El Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP) termina de publicar los datos correspondientes a 2016 sobre la población privada de la libertad en la República Argentina, que siempre resulta un insumo relevante para extraer algunas conclusiones.

Para fines de 2016 contamos en todo el país con 290 establecimientos carcelarios (Buenos Aires, con 54 prisiones, es la provincia con más centros de detención) y un total de 81.975 personas privadas de la libertad: 76.261 en unidades penitenciarias, 5.714 en comisarías o destacamentos y 1.686 con detenciones domiciliarias (en éste último rubro sólo se cuenta con datos del sistema nacional y federal y de Buenos Aires).

Entre 2006 (54.000 personas privadas de la libertad) y 2016 (76.261) la población penitenciaria argentina creció un 41%. Desagregando datos por provincia, surgen las siguientes novedades. Las provincias más encarceladoras resultaron ser Santa Cruz (280% de crecimiento de su población reclusa), Chubut (275%), Entre Ríos, La Pampa , San Juan y Formosa (todas con un 100% de aumento). Pero, el dato más significativo es que dos provincias disminuyeron sus respectivas poblaciones penitenciarias en los últimos diez años. Tal el caso de Neuquén (-35%) y Santiago del Estero (-17%). En el caso de Buenos Aires (que alberga al 45% del total de la población penitenciaria del país), acompañó la media nacional, con un crecimiento del 41%, mientras que el sistema federal solamente se incrementó en un 17%.

Los países más encarceladores del orbe continúan siendo Estados Unidos (666 presos cada 100.000 habitantes), Cuba (510) y Rusia (428) (debemos señalar que respecto de China no se conocen datos confiables). En la región los países con tasa de encarcelamiento más elevada son Brasil y Uruguay (320), Perú (262), Chile (235) y Colombia (229). Mientras que la Argentina (175), se ubica junto a Ecuador (160), Paraguay (180) y Venezuela (173), dentro del lote de países que conservan tasas aceptables para la media regional e internacional. Los países con tasas más bajas son India (33), Japón (45), Suecia (53), Dinamarca (59), Países Bajos (61), Alemania (76), Suiza (82) e Italia (94).

Otro dato significativo es que mientras la población penitenciaria creció alrededor del 40% para el período 2006/2016, los delitos denunciados aumentaron un 22,3%, de donde no parecería corresponderse el incremento de la tasa de encarcelamiento con el crecimiento de la inseguridad (si es que podemos definir el aumento de la inseguridad con la cantidad de delitos denunciados).

Es de destacar que por primera vez desde que se registran los datos (2002) la cantidad de personas condenadas (unas 40.000) supera a la de procesadas (alrededor de 36.000), lo que si bien porcentualmente representa la tendencia a regularizar situaciones anómalas (personas que gozan de la presunción de inocencia encarceladas) no minimiza que aún se trata de una gran cantidad de individuos en esa situación.

Los siguientes datos no hacen más que corroborar lo que se sabe y conoce: que el 96% de la población reclusa es masculina, que el 61% de los presos son menores de 35 años de edad y que casi el 70% solamente cursaron hasta la escuela primaria. Sintetizando, varones, jóvenes y pobres. Esta información se complementa con la que indica que el 82% de la población reclusa estaban desocupados o hacían changas en el medio libre, mientras que solamente el 18% restante se encontraba ocupado a tiempo completo.

Las estadísticas ratifican que el 70% de la población reclusa son primarios (que carecen de antecedentes penales), el 10% son reiterantes (se encontraban procesados con anterioridad, sin sentencia firme), mientras que el 20% restante son reincidentes (personas que habían sido condenadas con anterioridad). El dato conserva los porcentajes de los últimos 10 años y en buena medida desmiente cierta creencia popular acerca de los elevados niveles de reincidencia de las personas que ingresan al sistema penal.

Relacionado con las herramientas que se emplean para el cumplimiento del mandato constitucional de la reinserción, resulta que el 79% de los internos no participaron de ningún programa de capacitación laboral durante 2016, en tanto que el 48% de la población (casi la mitad) no participa de ningún programa educativo. Dejemos constancia que la no participación en los programas laborales y educativos puede obedecer a una decisión personal (que debe ser respetada) o a la ausencia o insuficiencia de ofrecimientos por parte del Estado. De todos modos, se observa que, aún con las carencias señaladas, hay un aumento de la participación en los programas laborales y educativos respecto de 2006: en ese año solamente participaba de los programas de capacitación laboral el 12% de la población, mientras que en 2016 lo hace el 21%, en tanto que en 2006 el 31% estaba inserto en los programas educativos y en 2016 el universo es del 52%.

Se aprecia con satisfacción que ha disminuido la cantidad de mujeres privadas de la libertad junto a sus hijos pequeños (menores de 5 años), que para 2016 ascendía a 131 casos, que es un 4% de la totalidad de mujeres encarceladas (3.138). Es de hacer notar que de la totalidad de las personas reclusas las mujeres son un 4%, aproximadamente.

Del total de personas condenadas (39.373) solamente el 8% (2.781) goza de salidas transitorias, mientras que el 4% (1.537) goza del régimen de semilibertad. Por su parte, el 2% de la población tuvo disminución de penas: 625 personas de hasta 6 meses, 290 personas de hasta 1 año y 59 personas de más de un año.

Los delitos por los que más se encarcela continúan siendo los tradicionales: delitos contra la propiedad (robos y hurtos en sus distintas variedades), delitos contra las personas (homicidios), delitos contra la integridad sexual e infracciones a la ley de estupefacientes, con notorios índices de crecimiento en los últimos 10 años: infracciones a la ley de drogas un aumento de encarcelamiento del 260%, contra la integridad sexual un 225%, y contra la propiedad y las personas de más del 140%. Sin embargo, como vimos antes, el crecimiento de denuncias entre 2006 y 2016 ha sido del 22,3%. Razón por la cual podemos inferir que, entre otras razones, actualmente se encarcela en situaciones que antes no se lo hacía.

El último dato de interés es el del monto de las penas por el que las personas se encuentran condenadas. El grueso de las penas es de 3 a 6 años de prisión (12.519), de 6 a 9 años (7.975) y de 9 a 12 años (5.012), datos que parecerían negar la supuesta benignidad de la Justicia a la hora de imponer condenas. Sin embargo, no dejan de ser preocupantes la cantidad de personas que se encuentran en ambos extremos: con condenas que no alcanzan los 3 años de duración hay 3.839 personas, mientras que condenados a más de 18 años encontramos a 3.979 individuos. No hace falta aclararlo, pero tanto las penas de corta duración, como las muy largas tienen importantes consecuencias criminológicas negativas y deletéreas, que no es del caso enumerar aquí.

En resumidas cuentas, debe celebrarse que podamos contar con datos bastante completos de la situación penitenciaria argentina. Las estadísticas son la única forma de poder aproximarnos a la realidad y pensar en políticas públicas que reorienten las situaciones perjudiciales para las personas privadas de la libertad y el resto de la sociedad, a la par de profundizar los aspectos beneficiosos que, hoy por hoy no parecen ser tantos.