oficio del 8 de julio. El escrito finalizaba con un pedido para que se permita el ingreso de internos al SPF.

Sanciones al SPF.
Respecto al pedido de la Policía provincial para que se alojen presos pampeanos en la Unidad 4, el juez Saravia informó a Villalva que, ante los incumplimientos de parte del director del SPF, se encontraban en curso ante la Justicia Civil las primeras sanciones pecuniarias y se encontraban en trámite ante los jueces de ejecución penal otras de igual naturaleza, dada la persistencia en los incumplimientos. Cabe recordar que el 29 de mayo de este año, Saravia radicó una denuncia penal contra las autoridades penitenciarias federales, la cual está a cargo del fiscal federal Juan José Baric.

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