Las políticas nacionales sobre control de drogas que prevén sanciones penales para el consumo personal de drogas atentan contra derechos humanos fundamentales, señaló hoy Human Rights Watch. A fin de disuadir el consumo nocivo de drogas, los gobiernos deberían aplicar, en cambio, políticas en materia reglamentaria y de salud pública que no tengan carácter penal. El enfoque principal de la 43.ºAsamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que se celebrará en Antigua, Guatemala, del 4 al 6 de junio de 2013, serán las políticas sobre control de drogas en América.
Los gobiernos deberían además adoptar medidas destinadas a reducir las graves consecuencias para los derechos humanos de las políticas actuales sobre producción y distribución de drogas, observó Human Rights Watch. Uno de estos pasos debería ser reformar las prácticas de las fuerzas de seguridad relativas a la aplicación de la ley y evaluar alternativas de reglamentación legal que reduzcan el poder que ejercen actualmente violentas organizaciones delictivas.
“La ‘guerra contra las drogas’ ha tenido efectos nefastos en las Américas, que incluyen desde matanzas perpetradas por despiadadas organizaciones de narcotráfico hasta abusos aberrantes cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad que las combaten”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los gobiernos deberían definir nuevas políticas que disminuyan los daños provocados por el consumo de drogas y, a la vez, reviertan la violencia y los abusos que han caracterizado las actuales políticas”.
Consumo personal de drogas
Aplicar sanciones penales por el consumo o la tenencia de drogas para uso personal implica cercenar la autonomía y el derecho a la privacidad de estas personas, indicó Human Rights Watch. El derecho a la privacidad se encuentra ampliamente reconocido en el derecho internacional, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las restricciones a la autonomía y la privacidad no son justificables, a menos que reúnan los siguientes criterios que se exigen para la limitación de derechos fundamentales: finalidad legítima, proporcionalidad, necesidad y no discriminación.
Si bien proteger la salud es un objetivo gubernamental legítimo, criminalizar el consumo de drogas para evitar que las personas se provoquen un daño a sí mismas no cumple con los criterios de necesidad ni proporcionalidad. Los gobiernos pueden recurrir a muchas alternativas que no tengan carácter penal para reducir el perjuicio sufrido por quienes consumen drogas, como por ejemplo ofrecer tratamiento en casos de abuso de sustancias nocivas y brindar asistencia social.
Las investigaciones efectuadas por Human Rights Watch en distintos lugares del mundo han comprobado que la criminalización del consumo de drogas ha operado en detrimento del derecho a la salud. El temor a ser objeto de sanciones penales disuade a quienes consumen drogas de utilizar servicios de salud y recibir tratamiento, e incrementa el riesgo de que se expongan a actos de violencia, discriminación y enfermedades graves. Las prohibiciones penales también han obstaculizado el uso de drogas con fines legítimos de investigación médica, y no han permitido que pacientes accedan a drogas para cuidados paliativos y tratamiento del dolor.
“Son muchas las medidas que los gobiernos pueden y deben adoptar para disuadir, prevenir y remediar el uso nocivo de drogas”, aseveró Vivanco. “Sin embargo, no deberían hacerlo castigando a las personas cuya salud se pretende proteger”.
Los gobiernos tienen un interés legítimo en proteger a terceros frente a los peligros que supone el consumo de drogas, como por ejemplo conducir un vehículo bajo el efecto de las drogas, observó Human Rights Watch. Es posible, respetando los derechos humanos, imponer sanciones penales proporcionadas ante conductas que se produzcan conjuntamente con el consumo de drogas, cuando tales actos provoquen un perjuicio a terceros o los expongan a un riesgo grave de sufrirlo.
Con respecto al consumo de drogas por menores de edad, los gobiernos tienen la obligación de adoptar medidas adecuadas de índole legislativa, administrativa, social y educativa para protegerlos del uso ilícito de drogas. Los gobiernos no deberían imponer sanciones penales a los menores de edad por consumo o tenencia de drogas para uso personal, expresó Human Rights Watch.
