Los abajo firmantes –que en mayo último presentamos el Documento “La Argentina y la Cuestión de las Drogas: Una Propuesta para Repensar el Debate Público”– queremos hacer un nuevo aporte en torno del tema de las drogas; tema que, por distintas razones y con diferentes propósitos, ya está instalado en la Argentina.
No compartimos en absoluto la perspectiva de quienes prefieren negar la expansión del narcotráfico y categóricamente no acompañamos a las voces de quienes quieren conducir a la Nación a una fallida cruzada contra las drogas. Conceptualmente, sostenemos que el núcleo de este fenómeno se origina en su prohibición y que la evaluación de modelos regulatorios sería más aconsejable. Subyace a esto una convicción profunda: es ingenua y peligrosa la meta de alcanzar la total eliminación de las drogas. Por el contrario, el objetivo bien podría ser la contención de este asunto; es decir, reducir sus efectos sociales, políticos, institucionales y económicos más deletéreos.
Así, por un lado, la prohibición pretende lograr la abstinencia frente a determinadas sustancias psicoactivas con el fin de crear una sociedad libre de drogas. Ello implica, en consecuencia, suprimir el cultivo, la producción, el procesamiento, el tráfico, la distribución, la comercialización, la financiación, la venta y el consumo de un conjunto específico de sustancias psicoactivas declaradas ilegales. La “guerra contra las drogas” pone de manifiesto una campaña prohibicionista de corte militante que pretende erradicar, preferentemente con fuertes medidas represivas, el conjunto de narco-actividades que caracterizan cada uno de los componentes y de las fases del emporio de las drogas.
Alternativamente, y por otro lado, ponderamos el valor de esquemas de regulación; lo cual implica pensar y actuar con un horizonte de largo plazo y una perspectiva heterodoxa, así como estar abiertos a proponer y ensayar opciones innovadoras. En esa dirección, contemplar la regulación modulada resulta esencial; esto es, establecer un tipo de regulación específica por droga de acuerdo a los daños que cada una causa. Se trata de desagregar el universo de sustancias psicoactivas ilegales, porque no todas las drogas son idénticas en su naturaleza y efecto, y de diseñar regímenes de regulación especiales. Además, se procura identificar mecanismos regulatorios en toda la cadena productiva, desde la demanda hasta la oferta. Operar sólo en un eslabón sin hacerlo en todas las fases crearía una situación disfuncional sólo aprovechable por la criminalidad organizada.
Advertimos que el sendero pro “guerra contra las drogas” que algunos sectores quieren implantar definitivamente en el país ha sido, urbi et orbi, un fracaso; que se ha convertido en un estímulo para una violencia desbordada que afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad; que brinda una rentabilidad monumental a organizaciones criminales cada vez más transnacionalizadas; que alimenta niveles de corrupción enormes y extendidos socavando el sistema policial, judicial, político, empresarial y estatal; y que alienta una sub-cultura de la ilegalidad que erosiona el Estado de derecho y hasta la democracia misma.
Y añadimos que, de lo anterior, se deriva una idea fundamental: una política pública virtuosa contra las drogas exige dotar al Estado de mejores capacidades; capacidades que, a su turno, faciliten una mirada estratégica, una acción centralizada, una coordinación eficaz y una rendición de cuentas transparente.
Ahora bien, en esta oportunidad queremos presentar algunas recomendaciones que, esperamos, aporten a una mayor y mejor deliberación sobre el tema.
– Primero, creemos que la Argentina requiere un diagnóstico actual del asunto de los narcóticos en el plano interno así como la identificación del lugar del país en la compleja geopolítica global de las drogas. Nos parecen convenientes dos tipos de iniciativas para ahondar el conocimiento acerca del tema:
A. Que se convoque a una Comisión Especial que, a partir de un enfoque multidisciplinario y plural, brinde al país y a todos sus ciudadanos un Informe con una apreciación integral sobre el fenómeno de las drogas que sirva de guía para la formulación de políticas públicas en la materia; máxime en el contexto de una futura campaña presidencial, que exigirá que los candidatos se nutran de análisis rigurosos y sistemáticos antes de proclamar anuncios altisonantes y demagógicos.
B. Que las universidades, los centros de investigación, las organizaciones no gubernamentales, los thinktanks de los partidos políticos y los institutos de estudio de las asociaciones empresariales, entre otros, desarrollen trabajos basados en la evidencia para así ofrecer al Estado y la sociedad materiales de comprensión y argumentación sobre el fenómeno de las drogas.
– Segundo, consideramos que es importante avanzar en la discusión pública y política acerca de las ventajas de reforzar la capacidad del Estado para desarrollar labores de inteligencia criminal y de policía de investigaciones que posibiliten afrontar exitosamente los desafíos generados por la criminalidad. Al evaluar experiencias comparadas de políticas contra la delincuencia organizada resulta evidente que las más eficaces, en el marco de la democracia y bajo una rigurosa conducción política civil, son aquellas que procuran una mayor centralización, una mejor coordinación y más transparencia, en el marco de evaluaciones periódicas y abiertas a la reforma.
