¿Hasta dónde llega el compromiso del senador Miguel Pichetto y Martín Soria, con la procuradora Liliana Piccinini para presionar al gobernador Alberto Weretilneck, y éste a los consejeros, para designarla como vocal del Superior Tribunal de Justicia? El gobierno jugó a fondo para obtener los votos necesarios sin importar sus consecuencias, y dejó al descubierto que nada nuevo hay bajo el sol en el afán de controlar a la Justicia.
En definitiva el justicialismo actuó igual que los gobiernos anteriores –que tanto criticó- y nuevamente defraudó a sus electores, porque al igual que en otros ámbitos oficiales no sólo no cambió prácticas lesivas a la calidad institucional, sino que por el contrario las profundizó.
La designación de los tres vocales del Superior Tribunal de Justicia para conformar un cuerpo de cinco jueces, hizo aflorar lo peor de la política interesada en subordinar al Poder Judicial.
El tema obsesiona a Martín Soria, que no duda en calificativos cuando se refiere el fuero penal de la primera circunscripción. Pide pasar la escoba y limpiar de jueces e hizo pública su hipócrita crítica por aumentar a cinco miembros el STJ.
Toda una jornada de discusión del Consejo de la Magistratura –reunido el lunes pasado- tuvo como centro de litigio la designación de Liliana Piccinini, candidata del gobierno, por presión de Miguel Pichetto y Martín Soria, a pesar de la negativa de la mayoría de los representantes de los abogados y legisladores de la oposición.
Nada hizo mella a Piccinini, única integrante del STJ elegida por mayoría, que soportó inmutable el escarnio de sus colegas.
No existieron argumentos de peso por parte del Ejecutivo y los legisladores peronistas para sostener a la candidata oficialista, cuando además había otros postulantes, incluida la abogada Marcela Basterra, con reconocidos antecedentes y elogiada en su momento por el ex gobernador Soria e incluso por el actual gobernador reemplazante.
La designación de Ricardo Apcarián no tuvo problemas, Un abogado cercano a Weretilneck y con apoyo de sus colegas de Cipolletti. Adriana Zaratiegui, propuesta por el colegio de Viedma, fiscal de Cámara –de dilatada y solvente trayectoria- también logró el consenso unánime en el Consejo de la Magistratura, sin embargo Martín Soria pretendió cuestionar su nombramiento acusándola de vinculación con el radicalismo. Si el criterio de Soria era correcto, porque no lo aplicó también en el caso de Piccinini.
La posición asumida por el intendente de Roca es una muestra clara de las contradicciones en el gobierno y sus principales dirigentes.
¿Alguien duda de la afinidad de Piccinini con el radicalismo, que la introdujo en la carrera judicial y la llevó a la Procuración? Basta buscar en los archivos para conocer cómo se negoció ese cargo. Además, su esposo, Jorge Amaro, fue durante años funcionario del Ejecutivo, comprometido judicialmente en la llamada “causa de los PER” en el ministerio de Trabajo de Río Negro, donde también está observada la actuación de la Procuradora y donde hay videos con declaraciones comprometedoras.
Existe un fallo del 2011, de la Sala “B” de la Cámara Penal con asiento en la Primera Circunscripción Judicial en los autos: “Dra. Adriana Zaratiegui s/ Excusación” Expte. Nº 166/75/11, donde se menciona como responsables de presuntas conductas delictivas de Amaro y de ella misma.
En dicha sentencia la Sala “B” de la Cámara Penal hizo lugar a la excusación planteada por la Fiscal de ese grado por entender ajustado a derecho su planteo excusatorio.
En el voto que fundamentó la sentencia, Bustamante agregó: “Obiter dictum quiero señalar que, sin analizar la calidad del trabajo realizado por el Ministerio Público en la tramitación de la causa ni su estrategia investigativa, luego de un año y 10 meses de duración y por la escasísima labor realizada, estos autos requieren un impulso procesal urgente y efectivo.
Conforme al dictamen del doctor Juan Ramón Peralta, están sospechados Jorge Amaro, funcionario provincial, y su esposa la doctora Liliana Piccinini, Procuradora General del Poder Judicial. Señala que “Existe un interés público de investigar los hechos en que se podrían ver involucrados dichos funcionarios y por otra parte, deben en su caso cesar los estados de incertidumbre sobre sus situaciones, los que ya tienen largo tiempo de duración por una deficiente investigación de la Fiscalía de grado…”
El peronismo la fustigó en años anteriores por su actuación en causas como la del ex Banco Provincia de Río Negro y otras. También fue ella la que archivó la causa contra el ex gobernador Horacio Massaccesi, por el pago de vuelos que nunca se realizaron.
