Las muertes de internos y las continuas denuncias de malos tratos y torturas en las cárceles, deberían llamar
la atención de un gobierno que ha hecho de la defensa de los derechos humanos una política de Estado.
IRINA SANTESTEBAN
El artículo 18 de la Constitución Nacional consagra las garantías de la defensa en juicio, la inviolabilidad del domicilio, la supresión de la pena de muerte y los azotes. A la vez establece que las cárceles deben ser «sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas», haciendo responsable a los jueces por los derechos de los presos.
La realidad en Argentina es muy diferente y resulta un contrasentido que un gobierno que es vanguardia en cuanto al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, en América Latina y en el mundo entero, no dedique mayores esfuerzos para mejorar las condiciones de los detenidos en prisiones y comisarías.
En la provincia de Buenos Aires, quizás la peor en cuanto a situación carcelaria, se creó en 2003 el Comité contra la Tortura, dentro de la Comisión por la Memoria, ésta última integrada por personalidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos. El Comité elabora todos los años un meticuloso informe sobre la situación en cárceles y comisarías, denunciando todos los casos de torturas y apremios ilegales que llegan a su conocimiento.
Antesala a la muerte.
La superpoblación carcelaria con su consiguiente hacinamiento, la lentitud de los procesos judiciales, las malas condiciones de los establecimientos penitenciarios, agravan una situación que de por sí es conflictiva, tal la de personas encerradas por haber cometidos delitos de distinta gravedad. Pero si a esa situación explosiva se le agrega el constante maltrato y las vejaciones que casi sin excepciones se aplican como políticas carcelarias, se explican las continuas muertes que todos los años se producen en las prisiones argentinas.
Según el Comité contra la Tortura, en 2009 murieron 117 personas en las cárceles bonaerenses. En 2010 fueron 133 y desde enero a octubre de 2011, últimos datos difundidos, las muertes ya eran 90. En el mismo sentido, el Banco de Torturas de la Defensoría de Casación bonaerense, informó que en 2011 se formularon 223 denuncias de torturas o tratamientos crueles en cárceles y comisarías de la provincia, 67 de ellas contra menores de edad.
También se tortura.
Las denuncias demuestran que a pesar de las condenas a los genocidas de la dictadura, las torturas continúan siendo las mismas que las que se practicaban sistemáticamente en los centros clandestinos de detención, que funcionaron en todo el territorio nacional desde antes del golpe de Estado militar del 24 de marzo de 1976. Así se ha denunciado que se aplica a los prisioneros el «submarino seco» (bolsa de nailon en la cabeza) o «húmedo» (introducir la cabeza del detenido en un tacho con agua o con líquidos inmundos); se tortura con picana eléctrica; se mantiene al prisionero en celdas de aislamiento durante más tiempo del que se considera como el límite a sus derechos, incluso desnudo en época invernal; se aplican golpizas con bastones de madera o goma maciza hasta producir lesiones que, en el mejor de los casos, serán mal atendidas en algún hospital, donde el preso deberá permanecer esposado a su cama. En muchos casos, las heridas se «curan solas» en las prisiones.
Roberto Cipriano García es el director del Comité contra la Tortura de la provincia de Buenos Aires. Para este abogado, la tortura «es una práctica sistemática en el Servicio Penitenciario Bonaerense y también de la policía bonaerense. Existen patrones estructurales de violación a los derechos humanos en personas privadas de su libertad. Esto se agrava por la ineficacia de la Justicia para controlar y sancionar a los responsables y la insuficiencia de mecanismos de prevención» (Miradas al Sur, 5/2/2012).
Paliza mortal.
