Desde que se anunció una reforma al Código Penal, es tan atronadora la gritería que hasta cuesta entender qué se discute. El paroxismo se alcanzó con una sucesión de intentos de homicidio en distintos lugares del país por parte de turbas descontroladas contra personas indefensas, a las que se imputaba la comisión de delitos menores contra la propiedad. En el empobrecido Barrio Azcuénaga, de Rosario, la tentativa fue exitosa y acabó a golpes con la vida del albañil David Moreira, de 18 años. En dos sectores del floreciente barrio porteño de Palermo, la intromisión de terceros ajenos a la psicosis desatada impidió que los asesinatos se consumaran. El corpulento portero Alfredo, que cubrió con su cuerpo a la víctima, y el actor Gerardo Romano, quien utilizó su popularidad como escudo, no eran indiferentes a la situación creada. Por el contrario, ellos persiguieron y atraparon a los arrebatadores, pero una vez reducidos defendieron el derecho a la vida de ambos. Ni el acusado de hurtar una cartera ajena ni quien le robó en forma violenta el reloj a una turista en Palermo ni el albañil rosarino estaban armados, lo cual de paso cuestiona uno de los mitos más difundidos acerca de la peligrosidad de todos los infractores de la ley penal. La vocinglería indignada ascendió un escalón cuando se supo que ambos sobrevivientes habían sido puestos en libertad por sendos jueces, que no encontraron ni el riesgo de fuga ni el del entorpecimiento de la investigación que hubieran justificado ordenar su prisión preventiva antes del juicio, no con las reformas propuestas por la comisión multipartidaria que elaboró el denostado anteproyecto de consenso, sino por el artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación.
Universos incompatibles
El diputado Sergio Massa prosiguió la recolección de firmas para una iniciativa popular, alegando que el anteproyecto crearía un código a favor de los delincuentes. Esta semana, la Obra Social de Gastronómicos fue adornada con la cartelería del Frente Renovador y los transeúntes por la Avenida de Mayo eran invitados a firmar. Preside el bloque de diputados renovadores la ministra de Trabajo durante la administración interina del ex senador Eduardo Duhalde, Graciela Camaño de Barrionuevo, flamante abogada igual que Massa. A ninguno de ellos le importa que la consulta sea inconstitucional, ya que trata de la materia penal, excluida por el artículo 39 promulgado en la reforma de 1994, porque sólo buscan el golpe de efecto político, en sintonía con el alboroto mediático y un estado de ánimo difuso en ciertos sectores de la sociedad. Ni siquiera saben cómo podría votarse por sí o por no un código de casi 300 artículos. Massa se adelantó una vez más al resto del sistema político al justificar el homicidio del albañil rosarino por una supuesta ausencia del Estado y proponer la sofisticada consigna “El que las hace las paga”. Ante la reacción adversa que registró su equipo de asesores, añadió que condenaba lo sucedido. Con una secuencia similar de avance y retroceso, el líder socialista Hermes Binner dijo que no era extraño que sucedieran esas cosas en un país “donde el gobierno protege a un vicepresidente sospechado de corrupción”. Un oportuno llamado al diario La Capital consiguió poco más tarde que esa frase vergonzosa fuera podada de su página web. Las palabras empleadas hasta ahora en esta descripción (personas indefensas, homicidio, turbas, albañil, delitos menores contra la propiedad) no fueron las prevalecientes en el debate público, que prefirió referirse al linchamiento de delincuentes por parte de vecinos hartos de impunidad que decidieron hacer justicia por mano propia y sacudir con palizas a los ladrones. Un escritor porteño, que vive en el corazón de la zona núcleo sojera, explica así la incompatibilidad entre estos dos universos semánticos: “Días antes de los linchamientos, acá ya se venía escuchando hablar en contra de ‘la negrada’, con una intensidad llamativa; todo el mundo, desde la nena adolescente, la señora del heladero, la maestra, los chicos, el basurero, el comerciante. El odio va dirigido contra toda una cultura: la música, la ropa, el corte de pelo, el lenguaje. Escucha cumbia, se viste de jogging con gorrito, vive en la villa, es un negrito y cualquiera de esos rasgos ya configura a cualquiera como enemigo”.
