«A las 13.15 de este miércoles, militantes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) ingresaron al edificio donde se encuentra el despacho del doctor Olivera Pastos, titular del Juzgado Federal 2 de Jujuy. Empezaron a ocasionar disturbios y cuando el magistrado salió a averiguar qué pasaba entraron a su despacho.»

Ese fue el relato del consejero Mario Fera en la reunión de este jueves de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura nacional. Fera se comunicó con un miembro de la Justicia federal jujeña, quien le comunicó lo sucedido.

Este hecho sucedió en el marco del tratamiento del expediente «Cosentini, Marcelo y otros (Derechos Humanos con actuación en Jujuy) c/Doctor Olivera Pastor», en el que el magistrado es acusado por retrasar el tratamiento de los casos en los que se investigan crímenes de lesa humanidad que tramita su Juzgado.

Precisamente, uno de ellos es el que involucra a la familia Blaquier, por la fatídica y recordada «Noche del apagón»: el 27 de julio de 1976, en la ciudad jujeña de Libertador General San Martín se provocó un apagón a la vez que las fuerzas represivas del Estado, cuyo poder era detentado por las fuerzas militares, detuvieron a más de 300 personas. Eran trabajadores y familiares. Todos estuvieron en galpones del ingenio Ledesma, perteneciente a la familia mencionada.

En ese hecho también fue secuestrado y desaparecido el intendente de la ciudad, Luis Arédes, que también fue pediatra. Durante su ejercicio profesional, pudo descubrir los efectos devastadores que provocó en la población de los menores de edad el exceso de trabajo al que fueron expuestos por el ingenio Ledesma.

A pesar de que el expediente fue postergado, el presidente de la Comisión, el consejero Carlos Moreno, aseveró que iba a firmar un dictamen para citar, a través del artículo 20, al juez Carlos Olivera Pastor.

No es la primera vez que se manifiestan en contra del juez jujeño. Al respecto, Olivera Pastor se defendió en diversas ocasiones: «Estos hechos evidentemente apuntan a obstaculizar el trabajo de la Justicia, mediante intimidaciones o mensajes extorsivo».

El magistrado aseveró que «la extorsión por esta vía, se orienta hacia un flanco supuestamente vulnerable, de quienes tenemos la responsabilidad de trabajar sobre expedientes que de una u otra manera, tienen que resolver la situación de procesados o imputados, si los hubiere, o afirmar el rumbo de las investigaciones».

Con respecto a los incidentes, Hernán Ordiales realizó una autocrítica: «El expediente está hace casi tres años en nuestro poder y sigue en el mismo estado. Hagamos una reflexión porque lo que pasó ayer de alguna forma nos involucra».

Fuente: http://www.diariojudicial.com/contenidos/2012/03/08/noticia_0005.html?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+DiariojudicialcomRssFeed+%28DiarioJudicial.com+RSS+Feed%29