La Cámara Federal de La Plata sobreseyó a cuatro acitivistas del Partido Obreroacusados de «extorsión» al bloquear el paso ferroviario a la altura de Avellaneda, en 2010. Reclamaban el pase a planta permanente de trabajadores tercerizados
Se trata de una causa iniciada por una denuncia realizada por el entonces secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi ante el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien había procesado a los cuatro manifestantes por el delito de extorsión e interrupción a los medios de transporte.
Los procesados eran Jorge Darío Hospital, Omar Esteban Merino, Eduardo Belliboni y Miguel Omar Morales, cuyos procesamientos fueron apelados por la abogada Claudia Ferrero.
«La decisión debe ser revocada, pero el hecho merece una mejor descripción, que debe comenzar con la referencia a una constelación de circunstancias no reflejada en este expediente, pero cuya pública notoriedad obliga a no desatenderla si no se quiere resolver a espaldas de lo que todo el mundo conoce», sostiene el fallo al que accedióNoticias Argentinas, mediante el cual la Cámara Federal de La Plata sobreseyó a los cuatro integrantes del PO.
En ese sentido, los jueces tuvieron en cuenta que antes de esa manifestación, y tras el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, hubo una reunión con autoridades y la empresa en la que se acordaron varios puntos, entre ellos, el pase de tercerizados a planta permanente en el ramal Roca.
«La falta de cumplimiento de lo acordado en las resoluciones anteriores y en los plazos allí establecidos impulsó a las personas afectadas a realizar, el día 23 de diciembre de 2010, a las 11:30, una nueva manifestación en las vías próximas a la estación de Avellaneda», señaló en su voto Leopoldo Schiffrin.
En ese sentido, rechazó que haya existido intimidación, puesto que «los manifestantes jamás exigieron la firma de documento alguno ni a UGOFE S.A. ni al Ministerio de Trabajo, sino el cumplimiento de un acuerdo celebrado en la sede del Ministerio de Trabajo entre la UGOFE S.A. y FFCC Belgrano S.A., por un lado, y las empresas subcontratadas, por otro, cuyos plazos estaban vencidos».
«Es preciso subrayar que las manifestaciones en la vía pública forman parte del derecho de reunión y pertenecen a la esencia del sistema de gobierno constitucional y republicano».
Además, el Tribunal criticó al juez Armella por basarse casi exclusivamente como prueba para procesar a los manifestantes en la denuncia presentada por el gobierno nacional y en actas policiales.
