Así lo aclaró el camarista y docente de la facultad de Derecho, que defendió la creación de una policía judicial. Dijo que los fiscales faltan a la dirección de la instrucción penal

La resolución de lo complejo interpela, por definición y sin más, a la capacidad operativa de cada quien. Lo que se pone a prueba, indefectiblemente, es la aptitud, la técnica y la destreza adquirida hasta entonces para destrabar el conflicto. No hay manera de burlar lo visible en esos momentos. Todo queda expuesto, porque todo se presenta tal y como es en pos de resolver la problemática.

La desaparición y muerte de Candela, que generó gran conmoción a nivel nacional, reabrió la discusión acerca de la capacidad que tienen los órganos estatales de investigación para esclarecer hechos delictivos de cierta complejidad. El caso puso nuevamente en evidencia que es escasa la formación de la policía bonaerense para resolver o aclarar hechos de dicha naturaleza.

Aunque la entrevista sucedió antes del crimen de la menor, el juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías, Marcelo Madina, habló de lo fundamental que resulta tener una policía especializada y aseguró que es una necesidad que los fiscales vuelvan a ser quienes sostengan las riendas de cualquier investigación. “Porque hoy están en manos de la policía”, aseguró.

En diálogo con el programa Crítica Penal, que se emite todos los jueves de 21 a 23 por FM De la Azotea 88.7 Radio Comunitaria, el también docente universitario ahondó sobre el vinculo del Ministerio Público Fiscal con la institución de seguridad y refirió además algunas opiniones relativas al funcionamiento de la justicia.

-¿Qué responsabilidad le cabe al Ministerio Público Fiscal en el control del accionar policial?

-Uno de los aspectos fundamentales de la reforma procesal de 1998 es el que trata de evitar que se delegue la investigación penal en la policía. La teoría indica que los fiscales deben ser quienes dirijan la investigación y los policías quienes tienen que acatar y seguir las órdenes de los fiscales, sólo en la dirección de la investigación.

Para esto se elaboró un sistema de organización judicial que multiplicó el número de fiscales y se les otorgó facultes, desde el punto de vista del Código Procesal Penal, para que pudieran ejercer y dirigir a la policía.

Lamentablemente, esa tarea es hoy una asignatura pendiente. La investigación sigue estando en manos de la policía. Y no sólo eso, sino que son mínimas las funciones de control que ejerce el Ministerio Público Fiscal sobre esta fuerza de seguridad. El fiscal debería dirigir la investigación penal preparatoria, y sin embargo la sigue delegando en la policía.

Hay un primer contacto con el delito que es inevitable que esté en manos de la policía. La calle sigue siendo de la policía. Pero lo que el Código pretendió, justamente, es que los fiscales investiguen lo que la policía no quiere investigar y eso no sucede.

Desde este punto de vista, los fiscales deberían controlar a la policía en la instrucción fiscal.

Hoy seguimos investigando aquellos delitos torpes, que la policía se lleva por delante. Y hay una gran deuda en materia de investigación compleja.

-¿La creación de una policía judicial llegaría a reparar estas irregularidades y darle, incluso, mayor profesionalismo a la instrucción penal?

-La creación de una policía judicial es una aspiración desde el retorno de la democracia. Una policía no militarizada, que trabaje en el ámbito del Ministerio Público Fiscal o de la (Suprema) Corte, y que cumpla las funciones de policía de investigación.

Hoy existen algunos proyectos en ese sentido. De hecho, la Comisión Provincial por la Memoria tiene uno, que implicaría un gran avance. Hoy están dadas las condiciones para discutir.

Pero aunque creo que podría ser una solución, no comparto la idea de que haya que esperar a esa creación para tomar las riendas de la investigación criminal y penal en un Departamento Judicial. Con fiscales, con mapas del delito, con políticas de investigación, con selección de recursos humanos y técnicos y con la priorización de causas, entre muchas otras cosas, se podría lograr más eficacia, hasta tanto funcione la policía judicial.

-El caso Pomar evidenció la baja eficiencia de la policía en materia de investigación. A su entender, ¿Es suficiente la formación que reciben los efectivos?

-La formación de los cuadros policiales es todo un tema. Se debe avanzar y trabajar en este sentido. Pero insisto en que el grave problema es la falta de dirección de la investigación que yo advierto ausente por parte del Ministerio Público Fiscal.

Está bien, la policía no encontró el auto, pero cómo se dirigió esa investigación. Sencillamente, se la delegó en la policía.

