Antes de finalizar el primer semestre de 2013 el gobierno provincial quiere tener en marcha el nuevo sistema de Justicia Penal. Para que eso ocurra es necesario el nombramiento, cuanto menos, de los fiscales y defensores. No se trata de un trámite sencillo, ya que los candidatos deberán pasar el filtro de una Legislatura que tiene mayoría justicialista, hoy con múltiples y evidentes internas después de la renuncia de María Eugenia Bielsa.

Por lo pronto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos remitió la semana pasada 28 pliegos de fiscales y defensores penales. Son 16 propuestas (todas para la circunscripción Rosario) que habían sido retiradas a fines del año pasado, cuando el PJ amenazó con rechazarlas a todas porque el Ejecutivo no abrió ninguna negociación política con los legisladores, a las que se agregaron ahora otros 12 pliegos de fiscales (seis para Santa Fe, dos para Venado Tuerto y uno cada uno para Melincué, Vera, Reconquista y Rafaela).

“Con esos 16 pliegos, los otros 12 y unos 15 más, que enviaremos dentro de un par de semanas, estarían nombradas todas las personas que salieron titulares para los cargos de fiscales y defensores en el concurso. Con esto ya tendríamos los actores suficientes y necesarios como para arrancar con el nuevo sistema, aunque faltan todos los adjuntos –alrededor de 60– que se irán incorporando progresivamente”, explicó el ministro del área, Juan Lewis.

“No nos olvidemos –agregó– que se trata de un sistema que arranca con carga de trabajo cero, por lo cual nos permite ir transitando otros concursos que nos hacen falta porque quedaron vacantes oportunamente. Por lo pronto, inyectando toda esa cantidad de nuevos funcionarios en algunos lugares de la provincia se llega a triplicar la cantidad de fiscales y defensores que existían con el viejo sistema”.
En tanto, el titular del Servicio Público de la Defensa Penal, Gabriel Ganón, advirtió que el Poder Ejecutivo no incluyó en el proyecto de Presupuesto 2013 las partidas económicas suficientes para la implementación definitiva del Nuevo Código de Procedimiento Penal. Así lo hizo saber en una entrevista que mantuvo con varios miembros del PJ en la Cámara baja de Santa Fe.

Para el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, “hay que tener un poco más entusiasmo” en el proceso de reforma en lugar de expresar tantas quejas. Sin embargo, Ganón está convencido que sin el traspaso de funcionarios judiciales al sistema debutante y sin la designación de personal es imposible poner en marcha todos los cambios. El defensor público dio ese punto de vista ante los diputados justicialistas que integran la comisión de Presupuesto y Hacienda, Marcela Aeberhard (que es la presidenta), Ricardo Olivera y Avelino Lago.

Menos presupuesto

“Tuvimos una reunión muy positiva donde pusimos en conocimiento de la comisión que fue recortado en un 80 por ciento el presupuesto original que nosotros habíamos planificado para la puesta en funcionamiento del nuevo sistema penal”, indicó Ganón respecto del encuentro con los legisladores, y también agregó que “es un recorte presupuestario del 80 por ciento en todos los rubros: personal, equipamientos, alquileres”.

“Por eso –continuó– nos parece contradictorio insistir con una puesta en funcionamiento total y absoluta sin esas previsiones presupuestarias, porque eso va a conducir necesariamente a defraudar a la población de Santa Fe sobre los tiempos de implementación”.

—¿Por qué dice que el gobierno va a defraudar a la población?

—Nosotros hicimos un estudio pormenorizado de cuánto es el personal, cuántos son los recursos que existen hoy trabajando en toda la provincia en el fuero penal. Y la cantidad de personas que trabajan son 714 y hoy ni siquiera están nombrados todos los fiscales y defensores del sistema; ni hablar del personal que ellos deben tener a su cargo.

A modo de ejemplo, recordó que en la ciudad de Rosario “hay 18 o 19 Juzgados de Instrucción, que son los que llevan adelante las investigaciones, y en todos ellos trabajan alrededor de 170 personas, así que –por lo menos– las nuevas fiscalías (que es la institución que ahora deberá investigar) deberían tener una planta de personal equivalente”.

No obstante, dijo que sólo está previsto sumar a 24 fiscales titulares y 12 defensores titulares durante este año, mientras que no hay novedad alguna sobre los adjuntos y el personal. “Eso de que comenzamos con carga de trabajo cero y no habrá problemas no es cierto, porque el servicio de justicia tiene una dinámica que exige respuestas y sin personal es difícil trabajar correctamente”, expresó.
A Ganón también le preocupa que la Corte Suprema no disponga una mayor transferencia de personal que está en el viejo sistema para el nuevo sistema. “Más aun cuando las partidas presupuestarias establecidas en 2013 son insuficientes para incorporar a todos los recursos humanos que se necesitan”, explicó. Incluso, remarcó que la idea original de la reforma era dotar de 684 personas a la debutante Justicia penal.

“En otras provincias donde se hicieron reformas de este tipo los recursos que existían en el fuero de Instrucción fueron transferidos a las nuevas instituciones y a los nuevos organismos de Instrucción y de Defensa”, comparó el funcionario y finalizó: “Acá hay dos caminos, o se transfieren los recursos que hay o se ponen nuevos recursos. Y si no hay plata, lo que hay que hacer es ir gradualmente”.