Antes de tomarse unos días por el feriado de Semana Santa, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado citó a declaración indagatoria a ocho imputados en la causa que investiga desde 2006 “la violación de secretos políticos y/o militares”. El ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado durante el menemismo, Juan Bautista “Tata” Yofre, es uno de los que tendrá que desfilar entre el 16 de abril y el 5 de mayo para ser indagado como integrante del grupo que hackeaba y vendía información de mails de prominentes figuras políticas, empresariales y artísticas. Desde los secretarios de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, pasando por Susana Giménez fueron víctimas de los espías informáticos. Los columnistas de La Nación Carlos Pagni y de Perfil Roberto García serán interrogados sobre el “origen ilícito de la información utilizada”; integran la pata de los consumidores y propaladores de esa data.

La causa por violación de secreto de Estado comenzó en agosto de 2006 por una denuncia de la Secretaría de Inteligencia. Los primeros identificados como autores materiales e intelectuales del hackeo fueron dos ex agentes de Inteligencia del Ejército, que trabajaron para la SIDE y luego recalaron en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Iván Velázquez y Pablo Carpintero; Yofre y el general retirado Daniel Reimundes, ex secretario general del Ejército durante los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. La vastedad de la información recabada, clasificada en más de cincuenta carpetas, y las sucesivas chicanas judiciales de los imputados que llegaron hasta recursos de queja ante la Corte Suprema, fueron demorando las definiciones. De hecho, el fiscal Sebastián Basso realizó los pedidos a indagatoria hace dos años y medio. Recién esta semana, la jueza envió las cédulas de citación para empezar a tomar declaración a partir del lunes 15 de abril.

La investigación cobró impulso en 2008, cuando el presidente de la Corte Suprema advirtió un intento de hackeo a su correo electrónico. Las sospechas desembocaron rápidamente en las trapizondas de Velázquez. Luego de numerosos allanamientos y de analizar el software incautado en casas y oficinas de los sospechosos, los investigadores detectaron que las víctimas podían ser decenas, y cientos los e-mails interceptados. Las propias personas hackeadas los fueron a reconocer al juzgado: desde el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández y la ministra –por entonces a cargo de Defensa– Nilda Garré hasta el ex canciller Jorge Taiana, pasando por su sucesor, Héctor Timerman, dos secretarios de la presidenta Cristina Kirchner y el ministro Julio De Vido, y figuras como Susana Giménez, Celeste Cid y Pampita Ardohain.

Modus operandi

La hipótesis central en la causa es que Velázquez y Carpintero hacían el phishing (robo de datos) o el hackeo, pero quienes se ocuparon de comercializarlos y/o utilizarlos para facilitar “operaciones” –políticas o de otros ámbitos, a veces incluso difundiendo el contenido mismo de los correos– habrían sido otros. Yofre aparece como quien les daba órdenes a los espías. El delito de “violación de secretos políticos o militares” es excarcelable pero la reiteración lo agrava y puede llevar al imputado a prisión. En corrillos judiciales especulan que se los podría imputar por asociación ilícita, delito que no es excarcelable.

Los periodistas citados

Carlos Pagni –quien cobró notoriedad en las últimas semanas porque aludió al viceministro de Economía Axel Kicillof como “judío” “marxista”– , Horacio Alderete (responsable del portal Seprin), Edgard Mainhard, Roberto García y el empresario de medios santiagueño Néstor Ick, de estrechos vínculos con Yofre, son acusados por el fiscal de “sustracción de documentos destinados a servir de prueba y encubrimiento, por haber conocido el origen ilícito de la información y haberla utilizado a sabiendas de su ilegalidad, en beneficio propio y de terceros”.

