Pregunta 1: ¿Considera que la prostitución es un trabajo?
Pregunta 2: ¿La visibilización mediática de los casos de secuestro, trata y explotación sexual obstaculiza la visibilización de la cuestión de la prostitución? ¿Cómo repercute una en otra?
Pregunta 3: ¿Qué opina de la política de cierre de whiskerías? ¿Es efectiva? ¿Por qué?
Pregunta 4: ¿Qué debería hacer el Estado como política pública respecto a las prostitutas?

“Somos dueñas de nuestro cuerpo para trabajar”

Georgina Orellano.
Asociación de Mujeres Meretrices de la
República Argentina. AMMAR Nacional.

1.Nosotras somos mayores de edad y hemos optado por ejercer la prostitución. Nadie nos obligó a nada. Distinto es el caso de quien cae en una red de trata donde esa persona no tiene voluntad. Nosotras hemos elegido estar en una esquina o en otro lugar. Es una decisión propia, es un trabajo sexual. La palabra “prostitución” tiene todo un sentido negativo. Sí es violencia que un grupo de feministas no considere nuestra posición porque supuestamente no estamos ajustadas a derecho o porque somos explotadas por el sistema. Es violento que no respeten nuestra autodeterminación como ciudadanas y mujeres mayores de edad. Nosotras usamos nuestros genitales para trabajar como utiliza sus manos el albañil o la empleada doméstica. ¿Cuál es el pecado de trabajar con una parte de nuestro cuerpo? Me parece que es un tema que incluye lo que nos pasa a los argentinos con nuestra sexualidad ya que las abolicionistas dicen: “Nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo para poder abortar y debemos poder decidir cuándo tener familia o no”, pero siguiendo este razonamiento por qué nosotras no podemos ser dueñas de nuestro cuerpo para poder trabajar, ser dueñas de nuestra decisión si consideramos que somos trabajadoras sexuales.

2.Cuando se habla de redes de trata y se engloba a todas las trabajadoras sexuales realmente nos complica. Por supuesto que nos parece aberrante la trata. Pero hay muchas que somos trabajadoras sexuales y no somos víctimas de una red de trata. Somos plenamente conscientes, mayores de edad para decidir cómo generar nuestro sustento. Muchas veces cuando se busca evidenciar ante los medios que se combate a las redes de trata se muestra la clausura de un lugar en el que estamos nosotras que no somos parte de una red. Nosotras no somos el enemigo. A los enemigos los denunciamos todo el tiempo: es la policía, son los intendentes que regentean cabarets, los jueces, toda esa corrupción. Muchas veces los medios distorsionan porque parece que no hay otra prostitución que no sea la de redes de trata.

3.Cerrar whiskerías no sirve. Está demostrado que el prohibir no lleva a la solución. Las trabajadoras sexuales no somos el problema, somos parte de la solución. Nosotras en muchas provincias hemos luchado mucho para poder entrar a lugares como whiskerías, casas de citas o similares para no estar en la calle. Esta lucha está acompañada por la pelea de que ninguna otra persona puede vivir de los recursos que nosotros generamos. Por eso, rechazamos al proxeneta, el rufianismo, el que explota, pero la prostitución en sí misma es un trabajo. Hemos logrado que muchas de ellas se saquen de encima al proxeneta, las concientizamos acerca de cuánta plata ellas perdían en la calle o en un cabaret; cuánta plata se quedaban ellos. Les hacíamos la cuenta y les demostrábamos que si se juntaban tres o cuatro en un departamento iban a ganar más, que se constituyeran en cooperativas. Y a estas compañeras que trabajan dignamente y que lo que ganan se lo quedan ellas, son las primeras a las que le van a cerrar el departamento porque no tienen un poder adquisitivo para pagarle a la policía, a los políticos, a la gendarmería. Con el cierre, el trabajo sexual no se va a terminar, se va a volver todo más clandestino, más oculto y las mafias van a recuperar algunas de las cajas que por nuestra lucha habían perdido. En Córdoba, ahora nos cuesta mucho tener contacto con ellas por esta situación, con lo cual las hace más vulnerables aún, los fiolos recuperan sus cajas porque se hace todo más ilegal.

