Sobre lo sucedido en diciembre de 2013, me llama la atención los niveles de exclusión, la distancia que hay entre el Estado, las empresas que se instalan en algunos lugares y la imposibilidad de acceder a ellas, que son las causas que dieron lugar a estos saqueos. Nunca analizamos muy bien qué pasó. Hay una distancia entre la Policía, que representa al Estado y a cómo el Estado los trata a ellos (a los excluidos). Entre ellos no hay otra forma de contacto que no sea la violencia y muchas veces no les queda otra que amotinarse del otro lado y ser parte de un grupo.

Ellos mismos se consideran consumidores pero no se consideran delincuentes, como hoy son concebidos por la Policía y por el Poder Judicial, que sostienen que el consumidor es un problema. En realidad el consumidor es un enfermo, es una víctima, y la respuesta del Estado muchas veces es solamente violenta, a través de la Policía, y al no hacer grandes inversiones en rehabilitación. Por eso ellos acusan directamente a la Policía, dicen que los policías saben quiénes son los culpables, quiénes son los dealers, quienes son los “transas”.

Creo que con el tiempo se fueron desmitificando un montón de cosas, hubo una evolución social que se fue reflejando en las instituciones, en lo político, hubo una evolución en dejar de excluir al que consume. Pero en términos de políticas públicas se sigue generalizando, se toman casos de alguna persona que es adicta y sale a robar y se lo generaliza. Entonces después se ve a la persona que sale los fines de semana a consumir como alguien que va a delinquir o se la juzga por la ropa que lleva puesta. Una deuda como política pública son programas de inclusión laboral y de salud. También está pendiente la lucha contra el narcotráfico porque no hay una lucha seria, organizada, profunda, sino que siempre está la Policía detrás del consumidor. No conozco a ningún gran narcotraficante de Tucumán condenado en los últimos 20 años. Las cantidades siempre son menores.