La inseguridad es mucho más que una sensación. Es el temor que muchos sienten de ser robados, agredidos o incluso asesinados. Desde algunos medios periodísticos se machaca que cada dos días se produce un homicidio por esta causa. Mientras, se repiten marchas pidiendo mayor seguridad, como en Cañuelas, Moreno, Quilmes y Caballito. Los sectores más reaccionarios aprovechan para impulsar sus propuestas de mano dura y fortalecimiento de la policía. Ya en 2004 la iniciativa fue tomada por la derecha, que se encolumnó detrás del ingeniero Juan Carlos Blumberg y su legítimo dolor por el secuestro y asesinato de su hijo Axel. Tal vez ahora les toca el turno a quienes se paran desde el progresismo o desde la izquierda para plantear una salida frente a la criminalidad.

El doctor Alberto Binder, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, es una de las principales autoridades en la materia. En conversación con Veintitrés, el especialista señaló que, contrariamente a lo que se suele decir, “el progresismo viene insistiendo sobre la necesidad de reformular profundamente las instituciones de seguridad, que no sean pensadas solamente desde el control y los derechos humanos, sino también desde la eficacia. Las propuestas más importantes en materia de eficacia en los últimos diez años han venido desde el campo del progresismo”.

En ese sentido, Marcela Perelman, del Centro de Estudios Legales y Sociales, destacó el Acuerdo de Seguridad Democrática, desde donde se plantean “propuestas concretas”. Según indicó la experta, hace falta “un gobierno dispuesto a ejercer el gobierno político de la seguridad y de las fuerzas de seguridad; una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad; una justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador”.

La diputada Victoria Donda, del Libres del Sur, admitió que es “una deuda del progresismo dar propuestas alternativas en la problemática de la seguridad, es un déficit que se dio por prejuicios”. Y ejemplificó como error “pensar que es un tema de la derecha y que sólo les importa a sectores de altos ingresos. Lo sufren sobre todo los sectores populares que no pueden pagar seguridad privada”. Y agregó que “el otro prejuicio es decir que todos los integrantes de fuerzas de seguridad son enemigos. Es un error: son trabajadores que se encuentran en situación de indefensión. La forma de romper con la militarización es reconocer los derechos que tienen, como el derecho a sindicalizarse, como plantean los policías en Santa Cruz, que están de paro hace más de una semana”.

Donda resaltó dos propuestas que presentó en el Parlamento. “Es importante reformar las fuerzas de seguridad para una sociedad democrática, a nivel nacional. Por eso presentamos un proyecto de modificación de la carta orgánica de la Policía Federal Argentina”. Después detalló que se busca que “deje de haber una carrera de oficial y otra de suboficial, ya que eso les enseña a unos a mandar y a otros a obedecer”. En cambio, se propone una policía en la cual “se profesionalicen las distintas especialidades”. Y resaltó que lo fundamental es “que los corruptos vayan presos, sin que la fuerza les pague un abogado defensor, sino que tengan el mismo derecho a defensa de cualquier ciudadano”.

La otra propuesta de la diputada se refiere al servicio penitenciario. “El 80 por ciento de los condenados son reincidentes. La cárcel está pensada como lugar de reinserción y no cumple el objetivo. Proponemos crear un sistema que resguarde a la persona en cumplimiento de la pena, con oferta laboral, de educación. Y que haya un mecanismo especial contra la tortura. El proyecto está hace seis años en Senado, durmiendo el sueño de los justos”, se quejó Donda.

Su colega Claudio Lozano, del Frente Amplio Progresista, puntualizó que “la problemática sólo se va a resolver en tanto avancemos en mejores condiciones de vida para el conjunto de la población”. Y llamó a “terminar con el vínculo entre policía, política y delito”. El diputado advirtió que “en muchos de los casos de los que estamos hablando, por ejemplo en el caso de Nicolás Castillo, el chico asesinado en Moreno, una de las cosas que se está hablando es que la pandilla que lo atacó viene operando hace tiempo. Quiere decir que la policía sabe de su existencia. Frente a las narices de la policía esas bandas operan con libertad porque como contrapartida realizan servicios de diversa índole para la misma policía”.

El diputado dijo que “no hay que engañar a la gente, esto no se resuelve con mano dura, con Blumberg se aprobaron todas las barbaridades habidas y por haber, destruyendo la lógica del Código Penal. No sirve el facilismo”. Según denunció, “detrás de delitos como los secuestros de autos y de personas, del narco, hay dinero y un negocio que alimenta el financiamiento ilegal de las instituciones policiales, que a su vez alimenta a parte del sistema político”. Y coincidió con Donda al proponer “un proceso de democratización de las fuerzas de seguridad para terminar con la verticalidad que las transforman en bolsones de corrupción”, al tiempo que planteó la “sindicalización como mecanismo para combatir la corrupción”.

Siempre opositor, Lozano deploró la decisión del Ministerio de Seguridad nacional de “sustituir una fuerza por otra”, en referencia a la presencia de Gendarmería en barrios porteños y del conurbano. “No me parece que eso tenga sentido alguno. Los gendarmes no son ajenos al delito. Son una fuerza de frontera, absolutamente expuesta a vínculos con cuestiones non sanctas”, señaló.

Desde el oficialismo, Leonardo Grosso –diputado por el Frente para la Victoria e integrante del Movimiento Evita– difirió en varios de los aspectos planteados por Donda y Lozano, pero coincidió en criticar “la salida facilista propuesta por Blumberg”. Según consideró, “es acertada la presencia de la Gendarmería en los barrios. Al haber más de una fuerza, ninguna tiene el monopolio del control territorial”. Y se opuso a la sindicalización de la policía: “Mientras sea una corporación, no se pueden sindicalizar: eso no quiere decir que seamos antipolicía, muchas veces ganan una miseria”.