– Tercero, pensamos que sería valioso que el Poder Ejecutivo y el Legislativo se abocaran a examinar y revisar las leyes vigentes en materia de drogas, así como a proponer y debatir legislación que eleve la capacidad de acción estatal. Por ejemplo:
A. Tanto la Ley de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes de 1989 como la llamada Ley de Desfederalización de 2005 podrían ser objeto de un profundo examen y de una eventual rectificación, pues sus resultados efectivos han sido, según los estudios disponibles tanto oficiales como independientes, mediocres.
B. Asimismo, el Estado requiere un sistema nacional de información y cuantificación moderno sobre los problemas de narco-violencia, droga-dependencia y narco-lavado. Dado que es pobre la estructura vigente de recolección y análisis de datos acerca de los distintos eslabones que hacen al fenómeno de las drogas sería prudente estudiar con qué instrumentos y de qué modo se puede robustecer un componente básico de toda buena política pública: contar con evidencia actual y fiable.
– Cuarto, parece adecuado, según lo que se conoce mundialmente al respecto, reorientar el esfuerzo presupuestario que hoy se dirige a atender el tema de las drogas. De acuerdo a un estudio (“Algunos análisis económicos sobre las sustancias psicoactivas en la Argentina”) de 2011 de la Sedronar, el monto total que el Estado destina al tema de las drogas equivale al 1,2 por ciento del PIB. El 95 por ciento de lo que se denomina “Presupuesto de Drogas” se orienta a controlar la oferta y apenas el 5 por ciento a reducir la demanda (4 por ciento a tratamiento y 1 por ciento a prevención). Estudios realizados hace años en Estados Unidos por la RAND Corporation (por ejemplo, el de C. Peter Rydell y Susan S. Everingham de 1995) y posteriores trabajos internacionales han demostrado que las medidas focalizadas a disminuir la demanda son siete veces más efectivos que las que apuntan a contrarrestar la oferta.
– Quinto, sugerimos que la Argentina puede conectarse a una tendencia promisoria en materia de drogas. En el mundo están avanzando las medidas locales, provinciales y nacionales tendientes a reducir los daños, tanto individuales como colectivos, provocados por la narco-violencia y el consumo de estupefacientes. La experiencia relevada y los estudios realizados, en especial en América latina, han comprobado que, en la práctica, los actores mayoritariamente maltratados por la “guerra contra las drogas” son los sectores sociales más vulnerables. Reducir el daño apunta a proteger a los adolescentes, las comunidades más afectadas por la violencia generada por el emporio de las drogas y las familias menos atendidas. Ejemplos recientes en países vecinos como Brasil, mediante iniciativas como la llamada Brazos Abiertos, que buscan ofrecer alojamiento, alimentos y oportunidades laborales para consumidores de paco muestran resultados iniciales positivos.
– Sexto, opinamos que es relevante que los medios de comunicación contribuyan a elevar la calidad de la deliberación pública en torno del fenómeno de las drogas: lo que no necesita hoy el país es un amarillismo adictivo que refuerce los temores y estereotipos que, más temprano que tarde, terminan en campañas anti-drogas peligrosas e inútiles. En todos los casos regionales en los que los medios de comunicación se sumaron, ex profeso o inadvertidamente, a la lógica de la “guerra contra las drogas”, se reforzó una actitud oscilante de la opinión pública frente a las drogas que llevó a momentos de indignación e histeria seguidos de etapas de frustración y fatiga: ni lo uno ni lo otro aportan a una política de Estado en la materia.
En síntesis, la Argentina no puede seguir sonámbula ante la gradual pero firme expansión del narcotráfico. Si no se comprende de manera razonable y realista el problema de las drogas a partir de un diagnóstico preciso y la aplicación de medidas certeras, el país se tropezará con un reto mayúsculo. Las seis recomendaciones aquí indicadas procuran evitar lo que tanto padecen otros países y, asimismo, avanzar en el diseño de una mejor política pública en la materia. Y finalmente una observación ineludible: siempre hay que tener en cuenta que el problema de las drogas es un síntoma de algo mucho más hondo y su eventual superación requiere asumir las dificultades y retos estructurales que lo nutren y multiplican.
* Por Agustín Colombo Sierra, Nicolás Comini, Enrique Del Percio, Rut Diamint, Alberto Fohrig, Ernesto López, Juan López Chorne, Pablo Martínez, Pepe Paradiso, Raúl Sánchez Antelo, Luis Tibiletti, María de la Paz Tibiletti, Juan Gabriel Tokatlian, José María Vázquez Ocampo.
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