No existen en Argentina ejemplos de reformas policiales profundas que no hayan sido resultado de crisis catalizadas a través de eventos con efectos dominó sobre la coyuntura de gobierno.

Como ejemplos de reformas en provincias sobresalen las dos lideradas por Carlos Arslanián en Buenos Aires, en contextos de gobiernos poco afines a las mismas, como fueron los de Duhalde y Solá. Ambas fueron precedidas, respectivamente, por el asesinato de José Luis Cabezas y por incrementos de delitos «no tolerables» socialmente (ola de secuestros extorsivos con evidencias de involucramiento policial, entre otros). Otro ejemplo es la de Mendoza, en 1998, iniciada por Arturo Lafalla (PJ), con el acompañamiento de los candidatos a gobernador del PJ, la Alianza y el PD y que continuó Roberto Iglesias (UCR). Esta reforma fue propiciada por un alza de los índices delictivos, pero sobre todo por los escándalos del caso Sebastián Bordón y una rebelión policial que rebasaron la tolerancia social y política a la autonomía de una policía corrupta y violenta.

Los principales ejemplos nacionales de reformas se dieron en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernandez. En primer lugar, la restricción del uso de la fuerza letal en contextos de protesta social, luego de la represión policial de diciembre de 2001 y de la «Masacre de Avellaneda», perpetrada por la policía bonaerense en 2002. Restricción hoy consagrada en un protocolo del Consejo de Seguridad Interior, que sólo unas pocas provincias, Santa Fe entre ellas, aún no han suscripto. Luego, la disolución en 2005 de la Policía Aeronáutica Nacional, establecida al comienzo de la última dictadura, y la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en 2005, como resultado de un contrabando de drogas (Southern Winds) que puso en evidencia la corrupción institucionalizada de la PAN y de la cúpula de la Fuerza Aérea Argentina. La creación en 2010 del Ministerio de Seguridad de la Nación, con la derivada estrategia de reforma de la PFA, luego de la brutal represión de la toma del Parque Indoamericano, por parte de personal de la Federal y de la policía Metropolitana de Macri.

Que haya que esperar a que se den «crisis» para que la coyuntura permita avanzar en reformas tiene múltiples causas. Una de las principales es que si bien al interior de los principales partidos políticos las posiciones sobre reforma policial y democratización de la seguridad son muy variadas, las que prefieren mantener el estado de cosas son legión. Propongo algunos tipos y subtipos ideales que ayudan a ilustrar estas posiciones al interior de partidos y gestiones de gobierno y a comprender las reticencias políticas a las reformas policiales. El lector dará identidad concreta a cada uno de los tipos ideales.

Son legión. El «doble pactista», tipo por lejos predominante, que promueve la autonomía policial a cambio de niveles socialmente «tolerables» de delitos «tolerables». Los doble pactistas se dividen entre doble pactistas «corruptos» y «honestos», según participen o no de la corrupción policial. Los «doble pactistas corruptos», se dividen entre los «logísticos», que limitan la recaudación ilegal a desvíos del presupuesto policial (compras, fondos reservados, gastos de combustible, etc.), y los «mafiosos», que amplían la corrupción a las cajas del gerenciamiento policial del delito. Los «doble pactistas» también se subdividen en «centuriones», populistas punitivos y conservadores que promueven la mano dura y el mito de la centralidad policial en seguridad, por un lado. Y, por otro, los «legalistas», timoratos que toleran el doble pacto como inevitable pero intentan limitar (casi siempre sin éxito) las expresiones obvias de la violencia y la corrupción policial, apelando a hacer política mediante estrategias comunicacionales (a menudo fracasadas).

u Rara avis. En el otro extremo está un tipo ideal aún minoritario, el «reformista». La principal división es entre los «bien intencionados», abiertos a las reformas pero sin experiencia política ni formación para gestionarlas, y los «expertos», que sí cuentan con dicha expertise. El «reformista» se subdivide también en «parsimoniosos» y «expeditivos», según su comprensión de los tiempos políticos en que deben impulsarse las reformas. Y en «parciales» o «integrales», según acoten su accionar a las reformas policiales o abarquen además las de las políticas de seguridad. El «reformista» pueden ser «unipersonal», que confía erróneamente en que mediante el ejercicio vertical de la autoridad se pueden implementar las reformas. O «institucional», que reconoce la necesidad de establecer estructuras institucionales y formar equipos de gestión. Y subdividirse también en «acuerdista» o «ombliguista», según promueva acuerdos políticos y sociales para lograr las reformas o las intente sólo desde el gobierno.

u Indecisos. En el medio de ambos extremos, generalmente en lugares encumbrados de gobierno, podemos ubicar al tipo «pendular indeciso». Este oscila entre el tipo «doble pactista», buscando hacer la plancha todo lo posible, y el «reformista bien intencionado parsimonioso parcial», cuando la marejada de la crisis lo revuelca. Suele volver raudo al modo «doble pactista» ni bien la coyuntura se lo permite.

u Mutantes. Entre ambos extremos fluctúa un tipo despreciable al que llamo «mutante oportunista». Suele tratase de «doble pactistas corruptos y/o centuriones» que devienen desde «doble pactistas honestos y/o legalistas» hasta «reformistas», según las necesidades de mutación que demande la coyuntura y su agudo sentido del oportunismo político. Sus mutaciones resultan exitosas o fracasadas dependiendo del grado de independencia de los medios y de la memoria y activismo de la sociedad civil.

El escenario. En Santa Fe la crisis que habilita una reforma ya está instalada. Se expresa en fenómenos como la violencia interpersonal intensa entre jóvenes de los sectores populares, alza de delitos que producen conmoción social, la violencia institucional sistemática y la participación policial en el gerenciamiento de delitos simples y complejos.

Los minoritarios sectores «reformistas» dentro del gobierno provincial pueden aprovechar la ocasión para jugar a fondo, atento a que los «doble pactistas» de su propio espacio (y de la oposición) fracasaron sistemáticamente. El Acuerdo de Seguridad Democrática puede servirles para forjar un pacto democrático con los sectores reformistas de la oposición y de las organizaciones de la sociedad civil. Y para reunir masa crítica del tipo de «reformistas» a la altura de los desafíos, para arrinconar a los «doble pactistas», empujar a los «indecisos» y neutralizar a los «mutantes».

En 1999, cerraba un artículo en un libro editado por la UNL, con este fragmento: «más allá de este complejo panorama, la emergencia del problema también puede constituir el punto de partida de transformaciones innovadoras, equitativas y que promuevan los derechos humanos en forma amplia.» Y citaba a Italo Calvino: «El infierno de los vivos no es algo por venir: hay uno, el que ya existe aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es riesgosa y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y saber quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacer que dure, y dejarle espacio».

(*) Docente investigador y Profesor Titular Interino de «Criminología y Control Social», Facultad de Derecho, UNR. Ex secretario Seguridad Comunitaria (2008-11)

fuente http://www.lacapital.com.ar/policiales/La-reforma-Un-punto-de-partida-para-innovar-20121127-0026.html