Las autoridades legislativas de la Provincia de Río Negro han convocado a sesión de la Comisión Interpoderes para el 6 d diciembre de 2016 en Bariloche.
La Comisión trabaja en la formulación de las leyes orgánicas necesarias para adaptar las actuales leyes de la justicia rionegrina en pos de reorganizar las estructuras y capacitar al personal en el marco de la nueva lógica en la que se enmarca el sistema de justicia penal adversarial, próximo a entrar en vigencia el 1 de marzo de 2017.
No obstante, a pesar de las comunicaciones efectuadas a dichas autoridades, tanto por parte de la Asociación Pensamiento Penal como de diversas organizaciones, además del mismo cuerpo de defensores públicos de la provincia –quienes han elaborado un proyecto de ley propia-, a efectos de participar de la próxima reunión de la Comisión para manifestarles inquietudes y sugerencias en el próximo diseño del Ministerio Público de la Defensa, se ha omitido deliberadamente toda convocatoria, aviso previo y/o contestación. Por el contrario, la sesión se ha planificado de manera casi secreta, sin convocatoria ni difusión, evitando dar participación a los diversos actores que han expresado su interés en hacerlo.
Lo expuesto nos conduce a poner en duda que las verdaderas intenciones del Poder Ejecutivo y de los legisladores que coordinan la Comisión Interpoderes sea la real puesta en vigencia del Código Procesal Penal aprobado en 2014. El ritmo de los últimos sucesos deja en evidencia posibles objetivos solapados del poder político. El modo en que se convocó a la reunión, la ausencia de convocatoria a actores centrales interesados en participar, la intención de no abrir el debate sobre las leyes que organizan y definen los roles de los operadores judiciales, la ausencia de representantes de la defensa pública, dejan al descubierto fines contrarios a los expresados.
El gobierno ha sostenido la necesidad irrestricta de poner en vigencia el Código, no obstante las acciones desplegadas por los representantes de ese mismo gobierno, como el curso de los acontecimientos, parecen perseguir otro objetivo: llevar proyectos inviables a una vía muerta que solo dejen camino a la pretendida reforma constitucional, atribuyendo la responsabilidad del fracaso a otros actores quienes pagarán el costo político.
La Asociación Pensamiento Penal, en cumplimiento de su misión institucional de promover la adecuación de las estructuras judiciales a los estándares internacionales que garantizan el irrestricto respecto de las garantías constitucionales y convencionales en el sistema de administración de justicia, exhorta a las autoridades rionegrinas a abrir el debate legislativo, convocando a las sesiones de la Comisión a todos los actores y organizaciones que de un modo u otro han hecho llegar sus inquietudes, sugerencias y peticiones para garantizar que las leyes que se sancionen sean respetuosas del orden constitucional y convencional vigente.