Apenas trascendió en los medios la causa judicial, Yofre, cuyo rostro empapeló Buenos Aires en estas semanas a raíz de la difusión de su nuevo libro 1982-Los documentos secretos de la guerra de Malvinas/Falklands y el derrumbe del proceso salió a denunciar operaciones en su contra. Llegó a presentar un recurso de queja ante la Corte reclamando la nulidad del juicio. En noviembre del año pasado, los supremos rechazaron el planteo en la causa que se lo investiga como sospechoso de “revelar de manera ilícita y con ánimo de lucro la información contenida en correos electrónicos pertenecientes a funcionarios públicos”, según informó el propio tribunal en un comunicado. Los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay consideraron que no les corresponde intervenir porque no está en juego una sentencia definitiva ni hay detenidos. Esa resolución habilitó la continuidad del expediente que ahora se reactivará con los llamados a indagatoria.

Los personajes

En el libro SIDE. La Argentina secreta, el periodista Gerardo Young cuenta que “si algo marcó la gestión del Tata (Yofre, designado por Carlos Menem en julio de 1989) fue que devolvió a La Casa a muchos de los militares a los que habían expulsado los radicales. Y a los duros. Nombró como director de la Escuela de Inteligencia al general de brigada Carlos Martínez, el mismo que había sido jefe de la SIDE durante los últimos años de la dictadura. (…) También nombró al teniente coronel retirado Carlos Doglioli como director de contrainteligencia y a Pascual Guerrieri como director de Planeamiento. Guerrieri era un tipo de verdad pesado. Oficial de Inteligencia del Ejército, en la dictadura había dirigido centros clandestinos de detención en Rosario, tenía las manos manchadas con sangre y ni una gota de culpa”. Durante los largos años de Menem, Yofre se desempeñó también como embajador en Portugal y en Panamá. En los últimos años volvió a despuntar su vicio por la escritura, Volver a Matar, el libro que llevó Alfredo Astiz a la primera audiencia oral del juicio por los crímenes en la ESMA, inauguró la saga en la que abunda la utilización de información hasta ahora secreta.

El espía Velázquez huyó de la Argentina a Uruguay apenas se activó la causa, allá por 2008 luego del hackeo a los correos electrónicos de Lorenzetti. Pidió asilo político en ese país pero terminó preso acusado también de violar mails de funcionarios uruguayos. Desde Montevideo le dieron una entrevista al diario Perfil en la que desmintieron su vinculación con al red de espionaje. “Nosotros desarrollamos para la SIDE en su momento un software de recepción de correspondencia electrónica orientado hacia la lucha contra el terrorismo y lo hemos ido perfeccionando. Y cuando decidimos irnos de la SIDE fuimos a la PSA, hemos aportado esa tecnología y la hemos utilizado”, explicaron. Velázquez fue extraditado a la Argentina al igual que su socio Carpintero. Velázquez tendrá que declarar nuevamente ante la jueza a partir del 15 de abril.

En los allanamientos a los domicilios de ambos hackers, de Yofre, de Reimundes y de Alderete (Seprin) que en su momento realizó la Justicia se incautó información que alimentó las sospechas sobre la utilización política de la información robada. Un e-mail que lleva como remitente el nombre pantalla “congregacionsaleciana” tiene como destinatario a Carlos Prieto. El texto es un ofrecimiento de información. Incluye un pedido de dinero a cambio y otro de “discreción”. El correo lo firma “Tata”, el conocido apodo de Yofre. El mail no sólo echaría luz sobre el modus operandi para el presunto tráfico de correos electrónicos, sino sobre los objetivos políticos que habrían perseguido algunos de los sospechosos.

Prieto es un abogado oriundo de Lomas de Zamora, que trabajó con Eduardo Duhalde en ese municipio y fue su lobbista en Estados Unidos en 2002. Entre las pruebas que maneja la Justicia, surgirían indicios que, además, vinculan a Yofre con el llamado proyecto “Negro el 29”, con el que Duhalde vaticinaba una crisis de gobernabilidad para Cristina Kirchner que él proyectaba capitalizar.

La jueza Arroyo Salgado suele eludir el contacto con la prensa. Durante seis años ha acumulado pruebas que dan cuenta de la violación de mails de funcionarios políticos y judiciales del más alto rango. Si no median nuevas chicanas procesales es de esperar que el testimonio de los imputados –quiénes proveían datos y quiénes los utilizaban– corra el velo sobre los manejos de una red afecta a aprovecharse de los secretos de otros.