La denuncia de familiares de presos que están alojados en la Unidad 46 de San Martín al secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de ese partido bonaerense, Juan Manuel Casolati, luego que un grupo de penitenciarios propinaran una feroz paliza al detenido Patricio Jonathan Barros Cisneros provocándole la muerte, a la vista de las visitas y de su propia esposa, es una evidencia más de la situación que se vive en las cárceles argentinas.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Comité contra la Tortura ingresaron a ese penal luego de la denuncia y corroboraron los dichos de los familiares, desmintiendo la versión oficial, de que el preso se había «autoagredido» hasta provocarse la muerte. La columna del periodista Horacio Verbitsky en el diario Página 12 del pasado domingo 5, tuvo como centro la denuncia de ese hecho.
La esposa de Barros Cisneros, una joven embarazada de 18 años, denunció que la golpiza se la dieron porque pidió una pieza privada para tener una visita íntima con ella y que lo golpearon unos 10 efectivos penitenciarios mientras estaba en el piso esposado.
Scioli vs. Mariotto.
Las diferencias en las políticas de seguridad y penitenciarias ha producido una clara división entre el gobernador Daniel Scioli y el vicegobernador, Gabriel Mariotto. Scioli es un defensor de las políticas de «mano dura» y en reiteradas oportunidades se ha pronunciado a favor de disminuir la edad de imputabilidad de los menores. Mariotto, en cambio, participó el viernes de la semana pasada de un acto en el asentamiento La Cárcova, en José León Suárez, en el partido de San Martín, para recordar el asesinato de dos jóvenes, hace un año, por parte de efectivos de la policía bonaerense.
En los últimos dos años, seis presos fueron quemados en la cárcel de Marcos Paz, dos de ellos murieron y otros dos, menores de 21 años, se encuentran internados en gravísimo estado. En muchos de estos casos, las víctimas son denunciantes del Servicio Penitenciario, por malos tratos o por constituir mafias que obligan a los presos a salir a robar.
La complicidad de la Justicia con estos hechos es innegable, son excepciones los jueces y defensores que investigan estos hechos, y en la mayoría de los casos, se llega a algún resultado luego de que se produzca algún hecho trágico como motines, o incendios donde mueren o son lesionados los internos.
En Corrientes, la Comisión de Derechos Humanos denunció recientemente la golpiza que recibió un preso de la Unidad 6 del Servicio Penitenciario correntino, Raúl Abel Sánchez, quien hoy se encuentra en estado de coma. La paliza la sufrió Sánchez en medio de la represión a un supuesto motín producido cuando un interno se habría negado a una requisa y luego habrían «atacado» al personal penitenciario.
Esa versión sobre las «autolesiones» o los «autoincendios» de colchones, o los supuestos «ataques» de los internos a los penitenciarios, se repiten en cada uno de estos trágicos hechos, que siempre terminan con muertos y heridos, siempre del bando de los presos.
No mirar para otro lado.
La sociedad debe hacerse cargo de este problema, aunque la responsabilidad principal sea del Estado, y de su falta de actuación para sancionar severamente a los responsables y disponer políticas de contención al interior de las cárceles, para que se haga realidad el precepto constitucional de que deben ser «para seguridad y no para castigos de los reos».
La ministra de Seguridad de la Nación, Dra. Nilda Garré, como parte de una política de Estado, debería promover una profunda reforma tanto policial como penitenciaria para que nunca más haya casos de torturas y malos tratos a los detenidos, ni en las cárceles ni en las comisarías. La política penitenciaria debería promover el trabajo y el estudio al interior de las prisiones, para que no sean verdaderas «escuelas de delincuencia y violencia» como son actualmente.
El ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, ex alcaide durante la dictadura, es responsable de la situación deplorable en que se encuentran los detenidos y de las continuas muertes que han denunciado desde la Comisión de la Memoria. Su renuncia debería estar ya en el escritorio del gobernador Scioli.
Además, tal como lo dispone la Constitución Nacional, es innegable la responsabilidad de los jueces y demás funcionarios judiciales que permiten, por omisión u acción, estos hechos, y que no investigan las denuncias que les hacen los presos. Por mandato constitucional y por mal desempeño, debería promoverse su destitución.
