“El sistema penitenciario debe ir hacia la desmilitarización y los países de la región están obligados a emprender reformas penales progresistas”. Con esta idea se presentó la viceministra del Ministerio de Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela, Marielys Valdez, quien pidió que los derechos humanos estén en la agenda de las políticas de seguridad. “Las leyes penales no deben ser represivas. No es necesario una pena larga, más bien una pena inevitable una vez que el juicio haya sido justo y transparente y sea condenatorio”, explicó a Infojus Noticias la funcionaria durante la XLI Reunión de Ministros de Justicia y la XXXV Reunión de Ministros del Interior y Seguridad del Mercosur y Estados asociados realizada en Buenos Aires.

Valdez, que representó a su país en el encuentro junto a la ministra de Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Teresa Meléndez Rivas, subrayó que “mucha gente nace excluida” y que los privados de libertad son en su mayoría los más pobres. “Cuando se impone la presión impositiva tienes que pagar los impuestos. ¿Cuánto dura esa sanción? Un segundo. Porque sabes que es inevitable, que no va a haber alguien a quien llamar o a quien rogarle. No va a haber un atajo para dejar de pagar. Ese tiempo de un segundo es suficiente para que las personas no lo transgredan”, dijo la viceministra. Y agregó: “En lo que debemos empeñarnos es en realizar transformaciones penales progresistas, no en penas largas”.

Antes de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, Julio Alak, hiciera el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur a Brasil, la delegación venezolana resaltó los logros de su país en materia de labor penitenciaria y destacó que el 80 por ciento de los centros penitenciarios fueron recuperados. “Los ojos del mundo están sobre Venezuela. Cuando la situación penitenciaria le es común a al planeta, parece que el único país que tiene presos es el nuestro. Pero no sólo porque los ojos del mundo están sobre nosotros es que consideramos fundamental el tema de los derechos humanos. Queremos que los ojos se mantengan allí, para que vean todo lo que ocurre en Venezuela. Se creó una universidad específica. El servicio penitenciario y cuerpos policiales cuentan hoy con la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES)”, ejemplificó Valdez.

Además, destacó que la política de seguridad ciudadana en Venezuela está en sintonía con los preceptos de una sociedad “socialista y humanitaria” y que respeta los valores que el ex presidente Hugo Chávez postuló desde su llegada al poder. De hecho, sostuvo que el sistema penitenciario de su país trabaja conjuntamente con las áreas de gobierno dedicadas a la seguridad social. “Estamos formando a nuestros funcionarios penitenciarios fundamentalmente en materia de derechos humanos, que son progresistas, que no se limitan sólo al contacto físico o a la agresión y la violencia. Tampoco al uso de la fuerza”, aseguró la viceministra en relación a la UNES y a las libertades ciudadanas.

“Los derechos humanos tienen que ver con la religión, con la diversidad sexual. Nosotros tenemos personas transgénero privadas de su libertad. Entonces debemos velar por su ubicación. Tenemos personas vegetarianas, musulmanas. Los derechos humanos se extienden mucho más allá de la mera represión. Por eso nuestros funcionarios reciben formación en materia de derechos humanos en todas las áreas”, señaló Valdez.

La viceministra se refirió al plan “Llegó Maita”, que contempla la participación de las madres de las personas privadas de su libertad en el proceso de rehabilitación. “Las madres tienen la autoridad universalmente reconocida. Las personas, por más transgresoras que sean reconocen la autoridad de sus madres. Una de las primeras ideas que tuvo nuestra ministra (Meléndez Rivas), que además de madre es mujer y revolucionaria, fue la de incorporar a las madres de los privados de libertad en el proceso de pacificación”, contó la funcionaria.

Así, afirmó que la lógica violenta y represiva del Estado en materia de seguridad debió ser modificada por presentarse como poco efectiva. “¿Qué se espera de un Estado cuando debe intervenir un centro penitenciario? Pues que ingrese con mucha violencia, que se someta a las personas que están allí con mucha represión. Todo lo que se hizo fue exactamente lo contrario. El Estado intervino muchísimas cárceles en todo el país después de la creación del Ministerio de Servicios Penitenciarios, sin que haya habido un solo toque de violencia”, recalcó.

“Eso se logra no sólo con una voluntad pacífica que ha tenido la Revolución Bolivariana, sino con las madres de los privados de libertad. Ellas pueden comunicarse con ellos donde nosotros no podemos. Ellas llegan a donde nosotros no llegamos. Esa intervención no es para que ellas sean solamente mediadoras -apuntó Valdez-, sino para que reciban del Estado una atención integral que no habían recibido nunca”.

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