4.La solución de fondo es que se regularice nuestra actividad. Si bien ejercer la prostitución no es ilegal, sí hay un vacío legal muy grande. Cada provincia tiene una legislación distinta que afecta a nuestras compañeras de diferente manera. No somos escuchadas. Nuestro patrón histórico es la policía con complicidad de los jueces. Y nos duele que estas leyes tengan como órgano de aplicación a la policía. Proponemos que haya cooperativas sexuales para trabajar en domicilios, tener un carnet con un código si trabajamos en la calle, tener jubilación. Nosotras somos autónomas, seríamos monotributistas pagando nuestros impuestos.

“No hay libre elección al prostituirse”

GRACIELA COLLANTES.
Asociación de Mujeres Argentinas por
los Derechos Humanos. AMMAR Capital.

1.Nosotras no consideramos a la prostitución como trabajo porque no se la recomendaríamos a nadie. Porque en ella hay pura violencia de género porque todavía no estamos en igualdad de condiciones. No hay libre elección. El Estado tendría que reconocer y respetar los derechos de todas las personas que están en prostitución. Para nosotras la reglamentación es ir contra los tratados internacionales que la Argentina firmó y ratificó. El Estado se ha comprometido a generar políticas públicas integrales en educación, formación laboral con salidas laborales concretas y viviendas dignas. Los derechos básicos que tiene cualquier persona. Desde hace 16 años luchamos para que se nos escuche, y no tan sólo para las mujeres que están en prostitución si no también para que se trabaje en la prevención. Muchísimas nos plantean que quieren salir y dejar de la prostitución, casi todas las mujeres coincidimos en que no es una libre elección. Y por lo tanto creo que se opta entre las posibilidades que tenemos, lo que tendríamos que preguntarnos cuáles son esas posibilidades.

2.No podemos separar la trata de la explotación de la prostitución ya que el 90% de las mujeres desaparecidas son para este fin. Eso no quiere decir que estemos en contra de las mujeres que están en prostitución, todo lo contrario, estamos en la defensa de los derechos. Dejar de perseguir o reprimir no tendría que estar ni en discusión ya que en la Argentina la prostitución no es un delito. La Justicia tiene que perseguir a los que viven de la prostitución ajena.

3.Nosotras consideramos que todas las medidas tomadas al respecto tienen que ser abordadas desde políticas integrales. Tenemos una ley de profilaxis viejísima que siempre sirvió de refugio a los proxenetas para encerrar a la mayoría de las mujeres de la prostitución callejera, escapando de los códigos contravencionales represivos que aún hoy siguen vigentes en la mayoría de las provincias con arrestos que van desde 15 a 40 días de cumplimiento efectivo. Todos y todas sabemos que éstas son formas de regular la prostitución callejera, que históricamente fue la más castigada desde las fuerzas policiales, que son las que tienen a su cargo la aplicación de estas normas.
Por eso, no creemos que tan sólo con el cierre de prostíbulos podamos avanzar contra la trata de personas, la explotación sexual, y desnaturalizar al sistema de la prostitución, si no reconocemos primero que tenemos un problema social, y que se necesita una política de Estado en serio y no estas decisiones irresponsables que toman algunos funcionarios, algunos por desconocimiento y otros intencionalmente.

4.Desde nuestra asociación, que es simplemente una ONG sin fines de lucro, con esfuerzos de todas y todos los que colaboramos, hemos logrado avances extraordinarios y que sirvieron para cambiarle el rumbo a la vida de muchas jóvenes, de muchas mujeres. Creemos en una Argentina más igualitaria y más equitativa la prostitución debe dejar de ser naturalizada como una opción aceptable para las mujeres. En este país todavía faltan decisiones políticas con respecto a la problemática.

“Hay que atender a la diversidad de situaciones”

Bettina Castorino.
Secretaria Gral. de DD.HH. de
la Defensoría General de la Ciudad.