El dirigente –con amplia experiencia en la militancia en la Villa La Carcova, en José León Suárez– comentó que vienen impulsando una Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, luego de “haber vivido de cerca casos de gatillo fácil, como los de Francisco Almirón y Mauricio Ramos, asesinados por la espalda por la Bonaerense”.

Grosso puntualizó que “la seguridad es integral, implica poder vivir en una sociedad, desarrollarse, crecer, pensar en un futuro, no es sólo que no te roben tu propiedad, tus objetos materiales. Nosotros planteamos el paradigma de la seguridad democrática (ver recuadro), donde se reconstruyan otros valores. Con la discusión de la inseguridad, como la plantean los medios masivos y monopólicos de comunicación, muchas veces se ocultan otros intereses, como sucedió con el ingeniero Blumberg. Si hay problemas de robo, de inseguridad, no se resuelve con mano dura”. Y propuso “la participación de la comunidad en la vida social. En vez de poner patrulleros o rejas, hay que ocupar el espacio público. Hay que evitar que los barrios se conviertan en ‘tierra de nadie’, eso lo hacemos construyendo participación de los vecinos, en las plazas, en las calles. Con vecinas que se turnaban para tomar mate en la puerta, mientras los chicos jugaban para cuidarlos, o construyendo corredores desde la escuela hasta las casas de los vecinos”.

Desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores, el profesor Christian Castillo analizó que “lo que los medios llaman el problema de la ‘seguridad’ está en primer lugar ligado a la descomposición del aparato estatal, ya que son las fuerzas de seguridad las que tienen el manejo real del crimen organizado. Los desarmaderos de autos, la prostitución, el narcotráfico, los secuestros extorsivos, las salideras y entraderas, tienen en las diversas policías a sus núcleos organizadores, muchas veces liberando las zonas a cambio de parte del botín recolectado”.

Castillo alertó que “utilizan las necesidades que surgen de la miseria social para reclutar una suerte de mano de obra esclava, que si se niega a sus dictados sufre todo tipo de vejaciones y aun la desaparición forzada, como con Luciano Arruga”, mientras “en las cárceles se cometen múltiples violaciones de los derechos humanos, con el mismo servicio penitenciario chantajeando a la población carcelaria para que salga a robar”.

De acuerdo con el dirigente de izquierda, “sin terminar con el aparato represivo y con el actual régimen social al que este brinda sus servicios, ninguna medida acabará con las causas que provocan estos hechos”. Y propuso “atacar las condiciones de miseria social que son usufructuadas por estas estructuras organizadas desde el propio aparato estatal, empezando por dar trabajo genuino para todos con salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, así como una vivienda digna a las tres millones de familias que se encuentran en emergencia habitacional”.

Más allá de los matices, desde los distintos espacios que se reivindican como contrarios a las políticas represivas, lo que faltan no son las propuestas, sino tal vez mayor energía para que estas ideas sean escuchadas y aplicadas.

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En los últimos días se intensificó la demanda de mayor seguridad, reclamos legítimos vinculados con problemas reales, que exigen políticas responsables y soluciones efectivas para la protección de los derechos de las personas. Cunden los discursos que proclaman que la eficacia está asociada al endurecimiento del sistema penal, que hace unos años se expresaba en discursos de mano dura explícitos. En el contexto actual aparecen revestidos de una retórica social o, incluso, de un supuesto pragmatismo urgido por pasar a la acción. La cuestión crítica es cómo se ejerce la función del sistema político de traducir los reclamos en políticas públicas. Si se hace lineal e irreflexivamente, pierde su función de mediar en los conflictos, de construir acuerdos y diseñar políticas públicas. Adherimos al Acuerdo de Seguridad Democrática, que surgió cuando no existía un Ministerio de Seguridad a nivel nacional. Es una alianza integrada por expertos con experiencia en gestión, académicos, organizaciones de derechos humanos, representantes de diferentes fuerzas políticas que consideran necesario implementar políticas que brinden soluciones eficaces frente a los problemas del delito, desde una perspectiva respetuosa de los derechos.

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La inseguridad no la crean los medios, pero los analistas y la presentación televisiva de estos temas repiten la misma cantinela. No es cierto que a la gente le nazca un enano fascista. El problema es real. Y los manifestantes piden cosas concretas, como el involucramiento de los municipios, que asuman la responsabilidad política. Tienen razón. Desde el campo progresista venimos proponiendo una serie de medidas. No hay solución a los problemas puntuales de seguridad que no impliquen que la dirigencia política se tome en serio el tema y que cree nuevos ministerios de seguridad, como el que se creó a nivel nacional. En ese contexto se necesita una profunda reorganización y reformulación de la policía, atrapada en un modelo y estilo de conducción de hace 50 años que no es idóneo. Hace falta la descentralización de la policía, si hay más cercanía habrá más control. Son necesarios los programas de prevención y desarticular los mercados delictivos que generan los principales problemas de inseguridad y de aumento de la violencia, como el robo de autos y el tráfico de drogas, que cruza los otros mercados, generando sicariato y ajuste de cuentas. Hay que resolver los problemas de negligencia política y de burocracia estatal.

fuente  http://veintitres.infonews.com/nota-5054-sociedad-La-salida-por-izquierda.html