El procurador general adjunto de la provincia, Emilio Porras Hernández, advirtió que cuando se conocieron las declaraciones del integrante del Consejo de la Magistratura, Eduardo Palacios, con relación al trabajo que realizan los fiscales de Comodoro Rivadavia, “inmediatamente la Procuración accionó los mecanismos para verificar los procesos de trabajo de la Oficina Única del Ministerio Público Fiscal de Comodoro ordenando a la fiscal jefe el control y adecuación de los actos a las directivas existentes”. Palacios escribió en un informe que los fiscales sureños tenían “poco compromiso laboral y poca vocación funcional”.
Por otra parte, Porras Hernández reconoció en su diálogo con Jornada que la ciudad petrolera en particular “es una ciudad donde la demanda del servicio ha superado todas las estructuras existentes”. El magistrado también se refirió a que no hay un discurso garantista, pero admitió que “en los últimos tiempos tuvo mayor amplificación un discurso proimputado en desmedro de una visión equilibrada que contemple el derecho de las víctimas”.
No se manifestó de acuerdo con la baja de imputabilidad de los menores, pero señaló que nuestro país “está en deuda, incluso incumpliendo compromisos internacionales, en cuanto a su mora en sancionar el Código de Responsabilidad Juvenil”. Sostuvo que “la implementación de juicios por jurados culminaría el proceso de reforma iniciado en la provincia en dirección a consolidar el sistema penal acusatorio”.
-¿Qué opinión le merece la opinión del consejero Palacios sobre los fiscales de Comodoro?
-El informe del consejero cobró estado público con su publicación en el diario Jornada. Sin embargo la Procuración General tenía conocimiento del mismo a partir la comunicación cursada por el presidente del Consejo de la Magistratura, que fue acompañada con una copia del informe. Inmediatamente la Procuración accionó los mecanismos para verificar los procesos de trabajo de la Oficina Única del Ministerio Público Fiscal de Comodoro ordenando a la fiscal jefe el control y adecuación de los actos a las directivas existentes.
-¿Qué detalles puede dar?
-En relación al tema puntual que plantea el informe los procesos de trabajo están claramente regulados por instrucciones impartidas desde esta Procuración General en 2008, es decir al inicio de nuestra gestión. Estas directivas fijan como política de persecución criminal los criterios a seguir en caso de detenciones en flagrancia, mandando a los fiscales a manifestar su interés en la detención, requerir la audiencia respectiva de control y, en la misma audiencia sin dilaciones innecesarias, los fiscales deben abrir la investigación del caso. Esto se completa con la reciente Instrucción N° 005/013, que instruye a los fiscales a adoptar criterios razonables en cuanto a la extensión del período de investigación preliminar.
-¿Hay lugar para detenidos?
-Comodoro en particular es una ciudad donde la demanda del servicio ha superado todas las estructuras existentes. Sin embargo no alcanza con pensar sólo en ampliar los espacios físicos sino en un sistema de ejecución de pena que cumpla con la legislación existente, que incluya funcionarios entrenados para el tratamiento de los reclusos, profesionales que evalúen los avances del tratamiento que el Estado debe dar a los reclusos y jueces de ejecución que controlen y administren los beneficios conforme a los avances registrados.
-¿Existe un discurso garantista?
-No diría un discurso garantista pero sí admito que en los últimos tiempos tuvo mayor amplificación un discurso proimputado en desmedro de una visión equilibrada que contemple el derecho de las víctimas a una respuesta institucional adecuada. Las causas del delito son multifactoriales, entre otros hay factores sociales y factores individuales que sin dudas están en el origen de una conducta delictiva. Los discursos proimputado ponen el foco casi exclusivamente en factores sociales para justificar la conducta del autor licuando la responsabilidad individual. Se pierde de vista que cada ciudadano es libre de elegir entre una conducta adecuada a la norma o decidir infringirla. Cuando libremente se hace opción por un camino reprobado por la ley tiene que ser sancionado por el Estado para mantener y asegurar la paz social.
-¿Qué opina de la baja en la edad de imputabilidad?
-No soy partidario de reformas aisladas con las que se pretenden resolver cuestiones coyunturales. Lo que sí es insoslayable es que la Argentina está en deuda, incluso incumpliendo compromisos internacionales, en cuanto a su mora en sancionar el Código de Responsabilidad Juvenil. Este régimen propiciaría una solución integral para todos los casos en que una niña, niño o adolescente, infrinja la Ley penal. En ese contexto la respuesta punitiva del Estado debe ser acorde al grado de desarrollo o madurativo de la persona.
-¿Qué opina sobre la democratización de la justicia?
-Es destacable la tarea realizada en Chubut que lleva tiempo adoptando medidas en esa dirección. Una es la creación del Consejo de la Magistratura, con un fuerte componente de ciudadanos, que significó un paso importante en cuanto a la participación ciudadana en la administración de justicia. Otro aspecto importante es el juicio por jurados. Está previsto para el juzgamiento de delitos cometidos por funcionarios públicos y para delitos graves. Su implementación culminaría el proceso de reforma para consolidar el sistema penal acusatorio.#
