El último informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) indica que la tendencia creciente de la población alojada en las dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF) continuó a lo largo de 2014. En noviembre pasado, alcanzó la suma inédita de 10.519 personas. De ellas, más del 61 por ciento está detenida en forma preventiva.

En cuanto al vínculo entre las jurisdicciones y las detenciones preventivas, la justicia federal es la que registra la tasa más alta (el 75,2% sobre un total de 3904 personas), lo que supera la media en un 14 por ciento; las personas a disposición de la justicia nacional en esa condición, a su vez, son el 55,6%, sobre 5936. En tanto que la justicia provincial muestra una tendencia decreciente: de los 679 alojados en dependencias del SPF, sólo el 27,8% tiene prisión preventiva.

El trabajo, realizado todos los meses por el área de Registro y Bases de Datos de la Procuvin, sistematiza los partes semanales remitidos al organismo por el SPF respecto de la población de las 28 cárceles y las 10 alcaidías que dependen de esa institución en todo el país.

Los jóvenes encarcelados continúan siendo el colectivo más perjudicado por la aplicación de la prisión preventiva, lo que en el informe fue calificado como “preocupante”. El 82% se encontraba en esa situación a noviembre de 2014, lo que implica un incremento ya que en igual mes de 2013 se veía afectado en un 77%. Incluyendo a quienes cuentan con condenas, los detenidos son 444.

Por otra parte,  entre los indicadores vinculados a las mujeres encarceladas no hay mayores variaciones respecto de meses anteriores, manteniéndose estable el número total así como el conjunto de mujeres con hijos en prisión: a la fecha del reporte eran 751 las mujeres privadas de su libertad (7% del total de la población del SPF), de las cuales 42 conviven con uno o más hijos (hay 46 niños viviendo en la cárcel). Un dato alarmante es que casi 7 de cada 10 mujeres se encuentran encarceladas de manera preventiva, lo que también supera el promedio general.

Otra de las cuestiones que consideró el organismo conducido por el fiscal Abel Córdoba fue que el incremento de detenidos y detenidas durante 2014 (724 personas) no fue absorbido por los grandes complejos del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), sino que  en esta oportunidad estuvo distribuido entre las diferentes unidades y colonias del Interior del país.

Finalmente, el reporte deja entrever que “el nuevo código procesal penal tendrá como desafío el descenso de los indicadores de prisionalización preventiva, ya que si bien no resulta un efecto automático de la nueva legislación, debería constituirse en un punto estratégico de su implementación”.