LUIS CUSTODIO

Tamara Agnic, que presidió Gafisud (Grupo de Acción Financiera Sudamericano) hasta hace dos semanas, dice que los países están «a ciegas» con procedimientos que recién comienzan a reconocer, al tiempo que destaca los acuerdos de intercambio de información entre los reguladores financieros, aunque no todos los países los firmaron. A continuación, un resumen de la entrevista.

-¿Cuáles son los asuntos más delicados que debe enfrentar Gafisud para una efectiva coordinación de políticas?

-Lo que la región debe resolver son temas estratégicos, relacionados con la forma en que nuestros países adoptarán y adaptarán las 40 nuevas recomendaciones de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) para combatir en forma efectiva el lavado de dinero. Es clave tener en cuenta que no todos estos nuevos estándares tienen la misma valoración al momento de evaluar el cumplimiento. Algunos son considerados «esenciales», por tanto estar en falta con ellos puede derivar en procesos de seguimiento intensificado e incluso, en la eventual incorporación de los países mal evaluados en las listas gris o negra de GAFI. El punto es que lo «esencial» a nivel global puede no coincidir con las urgencias y realidades nacionales en materia de combate al lavado.

-¿Por ejemplo?

-La recomendación referida al congelamiento de fondos de terroristas identificados por el Comité de Seguridad de Naciones Unidas. En la región tuvimos dificultades para adaptar las legislaciones a este tipo de estándares porque el terrorismo es visto por los líderes políticos y sociales regionales como una amenaza ajena y lejana. Sin duda, Latinoamérica no es inmune al fenómeno, pero la inexistencia de una amenaza concreta hace difícil considerar prioritario este tema, lo que impone obstáculos significativos.

Ante ello, en Gafisud hemos trabajado de manera colectiva para resolver temas estratégicos como éste, desarrollando medidas técnicas que apoyen a los países en la adaptación de las recomendaciones internacionales, partiendo de la base de sus realidades nacionales. Hace un par de años, ningún país de la región tenía implementados mecanismos adecuados que garantizaran el congelamiento de este tipo de activos; ahora, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay ya cuentan con una legislación promulgada, en tanto que Ecuador y Chile están en las etapas finales de la tramitación de proyectos de ley similares.

Bajo sospecha

-Año a año se han ido incorporando sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. ¿Cuáles son las áreas que aún no están cubiertas?

-Las nuevas recomendaciones de GAFI marcaron un cambio radical. Los antiguos estándares enumeraban los sectores económicos vulnerables que los países debían incluir en el diseño e implementación de sus sistemas preventivos anti lavado, sin ponderar o diferenciar sensibilidades entre naciones; las nuevas recomendaciones otorgan mayores grados de autonomía, poniendo el acento en que cada país identifique cuáles son los sectores económicos que, de acuerdo a su realidad, están más expuestos a ser utilizados por el crimen organizado para cometer delitos de lavado de dinero o financiamiento de terrorismo. De esta forma, la nueva tendencia a partir de la Recomendación N° 1 de GAFI, es que cada país emprenda un análisis de sus riesgos, no solo a nivel de sectores económicos, sino dentro de cada conglomerado, al interior de cada unidad económica y de cada empresa individual. Los sectores vulnerables ya no son una nómina estática y global, sino un listado dinámico de autoría nacional, construido a partir de las realidades domésticas, locales y vecinales.

-En determinadas ocasiones, los sujetos obligados reportan «a regañadientes». Fundamentalmente, porque consideran que el exceso de controles puede ahuyentar al inversor. ¿Cómo evalúa esta situación?

-La disposición con que los sujetos obligados enfrentan sus obligaciones legales está íntimamente ligada a la etapa de evolución en que se encuentran los sistemas anti lavado al interior de cada país, de cada industria y de cada sector económico. Cuando los sujetos obligados comprenden que los principales beneficiados de contar con un sistema robusto, que les cierre el paso a los delincuentes en sus intentos por blanquear dinero, son sus propias empresas y su sector de actividad, adoptan una actitud diametralmente distinta. Pasan de ser obligados a colaboradores, de cumplir imposiciones de los reguladores a ser pieza angular del sistema preventivo, de estar ajenos y distantes al combate al lavado, a estar comprometidos con un objetivo que es estratégico y nacional.

Evaluaciones

-¿De qué forma Gafisud evalúa a los países?

-No le corresponde a Gafisud emitir juicios sobre las realidades locales. Son los propios Estados, a través de las evaluaciones periódicas que enfrentan, los que deben ponderar el nivel de cumplimiento de los estándares internacionales frente a sus prioridades nacionales. Es obvio que éstas difieren entre un país y otro y, por tanto, no existe un ranking global ni regional de cumplimiento anti lavado.

