La Asociación Pensamiento Penal expresa su enérgico rechazo a cualquier posible afectación de las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad interior.
La democracia naciente celebró un acuerdo en sus albores donde claramente se establecía que las tareas de seguridad interior quedarían reservadas a las fuerzas de seguridad, mientras que la defensa nacional se encontraría a cargo de las Fuerzas Armadas. Esta decisión política, plasmada en la Ley de Defensa Nacional, es conocida como “teoría del deslinde” y ha sido preservada por los gobiernos de distintos signo político por más de 35 años. Como es obvio, este consenso no fue producto de las casualidades, sino la consecuencia de la larga noche a que había sido sometida la ciudadanía entre 1976 y 1983.
Es por lo menos llamativo que un gobierno que se jacta de su apego irrestricto a la ley, hoy pretenda modificar las bases de las políticas en materia de defensa y seguridad por un mero decreto, ignorando los consensos existentes en esta materia, plasmados por ley.
Independientemente de los aspectos estrictamente formales y de nuestra propia experiencia en materia de intervención de las FF.AA. en cuestiones internas, no podemos dejar de observar lo que ha ocurrido en otros países de la región donde, con los mismos argumentos a que ahora apela el Gobierno nacional, se habilitó la intervención militar en cuestiones relacionadas con el narcotráfico. Es el caso de México, principalmente, y Brasil. En ambos países hermanos la “guerra contra las drogas” ha dejado un tendal de muertes, desapariciones y violaciones a los derechos humanos (generalmente de sectores vulnerables de la población), incomparable con los perjuicios que puede acarrear el tráfico ilícito de sustancias.
Rechazar la posible intervención de las FF.AA. en asuntos internos, como el narcotráfico, no implica predicar que no se puede hacer nada o que tenemos que cruzarnos de brazos. En este sentido también existen experiencias y las calificadas opiniones de organismos internacionales y expertos que aconsejan implementar políticas realistas frente a estos fenómenos.
La Asociación Pensamiento Penal exhorta al Gobierno nacional a rectificar el rumbo en esta materia y evitar mayores padecimientos y frustraciones al pueblo argentino.
