Lo advirtió un sumario del Consejo de la Magistratura al analizar el jury contra la fiscal jefe Adriana Ibañez. La funcionaria dijo que casi no tiene recursos para su trabajo. Y acusó de “destrato” a sus superiores. “Hay una situación de emergencia que afecta la salud física y psíquica de los operadores”.
Se defendió fuerte. La fiscal Ibañez desnudó un estado de las cosas al límite para el trabajo de investigación.
Curioso: Cristina Jones, la consejera del Consejo de la Magistratura que investigó el trabajo de Adriana Ibáñez, concluyó que no había motivos para destituir a la fiscal jefe de Comodoro Rivadavia por mal desempeño. Pero sus pares votaron lo contrario tras un debate pleno de increíbles internas judiciales, que explican bastante la inseguridad en la ciudad petrolera.
En febrero, el fiscal de Estado Blas Mesa Evans denunció a Ibáñez por su mala actuación en tres casos: los destrozos en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia por parte de trabajadores de la UOCRA; el asesinato de un remisero en un asalto y el crimen de un testigo protegido en el caso Iván Torres. “Es una ciudad donde en 2011 murieron 40 personas de muerte violenta –escribió Meza Evans-. Hay resultados escasos del sistema de persecución penal y un generalizado agravamiento de la inseguridad. No son errores aislados sino eventos de tal relevancia que habilitan a promover la denuncia y la remoción”.
En su defensa, Ibáñez advirtió acerca de “la escasez de recursos humanos y materiales” que sufre al menos desde 2009. Hace seis años que no se puede elegir un fiscal para Comodoro: la ciudad tiene seis y necesita al menos once. Los policías son pocos en proporción a la población y el complejo entramado social. “Y el Ministerio no tiene un cuerpo de investigadores para los casos comunes”.
El escenario es crítico: en 2011 se sumaron más bajas de personal “que impactaron negativamente sobre el trabajo del Ministerio y en particular, sobre la sumariada”. Ibáñez, además de ser jefa y fiscal general, “debió asumir directamente o colaborar activamente en el trabajo de otros sectores”. Miguel Alamat, funcionario de Fiscalía, la auxiliaba pero renunció; Graciela Ceccardi se jubiló; Mariano Nicosia asumió como juez penal y Marcelo Crettón tuvo una larga licencia por enfermedad. “Situaciones como la descripta u otras análogas, pusieron a la Jefatura en la necesidad de cubrir la mayor cantidad de frentes de trabajo posible”.
Entre el 30 de octubre de 2006 y el 16 de marzo de 2012 ingresaron a esa Fiscalía 42.561 casos. Ibáñez intervino en 32.403. “Trabajó en todos los sectores: Mesa de Atención al Público, Depuración de denuncias y derivación, Apertura y Procedimientos Rápidos, Oficina de Ejecución Penal, Oficina de Investigaciones y Delitos Complejos y Oficina de Soluciones Alternativas”.
La mujer fue dura con el procurador general Jorge Miquelarena, al que acusó de “destrato”. Ibáñez reclamó varias veces en Rawson “por la falta del recurso humano necesario para la enorme tarea, tanto por su complejidad como por la cantidad”. Pero “nunca fue escuchada y por el contrario: fue censurada por la falta de imaginación para idear estrategias distintas al aumento de personal, para superar lo insuperable de otro modo”.
Según la jefa, ningún fiscal de otra jurisdicción fue enviado por Miquelarena para colaborar en Comodoro. “En cambio, recién cuando se difundió la noticia de que serían denunciados el Procurador General, el Procurador General Adjunto y la Fiscal General Jefe, Miquelarena encabezó una comisión de fiscales que desembarcó en la Oficina local, trabajó algunos días y tan rápido como se aseguró de que el peligro para él había cesado, partió sin dejar ninguna solución duradera”.
En el informe consta respuesta de Miquelarena: “En su gestión tuvo una política de puertas abiertas a los reclamos, inquietudes y pedidos de todo el personal. Efectuó visitas periódicas a las oficinas fiscales y Comodoro no fue ajena. Tuvo reuniones personales con los fiscales y conoció y sufrió personalmente las circunstancias que padecen”. Siempre que pudo intentó soluciones: “No tengan duda los consejeros que se agotaron los medios a su alcance para llegar con alguna respuesta”.
Las quejas en la ciudad petrolera incluyen problemas edilicios, distancia entre Fiscalía y Tribunales, deficiente actuación del Cuerpo Médico Forense, problemas organizativos de la Oficina Judicial, falta de morgue judicial y de médicos policiales, y de colaboración de los médicos del Hospital Regional. “Se plantea una situación de emergencia, con un recargo de trabajo que afecta la salud física y psíquica de los operadores y que aún con su esfuerzo denodado no puede cumplir con todas las tareas que la ley les impone, corriendo serio riesgo las investigaciones en trámite”.
Según la consejera, en los tres casos denunciados “se observa un accionar de la Fiscalía absolutamente formalizado y burocrático, al punto que las actuaciones me recuerdan al viejo expediente judicial de los antiguos Juzgados de Instrucción”. Miquelarena recomendaba flexibilidad, trabajo en equipo y responsabilidad compartida para evitar compartimientos estancos, trámites innecesarios y descuido de la atención al público. La responsabilidad de no adaptarse al nuevo Código Procesal vigente desde 2006 es de Ibáñez ya que ella debía instruir a los fiscales.
Comodoro es una jurisdicción con “innumerables hechos delictivos; sólo un acotado número mereció abrir la investigación y fueron a juicio una insignificante cantidad de causas, obteniéndose condenas en una escasa cantidad de hechos”. No fue culpa exclusiva de Ibáñez: ella y los otros fiscales advirtieron “la imposibilidad de dar las respuestas” por el poco personal. “Llegaron incluso a proponer a la Procuración General una declaración de emergencia para la ciudad”.
En un escenario tan crítico “resulta sumamente difícil afirmar que Ibáñez, en el contexto institucional en la que se encuentra y pudiendo ser más eficiente, no lo haya sido, aspecto crucial para recriminarle responsabilidad”.
“Resultaría desacertado proponer su destitución profundizando así el déficit de fiscales generales altamente capacitados para enfrentar la emergencia institucional que la denuncia ha desnudado en este sumario, lo que requiere, no me cabe ninguna duda, un modelo de gestión distinto para revertir el estado de situación apreciado”.
Jones concluyó que el mal desempeño no estaba probado ya que las faltas no eran tan graves para justificar la remoción de Ibáñez. “Tampoco la responsabilidad por las mismas se le puede atribuir en forma exclusiva e indubitable”. La mayoría votó otra cosa. #