Más allá de los casos particulares, no es menor tener en cuenta que el escenario cambió para todos. Tras la emisión de las nuevas recomendaciones de GAFI, todos los miembros del grupo estamos un poco a ciegas. No es que estemos desorientados, pues los objetivos de prevención, persecución y sanción del lavado de activos siguen siendo los mismos, sino porque todos deberemos enfrentar procesos de evaluaciones para los que no tenemos experiencia, dado que se trata de nuevos estándares. Frente a tal contexto, en Gafisud pusimos en marcha un proceso de «Autoevaluación de los sistemas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo», en base a las nuevas recomendaciones, de manera que cada uno de los doce miembros pueda contar en forma anticipada con una visión más clara de las fortalezas y vulnerabilidades de toda la región y, por supuesto, de cada país con respecto a los nuevos estándares y exigencias internacionales.

-¿Cómo califica el nivel de intercambio de información entre países? ¿Es satisfactorio?

-La eficacia del sistema global de combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo depende, básica y fundamentalmente, del intercambio de información, de la oportunidad con que ello ocurre y de su calidad. Este es un eje estratégico del plan de acción que desarrolla Gafisud, donde hemos pasado de una etapa en que se promovían iniciativas para mejorar el intercambio bilateral de información entre unidades de inteligencia financiera a otra en que, manteniendo lo anterior, todos los países del grupo suscribimos un memorándum de entendimiento en este ámbito. A ello adicionamos, en julio pasado, un acuerdo para el intercambio de información entre organismos reguladores financieros que constituye un hito. Si bien ciertas restricciones jurídicas impidieron que algunos países lo firmaran, ya se están promoviendo los ajustes legales para que en el mediano plazo se incorporen todos los miembros.

La puesta en marcha de la Red de Recuperación de Activos de Gafisud (RRAG) es otra acción concreta que apunta a identificar, localizar y recuperar en la región, activos originados en operaciones de blanqueo de fondos a través de una red de contactos nacionales que intercambian información confidencial, en forma oportuna y segura.

Lista de pendientes

-Hay varios países de la región que están en fase de revisión, ¿a qué obedece?

-Son varios los países de todos los continentes, no solo de nuestra región, que están en proceso de seguimiento o revisión por parte del GAFI porque no cumplen con las recomendaciones calificadas como «esenciales» para la prevención y el combate al lavado y al financiamiento del terrorismo. En los procesos de revisión se insta a los países a considerar los riesgos derivados de las deficiencias detectadas en cada jurisdicción, para que pongan en marcha medidas que permitan mitigarlas.

En ese marco y con el propósito de fomentar un mayor cumplimiento de los estándares internacionales, el GAFI elabora listas de países de mayor riesgo, de países que tienen deficiencias y no progresan, y de países que tienen deficiencias estratégicas pero que cuentan con programas para la atenuación de las debilidades, acordados con el organismo. Esta última nómina es conocida como «lista gris». En el caso particular de Argentina, el GAFI ha destacado y divulgado los avances de su plan anti lavado y anti terrorismo y, específicamente, la aplicación práctica del decreto presidencial para congelar activos. Venezuela, en tanto, está en lista gris, sujeto a una evaluación final in situ, cuya fecha aún no ha sido divulgada.

Correr de atrás

-En particular, parece ser que uno de los flancos débiles es la justicia, debido a dificultades derivadas de la capacitación, especialidad y recursos. ¿Usted comparte esta apreciación?

-La puesta en marcha de sistemas anti lavado es relativamente reciente, por lo que es natural que aún haya muchas piezas que ajustar. En ese marco, la capacitación es un factor muy relevante, pero no solo la referida a los miembros del Poder Judicial, sino que a todos los integrantes del sistema, ya sea que se desempeñen en las áreas preventiva, persecutoria o de sanción penal.

La mayor amenaza del lavado de activos es el poder económico que acumulan las organizaciones que lo practican. No basta con encerrar a los autores de los delitos que originan el lavado; también, es necesario atacar sus bolsillos pues, al quitarles su patrimonio, no pueden engendrar nuevos ilícitos. De poco serviría tener jueces muy instruidos si no existen adecuados mecanismos preventivos y de alerta temprana de operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento de terrorismo.

-El sistema legal, en general ¿viene muy «de atrás» respecto de los delitos?

-Lamentablemente, es difícil pensar que alguna vez iremos por delante de los delincuentes. No debemos olvidar que el crimen organizado muta muy rápido. Va buscando distintas formas de operar. No respeta garantías, derechos ni fronteras. Su combate hace indispensable contar con estrategias de ataque global y simultáneo a los distintos frentes del poder patrimonial y trasnacional de las mafias si queremos lograr una efectiva erradicación de sus nefastas redes y de la influencia de sus líderes, que muchas veces continúan operando desde la cárcel. Asimismo, las legislaciones de los países necesitan ir evolucionando a la par, como lo hacen las nuevas formas que adopta el lavado, de modo de contar con herramientas cada vez más sofisticadas de combate al blanqueo de fondos y al financiamiento del terrorismo. Se trata de una evolución transversal, pues debe cruzar las etapas preventiva, investigativa, persecutoria y de sanción penal.

Ni las economías desarrolladas o las menos corruptas están a salvo

-Un informe de Gafisud sobre Uruguay hablaba tiempo atrás de que aún hacía falta «más conciencia» en el sector financiero sobre los riesgos de lavado ¿Ese es un problema actual de nuestro país?

