Las cárceles en Latinoamérica enfrentan una situación crítica en materia de hacinamiento y superpoblación, lo que provoca la saturación en los servicios que brindan a los reclusos, en especial la asistencia en salud, según un informe de la Federación Iberoamericana de Ombudsman(FIO), una organización que reúne a 20 defensorías del pueblo, procuradurías y comisiones de derechos humanos. Hasta diez países cuentan con cárceles que superan su capacidad en un 200%.

La entidad subraya que la crisis en la que están inmersos los sistemas penitenciarios de la región atenta contra la seguridad de las cárceles y viola los derechos humanos de los presos y del personal. El hacinamiento y la superpoblación generan el aumento de la violencia, la saturación de los servicios de salud y el desgaste de la convivencia entre los presos, entre otros efectos.

Además, entre los diez países cuyas cárceles son las más pobladas del mundo, hay cuatro latinoamericanos. Haití encabeza la lista, con una tasa de ocupación carcelaria del 416%. Le siguen El Salvador, en cuarto lugar, con un 320% de sobrepoblación; Venezuela (270%) en séptimo; y Bolivia (256%) en octavo, según datos del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios de la Universidad de Essex (ICPS). La superpoblación en Paraguay alcanza un 131%, pero en su principal centro, la Penitenciaria Nacional de Tacumbú, esa cifra salta al 333%, según reportes de la Defensoría del Pueblo de ese país.

Puerto Rico es uno de los pocos casos en la región en que las prisiones no están superpobladas. Según el informe de la FIO, los bajos niveles de hacinamiento —un 88%, cifra similar a las de España o Alemania, por ejemplo—, se debe a inversiones realizadas en infraestructura en el sistema penitenciario del país.

Entre los países donde hay una atención inadecuada en salud, destacan Colombia, Bolivia, Uruguay y Nicaragua. La mayoría de las denuncias registradas por las defensorías de Panamá y Costa Rica se refieren, asimismo, a la falta de atención médica. El problema se debe, en parte, a la cantidad insuficiente de profesionales. En varios centros penales de estos países es necesario trasladar los presos hacia el centro médico más cercano, de modo que con frecuencia pierden las citas debido a la falta de transporte y personal de custodia.

La dificultad de acceder al servicio médico viene acompañada de otros problemas: la insalubridad de las celdas e instalaciones, las malas condiciones de higiene y una alimentación inadecuada, que hacen de las cárceles ambientes propicios a la proliferación de epidemias y enfermedades.

Brasil ocupa el puesto 35 en la lista de los mayores índices de superpoblación carcelaria, con un 172%. Ese país tiene, sin embargo, la cuarta población penitenciaria del mundo: cerca de 548.000 presos, mientras la capacidad de los centros de detención no sobrepasa los 319.000. Casi la mitad de las prisiones del país no tienen cama para todos los reclusos, y en un cuarto de ellas no hay colchón para todos. El baño de agua no se calienta en el 66% de estas localidades, y en el 40% no se proporciona el material para la higiene personal, según la Procuraduría de los Derechos de los Ciudadanos del país.

Cerca del 40% de los reclusos en Brasil están en prisión preventiva, según constató el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que visitó varias cárceles del país en 2013 y registró sus impresiones en un informe. “Existe una cultura del uso de la privación de libertad como norma y no como una medida excepcional reservada para delitos graves, conforme lo exigen las normas internacionales de derechos humanos”, afirmó tras la visita Roberto Garretón, uno de los miembros del grupo.

Los expertos expresaron su preocupación por la falta de asistencia jurídica a los detenidos, lo que se hace aún más grave “en un país donde la mayoría de los presos son pobres y no pueden financiar un abogado”, señaló Garretón. El grupo se encontró con innumerables casos donde los reclusos tuvieron que esperar meses o incluso años para tener un juicio y descubrir cuáles eran las acusaciones en su contra.

Paraguay, además de Brasil, destaca en el conjunto por el uso excesivo de la prisión preventiva: 6691 de los 9229 presos del país (el 72,5%) están en esta situación.

Las entidades de la FIO recomiendan a las autoridades implicadas hacer un “uso racional de la prisión preventiva”; construir nuevos centros penales y ampliar la infraestructura existente; impulsar medidas alternativas a la reclusión para los delitos menos graves; y mejorar la calificación de los agentes de la Justicia, entre otras sugestiones.

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/27/actualidad/1409162170_051108.html