Transversalidad
La transversalidad cavernaria de estos días es similar a la de 2004, cuando legisladores del Frente para la Victoria y la UCR votaron las leyes redactadas para el ex ingeniero Juan Carlos Blumberg por su abogado, el ex subsecretario de Justicia de la dictadura Roberto Durrieu. Ese fue el punto estelar de una escalada de incremento de penas y ablandamiento de garantías procesales cuya ineficiencia queda demostrada por el propio clima de estos días. De haber servido para el fin que se proponían, aquellas leyes hubieran disuelto el problema. Si todos los delitos fueran penados con prisión perpetua, acaso disminuirían los más leves, pero sin duda se incrementarían en forma simétrica los más graves, que afectan el derecho a la vida. Esta semana, el precandidato a gobernador bonaerense del Frente para la Victoria, Mario Ishii, dijo que “la última carta que le queda a la gente es defenderse”. Para el diputado macrista porteño Cristian Ritondo, “lo que deberíamos tratar no es la reacción de la gente, ya que el problema de fondo, lo que falla, son las fuerzas de seguridad”. El columnista y ex funcionario de gobiernos de facto Mariano Grondona, que justificó la tortura durante el gobierno militar con el falaz teorema de la bomba a punto de explotar, sostiene ahora que al no saber si el atacante está armado, el ciudadano bajo amenaza debe actuar de inmediato, con riesgo de error. Son dos sofismas: así como en los campos de concentración de la dictadura no se interrogó a nadie sobre atentados inminentes, los homicidios intentados o consumados en estos días fueron contra personas desarmadas y ya reducidas. Grondona confiesa que “en circunstancias similares habríamos procedido como estos vecinos”, por lo que “sería hipócrita no comprenderlos y excusarlos”. El secretario de Seguridad Sergio Berni niega que el Estado esté ausente, pero acusa a los jueces por dejar en libertad a los detenidos por la policía, como ya hizo CFK. El diputado peornista Francisco De Narváez postuló la intervención de las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico, en lo que coincidieron dos asesores muy próximos al gobernador Daniel Scioli, su hermano José y el vicepresidente del Banco Provincia, José Pampuro. En enero, el propio Scioli y el jefe de Gobierno de la Capital, Maurizio Macrì, habían reclamado esa intervención. Desde el Poder Ejecutivo nacional, el ministro de Defensa Agustín Rossi se opuso. Sin embargo, cuando asumió el cargo, a fines del año pasado, personal del Ejército y de la Fuerza Aérea ya llevaba un año y medio de participación en el programa Escudo Norte que, sin modificar las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, fuerza sus límites. El artículo 27 de la de Seguridad dice que las Fuerzas Armadas podrían apoyar las operaciones de seguridad interior a pedido de un Comité de Crisis. Pero ese Comité de Crisis, que según el artículo 13 de la ley debe “ejercer la conducción política y supervisión operacional” de todas las fuerzas empeñadas “en el restablecimiento de la seguridad interior”, nunca se constituyó. El artículo 27 prevé que el apoyo militar podría prestarse con sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones, transporte, ingenieros y comunicaciones, pero no Inteligencia, como ocurre en el Escudo Norte. En tal contexto de degradación institucional y social, la expresión más digna originada en la dirigencia política fue la del diputado radical Ricardo Alfonsín, para quien ese “horror no es justicia, ni por mano propia, ni de naturaleza alguna. Es barbarie, es la jungla. Nada puede justificarlo. Hay que ser muy categórico en la condena”.
La racionalización
Quien defendió sin reparos los asesinatos tribales fue Carlos Maslatón, un dirigente sin prejuicios ideológicos que transitó de Alsogaray a Rodríguez Saá y ahora comparte escudería con la polícroma Patricia Bullrich. Para Maslatón, lo ocurrido es el ejercicio del derecho de rebelión y de la legítima defensa (de los pies de todos contra la cabeza de uno yacente). También dijo que el garantismo que desde hace treinta años se enseña en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires considera que los delincuentes son víctimas de las injusticias sociales, por lo que no deben ser castigados. Este disparate no tiene el menor asidero en la realidad, pero forma parte de la munición gruesa con que se intenta conducir por el miedo a la población. Hace dos meses, Maslatón recomendó a la oposición venezolana que fuera más violenta, con sabotajes y atentados personales. También se declaró consternado por el avance del “garanto-abolicionismo” (sic) del Fiscal General Ricardo Sáenz, quien hace dos décadas fue apartado del fuero federal a pedido de su superior, Luis Moreno Ocampo, por dejar en libertad al narcotraficante Fernando Pruna Bertot, cuya extradición pedía Estados Unidos. En 2013 fue sometido a un sumario administrativo y a una causa judicial, cuando