-Es una realidad con la que debemos lidiar todos los países. Generar conciencia es parte de las responsabilidades que le caben a las autoridades públicas. No obstante, la falta de conciencia no solo es observable en el sector financiero el que, hay que destacarlo, está cada vez más activo en la implementación de medidas anti lavado, porque además suele estar mucho más regulado. El punto es que en la actualidad no hay ningún sector económico que esté libre de ser utilizado para lavar dinero, por lo que el desafío mayor está en aquellos sectores que normalmente carecen de regulación y que son más reacios a aplicar instrucciones que emanan de las autoridades públicas.

-En Uruguay, durante muchos años se afirmó que en el país «no se lava dinero». Con el paso del tiempo el discurso fue cambiando. ¿Hay algún país que pueda sentirse libre de ese flagelo?

-Ninguno. Ni las economías más avanzadas ni las menos corruptas ni las más transparentes, según diversos rankings internacionales, están libres de ser usadas para lavar dinero. En el caso particular de Sudamérica, la demora en la instalación de sistemas anti lavado y en su puesta a prueba, sumado a un primer período que se caracterizó por la inexistencia de sentencias condenatorias por lavado de activos, generó la falsa idea de que en la región no se lavaba dinero. Hoy, cuando la mayoría de los países exhibe condenas efectivas por el delito, la mirada incrédula tiende a desaparecer.

-Nuestro país eliminó las SAFI, hubo ajustes vinculados respecto al secreto bancario y las acciones al portador, y se están firmando varios acuerdos de información tributaria. Estos temas ¿generan mejores condiciones para el combate al lavado de activos?

-Así es. La forma de cometer el delito de lavado muta con una velocidad que obliga a los países a adoptar nuevas medidas para controlar y perseguir este flagelo en forma permanente. Los nuevos controles pueden ser administrativos o requerir reformas legales, de tramitación más extensa, e incluso pueden originarse a partir de procesos de autorregulación del sector privado, dado que puede identificar con más precisión sus flancos vulnerables. Lo relevante es que, así como Uruguay adoptó medidas específicas, el resto de la región también lo ha hecho.

La contracara de una economía abierta es que nos hace más débiles

-La globalización ofrece la oportunidad del intercambio de información, pero no solo a los honestos…

-Cierto. Tenemos economías abiertas, nos enorgullecemos de ello, pero la contracara es lo débil que nos vuelve. La apertura trae inversiones, empleo y desarrollo, pero debemos entender que esa economía abierta está igualmente disponible para los inversionistas honestos y los que no lo son. Por eso hay que tener los mecanismos preventivos necesarios para mitigar esos efectos. Entre otros asuntos, los niveles de corrupción regional que figuran entre los más altos a nivel continental y mundial son una vulnerabilidad. Uruguay y Chile aparecen entre los países mejor posicionados, pero el vecindario presenta problemas, lo que nos lleva a tener una preocupación no solamente por trabajar de manera coordinada, sino también adoptar las medidas internas para proteger lo que actualmente tenemos.

-El lavado de activos era una idea asociada exclusivamente con el narcotráfico, pero esa idea está siendo dejada de lado.

-Hoy es mucho más que eso. El poder económico de las organizaciones ilícitas es el que permite corromper instituciones, personas, funcionarios públicos y también privados. La actividad primaria o delitos precedentes, pueden ser variados. En la mayoría de los países de la región se ha optado por hacer un catálogo de delitos que darían inicio a acciones contra el lavado de dinero. Ahí queda claro que no hablamos solamente de narcotráfico. Están el cohecho, la malversación de caudales públicos, fraude al fisco, empleo de información privilegiada o de información falsa a las autoridades o a los mercados. Puede ser difícil hacer esta asociación entre lavado de dinero y ese tipo de delitos que tienden a ser calificados como simples fraudes. Pero no es así. Generan una ganancia ilícita que para poder ser utilizada necesita ser posteriormente lavada mediante distintas operaciones en el sector financiero o en otras actividades. Está más cerca de lo que uno puede pensar.

-¿Y qué éxito tienen las requisas, una vez que se detecta el delito?

-Al ser un delito difícil de identificar, lo que se requisa es una pequeña parte. El FMI estima que entre un 2% y un 5% del PIB estaría siendo lavado anualmente en el mundo. En Chile, el 2% del PIB son unos 5.200 millones de dólares. En 2011 se lograron decomisar 3 millones de dólares. ¿Dónde está la diferencia entre los 5.200 y los 3 millones que pudimos decomisar? La respuesta es clara: lavándose.

Ficha Técnica

Tamara Agnic es chilena, Ingeniera Comercial egresada de la Universidad de Santiago y Magíster en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Adolfo Ibáñez. Entre 2005 y 2009 trabajó como Coordinadora de la Subsecretaría de Hacienda y gestora de la tramitación legislativa por parte del Ministerio de Hacienda de variados proyectos de ley. En 2009 fue elegida para ocupar la Dirección de la Unidad de Análisis Financiero de Chile. Durante 2012, fue presidenta pro-témpore de Gafisud.

fuente http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/las-empresas-son-las-mas-favorecidas-del-combate-al-lavado-de-activos/ecoymer_684009_121224.html