La polémica empezó cuando el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, dijo que “hay extranjeros que vienen a la Argentina únicamente a delinquir”. “El problema es que el 95 por ciento de todos los delincuentes que nosotros detenemos en la calle nunca llegan a un juicio y sin condena no se puede aplicar la ley”, agregó.
Berni se refería a las personas que detuvo la policía durante este fin de semana largo en la ciudad de Buenos Aires. Cerca de 40 de los 150 detenidos entre el sábado y el lunes son extranjeros: el 26%, la mayoría colombianos, chilenos y paraguayos. Salvo los cuatro chilenos, que se tirotearon con los oficiales durante un robo en un supermercado del barrio de Balvanera, la mayoría de los delitos que cometieron los demás fueron robos sin armas, arrebatos y hurtos.
Los números representan un porcentaje menor en comparación con la población total de extranjeros que viven en el país y con la cantidad de ciudadanos de otros países presos en las cárceles locales. Según el Censo 2010, hay 1.805.957 extranjeros que viven en la Argentina que representan el 4,5 por ciento de la población (40.117.096).
Del total de presos en el país (61.192) en 2012, los ciudadanos de otra nacionalidad representan menos del 6 por ciento (3.534). En las prisiones del Servicio Penitenciario Federal hay 2016 extranjeros y son el 19 por ciento de un total de 10.083.
En la ciudad de Buenos Aires viven 2.890.151 de personas y hay una tasa de homicidios de 5,46 cada cien mil habitantes. En 2012 se registraron 158 homicidios. El 70 por ciento de las víctimas eran argentinas y el 29 extranjeras. La mayoría de los victimarios son argentinos y representan el 34 por ciento del total. La mitad son extranjeros, mayoritariamente paraguayos y peruanos, según el informe del Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La mayoría de los extranjeros que están presos tienen causas en su contra por tráfico de drogas. Muchas mujeres caen por hacer de mulas, el último eslabón de la cadena del narcotráfico.
Según los últimos datos publicados -de la Procuración General de la Corte de la provincia de Buenos Aires-3 de cada 10 presos concluyen sus procesos con un sobreseimiento o una absolución.
La mitad de los presos del país no tienen condena. “El problema acá es la Justicia. Nuestra ley habla de la expulsión de los que delinquen pero no se aplica porque no llegan a sentencia”, dijo Berni en declaraciones radiales.
El artículo 29 de la ley de migraciones (25.871) determina que las causas que pueden impedir el ingreso o permanencia de extranjeros en el territorio son la adulteración de la documentación personal, haber sido condenado por un delito, tener antecedentes por tráfico de armas, personas, estupefacientes o lavado de dinero; haber participado en actos de terrorismo o haber sido expulsado del país. La Dirección Nacional de Migraciones también puede cancelar la residencia cuando la persona tenga una condena judicial por un delito doloso con una pena mayor a cinco años.