Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal cuestionaron la actuación de un juez de primera instancia de Resistencia (Chaco) de la Cámara Federal de Apelaciones de la misma jurisdicción y del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de la ciudad de Córdoba. Advirtieron que los jueces cometieron “graves falencias” en el caso de un hombre detenido en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal que —por cuenta propia— presentó varios habeas corpus intentando evitar los sucesivos y constantes traslados entre cárceles de Marcos Paz, Córdoba, Chaco y Chubut.
Hace alrededor de tres años W.R.L. fue condenado por un robo que cometió en la provincia de Córdoba. Ya detenido en una cárcel de esa provincia y bajo la supervisión del Juzgado de Ejecución Penal Nro. 2, comenzó a reclamar que lo llevaran cerca de su familia, en Chubut. Finalmente, un acuerdo entre la justicia provincial que lo había condenado y el Servicio Penitenciario Federal, permitió que el hombre pasara unos meses en la Unidad Nro. 6 de Chubut, cerca de su esposa e hijos.
Después llegaron las primeras denuncias de W.R.L. contra los agentes del SPF por “torturas y apremios” y como corolario: los traslados constantes. De la cárcel de máxima seguridad en Trelew, a la de Marcos Paz y desde ahí a la Unidad N° 7 de Resistencia, también a cargo del Servicio Penitenciario Federal. En medio de “la calesita” que agravaba su condena, L. intentó protegerse: “presentó un habeas corpus tras otro”. El juez federal de primera instancia los rechazó. Como W.R.L. no contaba con un abogado ni de un defensor oficial, presentaba otro.
“Lo patrocinamos en dos recursos que interpusimos en la Cámara Federal de Apelaciones”, contó Rodrigo Borda, el abogado de la Procuración Penitenciaria de la Nación que lo asistió. Pero los jueces de la Cámara no hicieron lugar, y tuvieron que recurrir hasta llegar a la Cámara Federal de Casación Penal. “Cuando conocimos el caso, lo habían dejado sin juez: el de Córdoba decía que no podía resolver porque L. estaba en una cárcel federal. En Chaco rechazaban las presentaciones sin darle intervención a un defensor oficial porque atribuían la responsabilidad en el caso al juez cordobés”, lamentó Borda.
Cuando la Casación aceptó el recurso que interpuso el abogado de la Procuración y escuchó la opinión del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como amicus curiae (amigo del tribunal), lo trasladaron nuevamente la provincia de Córdoba. Existía el riesgo que los jueces de la Cámara se atuvieran a observar la forma (la situación planteada en Chaco ya no existía) y que la cuestión de fondo —que el hombre quería volver a la cárcel de Trelew, para estar cerca de su familia — no fuera considerada.
Pero los jueces tuvieron en cuenta el derrotero al que había sido sometido y que durante ese tiempo estuvo impedido de contar con la asistencia de un defensor. Así el caso se convirtió en un leading case y un llamado de atención para las autoridades judiciales.
Los camaristas Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos, ordenaron que L. fuera trasladado al Instituto de Seguridad y Resocialización (Unidad N° 6) del Servicio Penitenciario Federal, en la ciudad de Rawson, Chubut. Y a sus pares de instancias inferiores les advirtieron que “en lo sucesivo” cumplan con los procedimientos para dar tratamiento a los habeas corpus presentados por personas que se encuentre alojadas en unidades penitenciarias.
Cuando le comunicaron la noticia W.R.L. puso fin a la huelga de hambre (no consumía ni líquidos) en el Complejo Carcelario N° 1 “Reverendo Francisco Luchesse” de la localidad de Bouwer, en Córdoba. En breve será operado para remover un “elemento metálico” (un pedazo de sierra, dijo Borda a Infojus Noticias) que se tragó como forma de protestar porque desde hace un año y medio no veía a sus hijos, y no encontraba repuestas a sus insistentes pedidos.
