La Defensoría del Pueblo y los reclusos llegaron ayer a un acuerdo para que los menores de más de 11 años vayan a vivir con otros familiares, explicó la representante de la Defensoría del Pueblo en La Paz, Teófila Guarachi.
«En caso de no contar con familias extendidas, se consensuará entre los padres y las autoridades para ver los espacios donde se los pueda trasladar», añadió la funcionaria.
Además, se creará una comisión para analizar «caso por caso» la situación de los niños y niñas de 6 y 11 años, que por ahora permanecerán con sus padres en San Pedro, explicó por su parte Ever Quilichi, delegado de los presos de ese centro.
Este acuerdo supondrá la salida de unos cien niños de los alrededor de 250 que viven en la cárcel paceña, dijo Griselda Sillerico, que ejerce interinamente como Defensora del Pueblo.
Sillerico indicó que también se estudiarán mecanismos para garantizar el bienestar y protección de los niños menores de seis años que permanecerán en el penal.
Las normas vigentes establecen que los menores pueden permanecer con sus padres en las cárceles hasta los seis años, siempre y cuando los progenitores tengan la tutela de los hijos y no tengan otros familiares que se puedan hacer cargo de ellos.
El penal de San Pedro, uno de los más grandes de Bolivia, funciona con un sistema de régimen abierto, sin celdas.
Allí, la mayoría de los internos encuentra como puede un lugar donde vivir, incluso comprando espacios a otros reclusos.
El acuerdo se cerró un día después de que la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, anunciara que todos los niños que viven en las cárceles bolivianas deben ser evacuados, previo estudio para determinar si pasarán a tutela de otros familiares o si serán enviados a hogares de acogida.
«Se va a realizar un estudio socio-psico-económico que permita ver si esos niños tienen o no una familia extendida para que pueda darse la tutela de esos niños a sus parientes», afirmó Ayllón.
«El traslado no se va a hacer de la noche a la mañana, estamos hablando de todo un estudio de muchos casos en los nueve departamentos que tiene que hacerse necesariamente a través de las defensorías», agregó.
La ministra se reunió el miércoles con representantes de los Servicios Departamentales de Gestión Social (Sedeges), Régimen Penitenciario, la Policía y el Defensor del Pueblo para analizar el asunto.
Unos 2.100 niños, según datos oficiales, viven en las cárceles de Bolivia, lo que llamó la atención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha señalado que esto es «un hecho único en el mundo».
El tema ha generado polémica en las últimas semanas tras una denuncia del director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, sobre el caso de una niña de 12 años que fue violada varias veces por su padre, su tío y un padrino en la cárcel de San Pedro.
En ese mismo penal hubo recientemente un brote de meningitis durante el cual los reclusos se negaron a que sus hijos fueran evacuados.
La Defensoría del Pueblo también logró la semana pasada un acuerdo con los reclusos del penal de Palmasola, en la ciudad oriental de Santa Cruz, para que hasta diciembre sean evacuados de allí los niños mayores de 6 años.
