Por Juan Manuel Porolli
En lo que va del año, en Mendoza ocurrieron al menos cuatro casos resonantes de víctimas de la inseguridad que les hicieron frente a sus atacantes para salvarse y proteger a sus familias en sus casas y comercios. En algunos episodios, como el del martes a la noche en Maipú, hubo delincuentes abatidos.
El artículo Nº34 del Código Penal establece que para que exista legítima defensa deben cumplirse tres requisitos: “Que haya una agresión ilegítima”, que “el medio o elemento usado (un arma o un objeto) para rechazar la agresión sea proporcional a la amenaza potencial” y “falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende”.
El fiscal de Delitos Complejos Daniel Carniello explicó que “la legítima defensa deja de ser tal cuando se deje de lado la racionalidad y, por ejemplo, se persigue a un delincuente y se le dispara por la espalda”. Es decir, cuando la situación de peligro ha cesado ya no hay necesidad de ejercer la legítima defensa.
Y agregó que dentro de la defensa propia está lo que se conoce como privilegiada. “Esto es, por ejemplo, cuando entran a tu casa de noche y no se puede ver efectivamente si el malviviente está o no armado, por lo que no se tiene en cuenta cuál fue el elemento que se utilizó para impedir el delito. Aunque admite prueba de lo contrario”, indicó.
En todos los casos de este año, los públicamente denominados “justicieros” han asegurado que volverían a actuar de la misma forma para defender a sus familias, aunque se muestran compungidos porque para defenderse debieron matar.
Uno por uno
El caso emblemático de este año fue el de Hugo Correa (55), el ferretero de Las Heras que el viernes 3 de febrero fue asaltado por dos jóvenes que ingresaron a su local y le dispararon. Él no dudó en tomar su arma y defenderse. Con una Bersa calibre 40 le disparó a uno de ellos y lo mató de un certero tiro al pecho, mientras que al segundo lo habría herido en el tórax. Gravísimo, ese joven fue llevado por un tercer asaltante al hospital Carrillo, donde finalmente murió.
Una semana después, el comerciante –experimentado tirador y socio del Tiro Federal– le dijo a UNO: “Si estuviera en la misma situación volvería a reaccionar igual. Que me perdonen, pero es mi vida o la de ellos. Me sentí mal porque nunca pensé en matar a dos personas. Pero eran ellos o yo”.
Otro caso ocurrió el 15 de agosto. Un chofer del Grupo 5 circulaba por el barrio Pedro Molina, en Guaymallén, cuando un falso pasajero subió, sacó un arma e intentó asaltarlo. El conductor reaccionó e ideó una frenada brusca que hizo caer al suelo al delincuente, quien fue reducido.
De acuerdo con lo informado por el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, este asaltante tenía antecedentes por robo y robo agravado por uso de arma de fuego. También informó que en su poder tenía 21 cigarrillos de marihuana y otros 45 gramos de esa droga.
Un mes después
Otro caso conmocionó a Mendoza y fue protagonizado por un almacenero de Palmira, Rubén Ocampo, de 62 años, cansado de los constantes asaltos que sufría. El sábado 15 de setiembre estaba por cerrar su negocio cuando ingresó un joven. “El que entró sacó un arma y lo amenazó. Él forcejeó y le sacó el revólver. Mientras el ladrón escapaba, desde afuera comenzaron a disparar hacia el negocio. Ocampo, sin experiencia en el uso de armas, comenzó a gatillar para defenderse”, relató su abogado, Francisco Biondolillo.
En la puerta del negocio, en medio de la balacera habían caído heridos Emanuel Dante Giménez (20) y Ramón Ibáñez (18), ambos domiciliados en Palmira. El primero finalmente falleció por los impactos de bala.
Ocampo estuvo detenido poco más de un mes. Actualmente se encuentra con prisión domiciliaria y custodia policial, y la causa judicial sigue en plena instrucción e investigación, ya que se está tratando de determinar si efectivamente el comerciante actuó dentro de lo que la ley define como legítima defensa.
Por lo pronto, el expediente continúa caratulado como “homicidio agravado por alevosía por el uso de arma de fuego”.
Por este caso se generó una gran movilización en el Este provincial. Los vecinos del almacenero salieron a pedir la inmediata liberación de éste, manifestando que simplemente se había defendido.
Por el lado de la familia de Giménez, los padres negaron que fuera un criminal y pidieron justicia por el hecho. Aún siguen las actuaciones judiciales del caso.