Irrisorio que ahora se quiera bañar a Piccinini en el río Jordán, por más esfuerzos que hagan Martín Soria y Miguel Pichetto.
En esta lógica de pensamiento el gobierno pierde aún más credibilidad, se deterioran las instituciones y el oficialismo esconde más de lo que muestra.
Liliana Piccinini fue responsable del ministerio público durante la gestión de Luis Lutz, Víctor Sodero Nievas y Alberto Balladini, cogobernó el Poder Judicial, demonizado por la familia Soria, y ahora se pretende con su acercamiento con el oficialismo del FpV, eximirla de responsabilidades anteriores.
A horas de su incorporación al STJ la Procuradora, en un exceso de laboriosidad, trató de quitar lastre a su trayectoria y emitió una resolución donde pide celeridad a los fiscales en sus investigaciones.
Un verdadero contrasentido, teniendo en cuenta su responsabilidad en la investigación como jefa de los fiscales. Recurrir a la memoria es recordar causas de penosa morosidad como el doble crimen de Sierra Grande, el homicidio de la abuela Casadei, en la calle Alsina de Viedma, y otros como los emblemáticos casos Atahualpa o Solano.
Además esta designación pone en una situación embarazosa al resto de los vocales del STJ, porque pareciera que el máximo cuerpo judicial sólo cotiza con Liliana Piccinini, apañada por un senador y un intendente.
¿Valió la pena semejante tozudez? Únicamente si sus “padrinos” consideran que su desempeño será vital en temas claves actuales y futuros.
Es posible también que exista un reconocimiento a la actuación que le cupo, junto con Martín Soria, en la denuncia (donde no realizó el correspondiente sorteo del fiscal) de los sobresueldos o al avalar la postura del fiscal que actuó en el primer momento del asesinato de Carlos Soria, con el fallido argumento del “accidente doméstico”.
Lo cierto es que esta reunión del Consejo de la Magistratura quedará como testigo de la coacción ejercida desde el poder político. Quienes participaron en todo el proceso cuentan con un largo anecdotario de los hechos. En tal sentido se filtró a la prensa que cuando no cerraban las negociaciones y se bajaban los pulgares al nombramiento de Piccinini se escucharon peligrosos términos como “incendiamos la provincia” o “suspendemos todo”, de boca de importantes figuras del oficialismo.
Un papelón, porque el gobernador engañado, subió a las cinco de la tarde, después de concluido el cuarto intermedio, convencido que tenía los números para someter a la votación.
No era así, y el propio Weretilneck que se ubicó junto a la puerta del baño del primer piso de la Casa de Gobierno, tratando de imponer su criterio a consejeros de los colegios de abogados y opositores.
Incluso se conoció que demandó al candidato de Cipolleti y hoy integrante del STJ Ricardo Apcarían, a involucrase en la negociaciones, “si no me arreglás esto te bajo a vos”, le habría dicho, según testigos de ese momento.
La presión fue tanta que algunos consejeros apagaron sus celulares, para evitar situaciones comprometidas.
¿Cómo será ahora la relación del Ejecutivo con la Justicia? El tiempo será testigo y habrá que estar atento a posibles agradecimientos, especialmente con futuros nombramientos en la región andina.
Se requiere claridad en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
Si bien fue un avance en el método de designación de jueces, necesita de una imperiosa democratización y mejoramiento en los procedimientos. Por ejemplo es necesario mayor rigor profesional, conocimiento y ecuanimidad de los integrantes del Consejo de la Magistratura al momento de interrogar a los participantes.
Vale también una mención a los consejeros de los Colegios, que no necesariamente representan la opinión de esas organizaciones, que mantienen independencia de criterios y no siempre son reconocidos entre sus colegas como para asumir esta responsabilidad. Las elecciones de consejeros son una verdadera puja de intereses políticos y corporativos.
Las negociaciones para designar funcionarios y magistrados judiciales, no siempre terminan eligiendo al mejor postulante y lo sucedido el lunes pasado es una muestra. La mayoría de votos se logra por obediencia debida para con el poder político de turno y entonces los diferentes candidatos se encuentran sometidos a manoseos y bochornos.
Difícil responder la pregunta inicial, sobre cuál es el real motivo de tanta presión para incorporar a Liliana Piccinini al STJ, nada pareciera que lo justifica, salvo que cobren veracidad los comentarios de algunos bufetes de abogados y de ámbitos judiciales del fuero penal que vinculan el nombramiento a una estrategia futura del “caso Freydoz”.
