El Poder Judicial estima que la creación de nuevos organismos, sin contar la reforma procesal penal, demandará 20 millones de pesos anuales adicionales. Entre ellos figuran lo necesario para el cumplimiento de las leyes contra la violencia de género, los juzgados de Ejecución Penal, el programa de mediación penal y el fuero contencioso administrativo, entre otros. El monto se suma al déficit de 100 millones de pesos previsto para este año.
La creación de los nuevos organismos está a consideración de la Legislatura, que a su vez es la encargada de aprobar el presupuesto del Poder Judicial. Pero desde hace años el Tribunal Superior viene reclamando más fondos y los diputados se lo niegan. El largo conflicto con el gremio de los trabajadores se asienta sobre esa falta de fondos.
Para 2012 los vocales estimaron que necesitaban para funcionar 580.971.088 pesos, y lesaprobaron 483.832.766. El déficit lo cubre el Poder Ejecutivo con aportes no reintegrables. Así, se desvirtúa la ley de autarquía financiera del Poder Judicial. En marzo el presidente del TSJ, Ricardo Kohon, había advertido en declaraciones que “la autarquía está en riesgo”.
En la última reunión de acuerdo del Tribunal Superior de Justicia, el miércoles pasado (veraquí punto 3), se abordó el tema a raíz de que la Legislatura le pidió opinión al cuerpo sobre un proyecto del diputado Gabriel Romero para crear los juzgados de Ejecución Penal. Según consta en el acta del acuerdo, el vocal Oscar Massei dejó asentado que “se opone al tratamiento de proyectos de creación de organismos hasta tanto no se encuentren garantizados los recursos que necesita el Poder Judicial para funcionar”.
La postura, compartida por otros vocales, no es nueva. El 3 de agosto del año pasado (veraquí punto 13), cuando la Legislatura estaba considerando la modificación de la ley 2212 de violencia familiar, el Tribunal Superior les hizo saber a los diputados que “es indispensable considerar el impacto presupuestario que tendrá la reforma. Deberán preverse, ineludiblemente, los cargos y partidas presupuestarias necesarias para la puesta en funcionamiento de las leyes que se aprueben”.
El Tribunal hizo una proyección del costo que tendrá implementar nuevos organismos cuya creación se analiza en la Legislatura, a lo que se suma hacerse cargo del programa de mediación penal del cual se está retirando el Ejecutivo.
Atender la demanda de las nuevas leyes contra la violencia de género, crear dos juzgados de Ejecución Penal y el programa de mediadores, entre otros, insumirá 20 millones de pesos anuales adicionales. El cálculo se hizo en base a una dotación mínima de personal, y sin tener en cuenta aumentos salariales.