“Cuando bajo la influencia de las drogas una persona actúa de un modo que podría causar un perjuicio a terceros, ya sea al conducir un automóvil o poner en riesgo a un menor de edad negándole cuidados necesarios, sanciones penales pueden ser perfectamente legítimas, del mismo modo como lo son cuando se consume alcohol de manera que afecta a terceros”, dijo Vivanco. “Sin embargo, la pena no es por el consumo de drogas, sino por realizar una conducta concreta, bajo la influencia de drogas, que pone en peligro a terceros”.
Producción y distribución de drogas
La aplicación de leyes penales sobre producción y distribución de drogas en las Américas y en otras regiones ha provocado, ya sea de manera directa o indirecta, violaciones graves de derechos humanos, que en algunos casos han tenido carácter generalizado y sistemático, dijo Human Rights Watch.
La penalización de la producción y distribución de drogas ha incrementado la rentabilidad del comercio de drogas ilícitas. Esto, a su vez, ha propiciado el crecimiento y las operaciones de organizaciones —como los paramilitares y las guerrillas en Colombia y la delincuencia organizada en México— que cometen atrocidades, atentan contra la seguridad pública y socavan el estado de derecho.
En México, más de 70.000 personas murieron en hechos violentos vinculados al narcotráfico durante los seis años de gobierno del Presidente Felipe Calderón, quien ordenó a las fuerzas militares ejecutar la “guerra contra el narcotráfico”. Los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, durante este periodo, se incrementaron drásticamente. Por ejemplo, Human Rights Watch documentó más de 150 casos en los cuales las evidencias indican que soldados y policías habrían participado en desapariciones forzadas.
En Colombia, Human Rights Watch ha documentado que durante décadas grupos armados que han recibido un fuerte financiamiento del narcotráfico y, en algunos casos han sido motivados por las enormes ganancias de este negocio, han cometido abusos en forma generalizada, incluidas masacres, torturas, violencia sexual y desplazamiento forzado. Los paramilitares y otras organizaciones dedicadas al narcotráfico también han contribuido a debilitar el estado de derecho a través de corrupción generalizada e intimidación de autoridades públicas.
En Brasil, Human Rights Watch ha demostrado como agentes de la policía de Río de Janeiro y Sao Paulo, en respuesta a la violencia ejercida por pandillas de narcotraficantes fuertemente armadas, han participado en las denominadas muertes por resistencia, es decir, casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías, que luego reportan estos incidentes como actos en defensa propia.
En los Estados Unidos, Human Rights Watch ha documentado ejemplos injustificados y a menudo extremos de disparidad racial en la aplicación de las leyes sobre drogas, lo cual vulnera garantías fundamentales de derechos humanos como la justicia y la protección igualitaria de la ley. La imposición de penas claramente desproporcionadas por aplicación de leyes federales y estatales en Estados Unidos en casos de delitos vinculados con drogas ha tenido consecuencias negativas.
Convenciones internacionales sobre drogas
Las convenciones internacionales sobre drogas deben ser interpretadas y, cuando sea necesario, reformadas de modo tal de asegurar que, como consecuencia de ellas, los gobiernos no se vean impedidos ni desistan de adoptar políticas que puedan permitirles reducir las consecuencias negativas de las políticas actuales sobre drogas para los derechos humanos, indicó Human Rights Watch.
Más del 95 por ciento de los países miembros de las Naciones Unidas son parte en los tres tratados principales en materia de drogas, que obligan a los gobiernos a tipificar en su legislación penal la tenencia, la adquisición y el cultivo de drogas para consumo personal.
Si bien los tratados admiten cierto margen de interpretación, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que se ocupa de supervisar el cumplimiento de estas normas, ha emitido advertencias contra los países que han avanzado en la despenalización.
Human Rights Watch reconoce que la reforma de las estrategias vigentes sobre control de drogas podría suscitar cuestionamientos legítimos vinculados con el costo no deseado de esta decisión, tanto social como para la salud, tal como un incremento significativo del abuso de drogas. Los gobiernos deberían implementar reformas basándose en evidencias que demuestren cuáles son los mecanismos efectivos para reducir el daño que el uso y el control de drogas pueden provocar a terceros.
“En vista de la violencia y los abusos asociados con las políticas actuales sobre drogas, resulta crucial que no se limite la posibilidad de los gobiernos de explorar nuevas estrategias en esta materia”, comentó Vivanco.