Hay un cuerpo muy grande de funcionarios que tendrían que dar respuesta mínima a ciertos problemas de criminalidad menor.

-La estrecha vinculación entre policías y fiscales, dado el trabajo conjunto que realizan en la instrucción penal ¿Puede obstaculizar la investigación de casos en los que estén imputados efectivos de esta fuerza de seguridad?

-Sí claro. Absolutamente. Es inevitable. La fiscalía trabaja con la policía y tiene que ser su mano derecha en la investigación.

Pero el tema pasa por las lógicas. Hay una policial, una fiscal y una del juez. La policía te viene siempre con los datos del informante, y quiere hacer ya todas las investigaciones y allanar como sea todos los domicilios. Esa el lógica del policía.

La lógica del fiscal sería preguntarse si tiene o no elementos para allanar, a sabiendas que no puede entrar a diez casas porque sí. Y la lógica del juez, se remite a decir: “Momento señor, si usted me pide diez allanamientos es porque no sabe dónde esta el pasacasset”.

El asunto es que las lógicas respondan de distinta manera, y no sobre una misma línea. El fiscal y la policía trabajan juntos, pero no pueden tener la misma lógica.

Por supuesto que hay excepciones y fiscales que trabajan bien, pero es real que hay consentimientos.

EL SER JUEZ

-Suele decirse que entre los jueces existe una ideología hegemónica ¿Es así?

-Yo creo que existe una ideología, pero no creo que sea sostenida en el tiempo. Hace 20 o 30 años, los jueces tenían una ideología, y hoy tiene otra. Son conceptos que cambian de acuerdo a las necesidades históricas, sociales y políticas.

De todos modos, vale aclarar que una cosa es la ideología que la sociedad pretende que los jueces tengan y otra la que los jueces tienen.

Una de las mejores muestras de cómo esto cambia es la conducta que han tenido los jueces respecto a las leyes de obediencia debida y punto final y los Juicios por la Verdad. Hace siete u ocho años los jueces respondían negativamente a la iniciación de los juicios y convalidaban sistemáticamente las leyes de obediencia de vida y punto final. Y alcanzó con que hubiera un giro político para que esos mismos jueces comenzaran a declarar la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final.

Desde mi punto de vista, la ideología de los jueces va variando de acuerdo, en muchos casos, a las necesidades de los gobiernos de turno, lo cual es claramente decepcionante. No puede ser que respondan a la moda o a los intereses del político de turno.

Por otro lado, y desde lo social, existe un imaginario de que los jueces penales tienen que combatir el delito, que deben estar para mantener el orden y ser inflexibles con los delincuentes. A este imaginario, los jueces han respondido históricamente, porque se sienten los depositarios de esta posibilidad de mantener el orden, de combatir el delito, confundiendo roles absolutamente. Jueces que han sido más policias que jueces, o más fiscales que jueces, justamente por responder a esta demanda social.

A mi me preocupa cómo los jueces responden, en muchos casos, y sin ideología a las necesidades y demandas de los gobiernos, no actuando como funcionarios del Poder Judicial incluso para no perder el puesto.

-¿Cuáles son las ventajas y desventajas del proceso de selección de magistrados en la Provincia de Buenos Aires?

-A partir de la implementación del Consejo de la Magistratura, que no tiene más de 12 o 13 años, existe una evolución, en la medida en que ya se nombran jueces por ser amigo del gobernador de turno. Esto antes era así. Incluso había funcionarios dentro del Poder Judicial que operaban en este sentido. Había ciertos jueces representativos del poder político que decían quien debía o no ser ascendido. Se designaban de acuerdo a los grupos dominantes sin ningún tipo de requerimiento previo.

A partir de la implementación del Consejo, tanto a nivel nacional como provincial, eso se mejoró, en la medida en que los aspirantes tienen que rendir un examen de aptitud, que creo que de alguna manera ha funcionado bastante bien.

Desde lo que yo veo en la realidad, todo esto ha provocado que muchos funcionarios o magistrados que querían acceder a cargos con acuerdo del Senado, volvieran a leer un libro entero, por primera vez después haber terminado la facultad. El examen provocó una preparación beneficiosa. No sólo alcanza con ser amigo. Desde entonces, tengo que estudiar y encima aprobar.