1.La pregunta conlleva una encrucijada en la que se entrelazan el aspecto normativo y el empírico-social. En términos jurídicos, la República Argentina ha firmado tratados internacionales de derechos humanos mediante los que asume el compromiso de erradicar la explotación de la prostitución y, desde luego, la trata de personas. También contamos con una ley nacional que prohíbe el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución. Pero al mismo tiempo es importante destacar que la prostitución en sí no está penada como delito por ninguna ley argentina. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es mi ámbito de incumbencia, el Código Contravencional reprime y sanciona la oferta y demanda de servicios sexuales fuera de los lugares permitidos, los que han sido establecidos mediante resoluciones del Poder Ejecutivo local en los bosques de Palermo. De otra parte, y este es el aspecto que hemos querido debatir en las jornadas que desarrollamos los días pasados en el Centro Cultural Rojas, las mujeres, travestis y personas trans que de un modo u otro han ejercido o ejercen la prostitución deben ser escuchadas por el Estado de modo previo a adoptar políticas públicas que las comprendan para evitar su victimización o re victimización. No se trata de un universo homogéneo de situaciones a abordar. No es idéntica la situación de la comunidad travesti, que sufre una feroz discriminación en punto al acceso al trabajo y a la salud, que la de las mujeres en situación de prostitución, universo que no debería homologarse como un todo uniforme, excepto en algunos aspectos que las perjudican a todas por igual: la persecución policial, el estado de vulnerabilización al que están sometidas, las dificultades para el acceso a la vivienda y a la salud pública.

2.En mi opinión, sin ser una experta en el tema de trata de personas, la visibilización de la temática es fundamental para generar conciencia colectiva a su respecto. De hecho, la indignación generalizada –que comparto– en torno de la sentencia dictada en el caso de Marita Verón da cuenta de ello. Claro que el manejo mediático que se hace del asunto, e incluso de parte de algunos dirigentes políticos y funcionarios públicos, puede generar una peligrosa confusión entre situaciones absolutamente distintas como el sometimiento a trata y el ejercicio de la prostitución a secas. Justamente, una de las cuestiones sobre las que hubo consenso en las jornadas ya referidas es que dicha confusión termina perjudicando casi exclusivamente a las personas en situación de prostitución o víctimas de trata y no así a quienes sacan provecho de ello.

3.Como decía antes, se encuentra vigente la Ley Nacional de Profilaxis que explícitamente prohíbe el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución. La pregunta que creo que hay que formularse es por qué, a pesar de tener una ley vigente tan contundente, esos locales funcionan tan normal y naturalmente. Nuevamente, hablo de la Capital Federal, dando una vuelta por ciertas calles céntricas se puede verificar que los locales existen a pesar de la prohibición. Cualquier respuesta que intente darse al respecto debe contemplar la corrupción policial y política alrededor de la cuestión.

4.El Estado debe diseñar políticas que contemplen la diversidad de situaciones, y para hacerlo debe escuchar a quienes estarán alcanzadas por dichas políticas. Si bien el Gobierno Nacional viene implementando programas de intervención muy cuidados, en la Ciudad la política que impera es la represiva-punitiva exclusivamente. De hecho, durante el año 2011 se han labrado 5.000 actas contravencionales por supuesta violación del art. 81 que sanciona la oferta y demanda de servicios sexuales en lugares no autorizados, de las cuales más del 90% han sido archivadas sin trámite judicial alguno por el Ministerio Público Fiscal. Esto demuestra que, a pesar de la exigencia legal vigente de monitoreo y contralor por parte de los fiscales de la Ciudad para el labrado de actuaciones, la Policía Federal sigue actuando como lo hizo siempre, hostigando a las mujeres y travestis en la vía pública, no así a los requirentes de servicios sexuales. Esa es una de las políticas contra las que queremos luchar desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Defensoría General de la Ciudad.

