¿Todo es válido a la hora de conseguir información?
La pregunta viene a cuento de un reciente hecho ocurrido en la ciudad de General Pico, donde la feroz interna en los tribunales y cierta complicidad de algunos medios y periodistas ponen en juego el precio de la verdad.
El otro diario de la ciudad (La Arena S.A.) publicó en su edición de ayer un artículo de opinión con la firma de la “Redacción” donde ubica a este diario en el mismo lugar que “los gobiernos despóticos” interesados en “obstaculizar la libre circulación de información”.
La insólita acusación tiene que ver con un hecho protagonizado por un columnista de ese diario colega y un fiscal piquense. Todo sucedió luego de que otro funcionario judicial del mismo rango apelara ante el Tribunal de Impugnación Penal la sentencia absolutoria del diputado nacional Roberto Robledo, llevado a juicio por “lesiones leves” en perjuicio de Soledad Barría.
La presentación ingresó una mañana en el TIP, cuando el periódico -a través del columnista- ya había difundido los fundamentos del recurso, publicándolo con citas textuales.
Se trata, casualmente, del mismo fiscal que hace ya varios meses denunció a un empleado judicial y gremialista por “destrucción de documento público”. De la investigación de ese hecho un juez estableció que existió “una filtración” desde el STJ que permitió que un programa televisivo piquense (que casualmente conduce el columnista en cuestión) ventilara fotocopias del expediente con contenido donde el acusado aún no había sido notificado.
De lo que se trata aquí, como dice La Arena, es del manejo de la información pública y de la relación que el periodista entabla con su fuente. Pero no menos cierto es que siempre debe existir un distanciamiento entre el que produce la información y el que la difunde o transforma en noticia.
Mucho más si uno de los involucrados es un funcionario público, que además tiene bajo su órbita el manejo de información sensible que puede afectar a las personas. Un fiscal es, antes que una fuente de información, un servidor público.
Por eso no hay que engañar ni engañarse. Si bien es cierto que la fuente y el periodista tienen a veces objetivos comunes (uno necesita que una información trascienda; el otro, obtener noticias), en determinados casos los primeros filtran una información que les interesa que aparezca y que algunos medios no se pueden resistir a publicar.
En este caso parece obvio que la fuente prácticamente hizo la noticia, sin que el columnista o quien tiene la obligación de someter esa información a “un escrutinio más riguroso” se preguntara por las intenciones o los intereses de la fuente. Una ingenuidad periodística inadmisible.
Más grave resulta cuando una y otra parte pueden llegar a conformar una especie de “sociedad secreta” que se arrogue el derecho de a quién “escrachar” y a quién mantener bajo su halo.
Fue justamente en base a los tironeos en los tribunales piquenses que este diario sentó posición en que el límite de la información pública respecto de una causa judicial está establecido por la ley, pero también por la lógica y el sentido común.
También fue este diario el que repudió -tras una curiosa sugerencia del procurador general a sus subordinados piquenses- que algunos sectores del Poder Judicial pretendieran convertir a sus funcionarios en privilegiados conocedores de datos y precisiones que se le retacean al resto de la sociedad.
Asociar la “línea de conducta” de nuestro diario con la idea de “obstaculizar la libre circulación de la información” no sólo es descabellado sino temerario.
El tema en cuestión obliga a sostener una vez más que al margen de los casos puntuales que se traten no hay motivos para que el Poder Judicial oculte información.
Pero denunciar la existencia de corporaciones mediático-judiciales para defender a ultranza a unos y condenar públicamente a otros -sin asociar esto a un amedrentamiento de las fuentes- no es socavar la tarea periodística. Todo lo contrario.