Después sí hay un componente que necesariamente es político. Sobre esto se puede discutir mucho. El Consejo de la Magistratura está compuesto por representantes de la Suprema Corte, de diputados, senadores, del Poder Ejecutivo. Acá podemos debatir si hay mayor o menor participación del poder político que de otros organismos, como ser, los colegios de abogados o incluso de la sociedad, sobre lo que tengo mis reparos.

El poder judicial es un poder contramayoritario. No está elegido por los representantes del pueblo y eso le quita legitimidad. Pero por un lado está bien, porque las garantías constitucionales no pueden depender de la mayoría. Si bien esto nos hace perder legitimidad, nos hace ganar en objetividad y respeto de garantías.

-Los jueces de la Provincia, según dicta la Constitución, gozan de dos garantías fundamentales: la inamovilidad de sus cargos y la intangibilidad de sus salarios. ¿Qué implica esto en la práctica?

-La inamovilidad implica que si a un gobernador no le gusta la resolución de un juez no pueda trasladarlo a Carmen de Patagones porque sí, porque esa sería una manera de presionarlo para que resuelva a favor del poder político de turno. Esto me parece perfecto y no significa que va a estar en el puesto de por vida porque puede que lo atraviese un jury o un juicio político para que se demuestre el incumplimiento de sus funciones o la comisión de un delito.

La intangibilidad tiene por objeto justamente eso. El juez es un trabajador. Si no le adecuas el sueldo de acuerdo a sus necesidades, podes provocar que quien quiera desempeñarse como juez, si no puede vivir dignamente deje de hacerlo. Entonces, la mejor manera es presionar con el salario. Además, busca que el juez no tenga que preocuparse por otras cuestiones, porque realmente, hoy en día, las cuestiones que tiene que resolver o intervenir un juez no son como las de antes. Hoy los conflictos sociales te estallan todos los días en el trabajo, si tenés cierto nivel de compromiso.

-¿Los magistrados deberían pagar el impuesto a las ganancias?

-Claro que si. Uno tendría que tributar. Lo que pasa que a nivel provincial el impuesto no es coparticipable y entonces no les interesa mucho recaudarlo. De todos modos, respecto a los jueces, hoy existe una obligación de estar inscriptos, más allá de que no tributen ganancias.

LO QUE DEJÓ SAL LARI

“Ese caso es paradigmático. En primer lugar porque fue usado el poder mediático y político para presionar a los jueces que aparecían como garantistas por otorgar un arresto domiciliario o una excarcelación. Desde el poder político lo que se quiso fue dar un mensaje. Se intentó aclarar que se va a perseguir a los jueces que liberen y excarcelen. Este tipo de mensaje baja, y lo hace rapidísimo, y los jueces que no están del todo formados, responden rápidamente a este estimulo de presión. Además, sorprendió que el poder político de la zona, lejos de tomar distancia, acompañara a las organizaciones sociales o de víctimas en el reclamo por juicio. Y por último, el mismo proceso dio muestra de la hipocresía del procedimiento. A Rafael Sal Lari no se lo suspende por las causas en las cuales otorgó libertad, sino por la demora en otorgarla. Por todo esto es un caso paradigmático”, consideró Madina.

FLAGRANCIA

-A seis años de la implementación en Mar del Plata del sistema de flagrancia, que acortó los términos procesales para algunos supuestos, ¿Qué valoración podes hacer de este instituto?

-Hay que distinguir las opiniones que hay en orden a los resultados del procesamiento. La flagrancia tuvo algunas cosas potables, y entre ellas, la introducción de audiencias en la instrucción penal preparatoria. Ese ha sido un gran avance y hay que reconocerlo.

Además, ha disminuido lo que se denomina “delegación”. El juez antes resolvía el 1% de las causas, porque el escribiente era el que le tomaba declaración al imputado e incluso proyectaba la preventiva para esa persona. Ahora, esas cosas las hace el juez en la audacia. No tiene otra opción. Por ende, el sistema trajo algunos beneficios.

Sin embargo, y si me preguntas hoy sobre los resultados, tengo que decirte que el que sistema está en deuda. El principal motivo de la implementación del sistema de flagrancia fue gestionar rápidamente las causas de menor importancia para poder concentrar mayor cantidad de recursos humanos en las causas de mayor gravedad, y esto no pasó. Ahora tenemos que preguntarnos si es un problema de la flagrancia o del Ministerio Público Fiscal.

Por Andrea Pérez y Julia Drangosh

Fuente: http://www.diarioelatlantico.com/diario/2011/09/05/32866-el-ministerio-publico-fiscal-delego-en-la-policia-la-investigacion-penal”.html