fue grabado en diálogos con el comisario de judiciales de la Policía Federal Marcelo Emilio Pecorelli, a quien se investigaba por exacciones ilegales, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y violación de sus deberes. En uno de esos diálogos, ambos coordinan una estrategia para que la causa saliera del juzgado de Juan Ramos Padilla y pasara a manos del juez federal Luis Osvaldo Rodríguez, un coleccionista de parafernalia nazi, a quien Pecorelli menciona como amigo. Ni siquiera Rodríguez pudo ignorar la gravedad de los hechos y rechazó la nulidad de las escuchas pedida por Sáenz, quien apeló ante la Sala I de la Cámara Federal, donde hay más amigos. Este fiscal tan preocupado por los delincuentes que entran por una puerta y salen por otra faltó a una audiencia de la causa Cedrón, gracias a lo cual fue sobreseído un acusado por violencia de género. Por si hiciera falta aclararlo: ni Pruna Bertot ni el comisario-abogado Pecorelli escuchan cumbia villera. La misma operación que Maslatón o Sáenz realiza Diana Cohen Agrest. Esta doctora en filosofía es la madre de un adolescente asesinado en 2011 en un intento de robo. El tribunal de juicio condenó al autor a prisión perpetua, pero la Cámara de Casación ordenó un nuevo proceso, en el que la condena fue reducida a 18 años y unificada en 23 con otra anterior. Cohen Agrest entiende que esto es parte de un itinerario de impunidad que siempre favorece al delincuente y denuncia a los jueces con “prodigalidad asesina” que dejan libres a convictos de altísimo riesgo, y la exageración de un “garantismo penal que está destruyendo el entramado social”.
Confusiones
Esta confusión es comprensible en la madre de una víctima, pero no en quienes tienen otras responsabilidades: 23 años de prisión, en un juicio concluido en solo dos años después del crimen, son cualquier cosa menos impunidad. Tampoco pueden equipararse delitos gravísimos como el homicidio con otros poco relevantes. Son los medios de comunicación, con su tratamiento frívolo y sensacionalista, los que borran los límites entre situaciones tan distintas. Con el aumento del consumo aumentan las oportunidades de delito, hay más robos pero menos homicidios, constata el sociólogo Gabriel Kessler. Pero los medios acoplan en la sensibilidad social las muy elevadas tasas de pequeños delitos en los medios urbanos con las de homicidios dolosos, que son de las más bajas de América, y así extienden en forma irracional el temor social a padecer los delitos más violentos. Otra confusión deposita en la extensión de las penas la clave de la seguridad, pasando por alto el gravísimo problema de la participación de altos jefes policiales en redes de ilegalidad que, a su vez, hacen aportes al financiamiento de la política. El autogobierno policial, las zonas liberadas, el reclutamiento de jóvenes pobres para robar por cuenta de sus extorsionadores policiales, la ejecución de aquellos que intentan desligarse de ese lazo son moneda corriente en distintas jurisdicciones del país. Sin una previa limpieza del instrumento policial y de sus asociados judiciales y políticos, no hay Código que valga. La semana pasada, el gobierno bonaerense mostró su voluntad de recorrer el camino inverso. El 31 de marzo se reunieron los comisarios generales de la policía provincial y decidieron los retiros, ascensos y traslados a las posiciones más apetecidas. Con la lista concluida, se la llevaron al ministro Alejandro Granados, quien protocolizó el hecho consumado. Recibió mucha atención pública el retiro del comisario Pablo Daniel Vázquez, quien como titular de la Policía Científica fue responsable de la cuenta de cadáveres durante la inundación en La Plata que, según estableció el juez Luis Arias, fueron 89 y no 51 como pretendía la información oficial. Nadie pareció reparar en que lo sucederá su Coordinadora General, la comisaria mayor Liliana Sivak. La Superintendencia de Formación y Capacitación quedará a cargo de la comisaria general Marta Graciela Cerviño, esposa del ex jefe, Juan Carlos Paggi, justo cuando las escuelas con sus anunciados 10.000 alumnos pasarán a ser grandes demandantes de insumos y un interesante punto de recaudación. Al mismo tiempo, el gobierno volvió a poner en disponibilidad a siete policías implicados en la desaparición de Luciano Arruga, pero sin impulsar la investigación administrativa y remitiendo cualquier responsabilidad a la justicia. ¿Tal vez Arruga sí se cubría con un gorrito con la visera para atrás? Ayer Scioli anunció con el pomposo nombre de Emergencia de Seguridad la incorporación de más personal. Algunos serán retirados (ya sea por razones de edad, ineptitud o manchas en sus legajos), otros de agencias privadas de seguridad (de discutible aptitud y sometidos a nulo control). En las condiciones descritas esto no pasa de ser una actitud efectista que con alta probabilidad agravará las cosas.
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