El juez de Menores, Fabricio Gershani Quesada explicó cómo trabajan las áreas involucradas en la primera circunscripción de la Provincia de Catamarca.
Los chicos en conflicto con la Ley Penal representan a un sector de la sociedad que merece una especial atención. Aunque sean chicos y hayan sido protagonistas de hechos delictivos o sean agentes de violencia, en la gran mayoría de los casos, se trata de niños cuyos derechos fueron vulnerados. La privación de la libertad, uno de los temas más cuestionados, pese a que no recibe un análisis profundo, es una medida que se toma en situaciones excepcionales.
De acuerdo a datos recientes, en los primeros 10 meses de este año, 19.500 denuncias ingresaron en la Fiscalía Penal y los Juzgados de Menores. El 66.66% de estas fueron derivadas a la Unidad Fiscal de Delitos Correccionales y en los dos Juzgados de Menores solo se tramitan el 3.33% de las denuncias efectuadas.
En diálogo con Agencia ANITA, Fabricio Gershani Quesada, juez de Menores de la Primera Circunscripción de la Provincia de Catamarca, explicó que en principio, una vez que un chico es privado de la libertad, en el Centro Juvenil es abordado por el equipo interdisciplinario. Luego de una entrevista con una psicóloga, una trabajadora social y el médico del establecimiento, se evalúa cuál es la situación del adolescente, su condición y el programa a seguir, indicó.
«A partir de entonces, ese programa es reenviado al Juzgado de Menores, informando cuál es el tratamiento más adecuado para el adolescente. Hay diferentes tratamientos, de acuerdo a las diferentes problemáticas. Desde el mismo Centro Juvenil se encargan de llevarlo adelante, siempre con el contralor del Ministerio Público y la asesora de Menores que corresponde en la causa, elevando informes trimestrales al Juzgado», comentó.
Además, el Magistrado contó que tanto los chicos como sus familias vienen al Juzgado periódicamente a audiencias. En este sentido, Gershani Quesada aseveró que en el Juzgado se mantiene un contacto directo y más allá del acto procesal. Es decir, cuando los familiares o los adolescentes piden conversar o charlar con el juez se organiza una audiencia y se lo presentan. Además, los Juzgados de Menores cuentan con un equipo técnico que realiza las evaluaciones a los fines de incorporar al proceso, más los informes que elabora el Ministerio de Desarrollo Social a través del intento inmediato de obtener la libertad del adolescente.
«La privación de la libertad es absolutamente excepcional. Sólo corresponde a delitos graves y por el menor tiempo que proceda. Intentamos coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Programa de Acompañamiento y Supervisión en Territorio. Se trabaja con el adolescente que infringió la ley en el ámbito de su comunidad y en plena libertad, de manera de acompañarlo en este proceso y darle las herramientas necesarias para poder seguir en libertad. Si el adolescente fue privado de la libertad, reincidió o tuvo un delito grave y es privado de la libertad, luego del tratamiento que se le propina en el centro juvenil, vuelve a acceder al programa, a los fines de que tenga esa oportunidad de reinsertarse», detalló.
Marco legal vigente
En cuanto a la normativa vigente, el juez Gerhani Quesada remarcó que es absolutamente inconstitucional, de 1980, derivada del paradigma tutelar, que a su vez derivaba de la Ley de Agote. Para el Magistrado, se trata de un régimen que no encuadra en un proceso acusatorio, previsto por la Constitución.
«Está vigente en los textos pero no en la práctica. Actualmente, nos regimos por las normativas internacionales, ante la ausencia de una normativa nuestra, propia de nuestro país, intentando. En la medida de lo posible, (se trata de) adaptar las viejas estructuras a los nuevos paradigmas», comentó.
Ante este panorama, la situación se vuelve complicada, aclaró. Sin embargo, el Juez tiene algo de esperanza. Tal vez el marco legal pueda aportar un poco de luz al proceso, consideró.
«Podrá salir la mejor ley pero si no se cambian las estructuras y, sobre todo, la cabeza de los operadores; pasar de un sistema tutelar a un sistema tutelar, se va a volver una misión imposible en la medida que todos, quienes están de alguna forma metidos o introducidos en el sistema penal, no entiendan que estamos hablando de sujetos de derecho y no de objetos», expresó.
En cuanto a la normativa internacional, indicó que Naciones Unidas dio una serie de directivas y directrices, algunas reglas en relación tanto a la prevención de la delincuencia juvenil como a la reinserción del adolescente una vez que cayó en desgracia. En todas se tiene absolutamente en cuenta la participación comunitaria, destacó.
«De no participar la comunidad, hablar de una reinserción es utópico; roza hasta lo ilógico hablar de un adolescente que se debe reinsertar en un lugar donde no hay sociedad. Todos los programas deben prever la posibilidad de que el adolescente esté en su comunidad, junto con sus afectos, sus amigos y sus vecinos. Por ahí se complica esta situación por la estigmatización que tienen los adolescentes y el sistema penal estigmatiza aún más. Esos trabajos de coordinación con la sociedad se vuelven complicados. Uno puede dictar una medida restaurativa, que tenga el objeto de impedir que el adolescente llegue a proceso penal, en un debate oral y público, y a tales fines ofrece alternativas para que el adolescente dentro de la sociedad pueda desarrollar una vida normal. Sin embargo, al haber estado en un proceso penal, es estigmatizado y las posibilidades se reducen considerablemente», advirtió.