Trabajo sexual y autonomía de las mujeres

Carolina Justo von Lurzer
y Cecilia Varela.
(CONICET/UBA)

1.El debate es de difícil resolución y se centra en modos diferentes de representación de la sexualidad y la autonomía femenina. Las perspectivas feministas a las que suscribimos, reconocen a partir de la experiencia de construcción de organizaciones de trabajadoras sexuales, que la oferta de servicios sexuales puede ser el producto de una decisión autónoma. Esto no obsta contemplar que en muchos casos esta decisión se produce en el marco de desigualdades de clase y género cuya vía de resolución se encuentra en demandas de derechos al Estado y no en la restricción o eliminación de las elecciones personales. Vemos con preocupación que se identifique a priori una verdadera autonomía femenina, la cual excluiría de antemano determinadas decisiones, tales como la de ofrecer servicios sexuales. Desde nuestra perspectiva, se trata de garantizar los derechos de las mujeres a migrar, a trabajar y a comprometer el propio cuerpo en la oferta de servicios sexuales si así lo deciden. En este complejo debate, es necesario escuchar las voces de las involucradas y devolver al terreno de la política y el debate feminista, lo que el derecho penal difícilmente pueda resolver.

2.La visibilización del delito de trata con fines de comercio sexual ha sido de crucial relevancia y ha puesto sobre el tapete situaciones de extrema vulneración de derechos que requieren una inmediata intervención del Estado. Sin embargo, el riesgo eventual de esta hipervisibilización es la construcción de modos estereotipados de representación del mercado del sexo y el trazado de asociaciones directas entre el delito de trata y la prostitución. Es necesario reconocer la heterogeneidad de las modalidades de inserción y permanencia en el mercado del sexo, las cuales no responden necesariamente en todos los casos al modelo de la mujer secuestrada por organizaciones criminales. Por ejemplo, es necesario tomar en cuenta que el 43% de los procesados por delito de trata (vinculados a comercio sexual) son mujeres, lo cual representa aproximadamente cuatro veces más que las mujeres con sentencias condenatorias en todos los delitos. Este alto porcentaje de mujeres involucradas como victimarias (casi la mitad de los casos) se comprende si atendemos a las características de las redes de ilegalidad asociadas al mercado del sexo, atravesadas por relaciones de parentesco y organizadas a través de una división sexual de las tareas. Muchas mujeres que se insertan en el mercado facilitan contactos dentro de su red de parientas y conocidas (convirtiéndose para el dispositivo judicial en “reclutadoras”), o realizan tareas de supervisación (convertidas en “regenteadoras”). Así, el riesgo principal de atender a estos problemas únicamente a través de la perspectiva penal, es la reducción de una trama compleja atravesada por distintas relaciones de desigualdad y subalternidad, a una relación individual y rígida entre víctima y victimario, entendidos como sujetos dotados de intencionalidades precisas.

3.En ausencia de marcos legales que protejan a las mujeres que deciden ofrecer servicios sexuales por cuenta propia –sea individual o colectivamente– y existiendo normativas que penalizan la oferta pública de sexo, el riesgo de la política de cierre masivo de whiskerías es profundizar la clandestinización de la actividad. Es necesario dar cuenta de que la oferta de servicios sexuales se encuentra regulada por un conjunto de normativas supranacionales, nacionales y locales que son contradictorias entre sí y ubican a los sujetos de la actividad en un espacio de confusión y arbitrariedad. La prostitución en la Argentina no es un delito, lo que constituye un delito es la explotación de la prostitución ajena –el proxenetismo– y también la trata con fines de explotación sexual. Sin embargo, quienes ofrecen servicios sexuales en la vía pública son objeto de códigos contravencionales que criminalizan la actividad y tampoco pueden ofrecer sus servicios a través de medios gráficos en virtud del decreto 936/11 que prohíbe su publicación. Es decir, si bien normativamente nuestro país penaliza la explotación de la prostitución ajena y no el ejercicio de la prostitución, en la práctica cada vez se encuentran más restringidas las posibilidades de las mujeres que ofrecen servicios sexuales. Cabe aclarar que la Argentina suscribió en 1951 a la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena de 1949, que implica el compromiso del Estado con la eliminación de las condiciones que conducen a la prostitución –entre ellas, las desigualdades en el acceso a derechos sociales marcadas también por género–, pero esto, por supuesto, no interfiere con el derecho de las personas a optar por ofrecer servicios sexuales de modo autónomo.

4.El Estado debería, en primer lugar, escuchar las demandas de las organizaciones de trabajadoras sexuales en un doble sentido: respecto de las consecuencias de las intervenciones punitivas y del reconocimiento de los derechos laborales. En relación a las intervenciones punitivas, es apremiante y además es un punto de coincidencia tanto entre las trabajadoras sexuales cuanto entre las mujeres en situación de prostitución, la derogación de los códigos contravencionales y de faltas que rigen en diferentes ciudades del país, incluida la Ciudad de Buenos Aires. Estas normativas no sólo se contradicen con legislaciones nacionales sino que colisiona con la Constitución. Constituyen, además, el fundamento para diversos abusos y apremios por parte de las fuerzas de seguridad. En relación a los derechos laborales, en tanto la prostitución no constituye un delito y sí constituye una realidad cotidiana para un conjunto mujeres, varones y trans que optan por ofrecer servicios sexuales como forma de sustento económico, el Estado debe garantizar condiciones laborales –de salud, seguridad, servicios sociales y previsionales– igualitarias. Es fundamental que se diseñen modalidades asociativas –cooperativas u otras– que permitan a quienes ofrecen servicios sexuales asociarse sin correr el riesgo de ser, por ejemplo, imputados y/o extorsionados en calidad de proxenetas de sus compañeras/os por las fuerzas de seguridad.

Entrevista. Sandra Chaher. Periodista especializada en género
“Los medios ven al cuerpo femenino como objeto de consumo”

–¿Cómo abordan los medios la cuestión de la prostitución en particular sobre las prostitutas?
–Una de las formas en que se construye simbólicamente la idea de prostituta es el de «Clara de noche», la tira de comic de Página 12. Allí se la edifica como un personaje simpático a quien se le termina teniendo cariño pero que reproduce muchas de las lógicas machistas en donde el erotismo solo está en el cuerpo femenino. También hay otra forma de ver a la mujer en situación de prostitución como alguien a la que hay que poner debajo de la alfombra, de quien no hay que hablar, de un sector marginal en la sociedad. Una tapa del diario Crítica de hace algunos años atrás refería a que supuestamente había bajado el consumo de prostitución. La nota estaba centrada en el negocio del mercado, sin plantearse ésto como una problemática social. También existe en los medios un discurso donde se ubica a la prostituta como la almohada de las penas masculinas. Sin ver que la mujer está en una situación de enorme vulnerabilidad, donde la negociación con el cliente no es una situación de igualdad. Esta mirada de desigualdad no se expresa en los tratamientos habituales de las notas. Cuanto mayor es el grado de exclusión social de esa persona, mayor es la distancia de parte de los medios respecto a ella.
– ¿Cómo se reproduce en el discurso de los medios las desigualdades de género?
– Se usa la idea de que el cuerpo de la mujer es un cuerpo consumible, tratable, a diferencia del cuerpo de los varones que no es cosificado. O acaso por qué en la enorme mayoría de los casos son las mujeres las que ofrecen su cuerpo para prostituirse y no los varones. El vínculo entre cliente y mujer es totalmente desigual. Hay que empezar a pensar en la sanción para el cliente y desde el periodismo dejar de estigmatizarlas e invisibilizarlas. Los medios reproducen los estigmas de que supuestamente la prostitución existió siempre y va a seguir existiendo y no lo enfoca como un problema que se debe resolver. Con el discurso de que es el primer oficio del mundo se naturaliza la discriminación. En la medida que el tema se va ya visibilizando creo que se va a ir avanzando.

fuente http://sur.infonews.com/notas/%C2%BFla-prostitucion-es-un-trabajo